Impacto España Noticias
La investigación judicial que gira en torno al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor personal Koldo García y el ex diputado del Congreso Santos Cerdán, apunta a la existencia de una presunta trama de adjudicaciones públicas irregulares mediante comisiones millonarias. Según el auto emitido por el magistrado instructor Leopoldo Puente, existen indicios de que los principales implicados habrían percibido comisiones que podrían superar los cinco millones de euros.
El documento judicial, que sustenta la orden de prisión provisional dictada contra Santos Cerdán, describe un mecanismo delictivo en el que los beneficios obtenidos mediante adjudicaciones fraudulentas habrían sido repartidos entre varios actores, y no exclusivamente entre los investigados mencionados. El juez advierte que la cifra de un millón de euros que se atribuye a Ábalos y Koldo sería “insólitamente mínima” en comparación con operaciones similares de corrupción.
La clave: el 1% como referencia en tramas de corrupción
Uno de los puntos más controvertidos del auto judicial reside en la utilización del porcentaje del 1% como referencia para calcular los posibles beneficios ilícitos. El juez Puente señala que “si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un 1% del valor de las adjudicaciones”, el beneficio ascendería a más de cinco millones de euros. Una cantidad que, según el auto, es varias veces superior al millón de euros atribuido provisionalmente a Ábalos y Koldo.
Esta hipótesis refuerza la posibilidad de que existan más personas —físicas o jurídicas— que se habrían lucrado de forma indebida a través del esquema de adjudicaciones públicas, en particular dentro del ámbito del entonces Ministerio de Transportes.
Acciona en el centro de las adjudicaciones
Uno de los actores recurrentemente mencionados en el informe de la UCO y el auto judicial es la empresa Acciona Construcción, que habría obtenido 537 millones de euros en contratos adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes durante el periodo bajo investigación.
A partir de escuchas telefónicas y documentos incautados, la Guardia Civil sostiene que Ábalos y Koldo García habrían recibido pagos ilícitos relacionados directamente con dichas licitaciones. Según las anotaciones encontradas en el teléfono de Koldo, apenas dos meses después de la toma de posesión de Ábalos como ministro, este se habría reunido con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y el CEO de su división de infraestructuras, Luis Castilla Cámara.
La figura de Cerdán: influencia sin cargo
Uno de los elementos más complejos del caso es la participación de Santos Cerdán, quien no ostentaba cargo alguno dentro del ministerio. Sin embargo, según la UCO, mantenía una influencia significativa sobre Koldo García, incluso después de que este se integrara en el Ministerio de Transportes como asesor.
El informe policial destaca que “sin tener ningún cargo en el ministerio ni en el Ejecutivo, Santos seguía recibiendo novedades de Koldo sobre contrataciones públicas de Acciona, y le trasladaba ciertas indicaciones para la consecución de las mismas”. Esta relación sugiere una intervención indirecta pero operativa en las adjudicaciones, lo cual abre la posibilidad de que Cerdán también se beneficiara económicamente de los pagos ilícitos.
El juez Puente considera que es “descartable” que Cerdán actuara únicamente en beneficio de terceros sin obtener retribución alguna, dada su “relación vertical” con los otros dos investigados. Así, aunque no se ha acreditado por ahora un enriquecimiento directo, el magistrado señala que la persona encargada de gestionar los pagos estaría en posición de ocultar pruebas o desviar fondos.
La defensa de Cerdán: crítica a la “creatividad judicial”
El abogado de Santos Cerdán ha impugnado la orden de prisión mediante un recurso en el que acusa al juez de basarse en una “hipótesis acusatoria” sin pruebas sólidas. Califica el uso del 1% como un ejercicio de “creatividad judicial”, ya que —según argumenta— no existe en la causa indicio alguno que permita fijar ese porcentaje u otro diferente.
La defensa insiste en que el patrimonio de Cerdán no presenta ningún signo de incremento irregular, y denuncia una inversión del principio de presunción de inocencia: al no hallarse patrimonio oculto, se presupone que este debe existir y, por tanto, se justifica la prisión provisional con base en una sospecha no probada.
El desafío actual: seguir el rastro del dinero
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene ahora el reto de localizar el dinero supuestamente obtenido de forma irregular, o al menos rastrear su paradero. Las cifras que se manejan en esta fase preliminar apuntan a que parte del “botín” pudo haberse utilizado ya en bienes concretos, como una “bajera” que se sospecha fue adquirida con parte de los fondos comprometidos.
Las investigaciones siguen activas y podrían ampliarse a otros responsables y adjudicatarios. Lo que por ahora está claro es que el caso podría tener mayores ramificaciones, tanto en el plano político como empresarial, dado el volumen de dinero público comprometido y la implicación de una de las constructoras más importantes del país.
Este caso está lejos de cerrarse. Aunque la acusación se sustenta, de momento, sobre indicios, grabaciones y anotaciones personales, el contexto general —las cifras, las reuniones privadas, las relaciones personales y las adjudicaciones millonarias— dibuja un posible esquema de corrupción institucionalizada. Si se confirman los extremos que sugiere la investigación judicial y policial, podría tratarse de una de las tramas más relevantes en materia de obra pública de los últimos años.
La pregunta clave sigue siendo: ¿dónde está el dinero y quién más lo recibió?
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