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Diez agentes de la Policía Nacional que habían sido desplazados a Palma de Mallorca para formar parte del aumento del dispositivo de seguridad del Palacio de Marivent, residencia habitual de verano de la Casa Real, se han quedado literalmente en la calle por la falta de previsión del Ministerio del Interior, tras haber sido expulsados de sus hoteles porque el adelanto de dietas recibido no les ha dado para cubrir toda su estancia.
Los policías, pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia, fueron enviados en comisión de servicio a las Islas Baleares, uno de los destinos con el coste de vida más elevado en verano. Sin embargo, la Dirección General de la Policía solo les proporcionó un anticipo que ha resultado completamente insuficiente, y ahora deben afrontar siete días más en la ciudad sin alojamiento ni instrucciones claras.
El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía, ha calificado la situación como "intolerable" y denuncian el "abandono institucional sistemático" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Recuerdan que los agentes "no tienen la obligación de financiar de su propio bolsillo el cumplimiento de sus funciones", y exigen soluciones urgentes.
El sindicato denuncia también el "colapso estructural" del sistema de cajas pagadoras, que está paralizado en todo el país, que ya fue denunciado la pasada semana y que también afecta al Ejército de Tierra, así como la obsolescencia del Real Decreto 46/2002 que regula las dietas, completamente desactualizado frente al coste real de la vida. En destinos como las Islas Baleares, dicen, resulta imposible costear una estancia digna con los importes actuales.
"El Gobierno exige que protejamos a la Jefatura del Estado, pero no es capaz ni de garantizar un sitio donde dormir", han criticado desde JUPOL, que considera esta situación una muestra más del "desgobierno" que afecta a todos los niveles de la administración policial: facturas impagadas, vehículos sin mantenimiento, comisarías sin climatización y servicios comprometidos, entre otros problemas.
El sindicato ha exigido el alojamiento inmediato de los 10 agentes, la actualización urgente de las dietas -llevan más de dos décadas sin actualizarse en la Administración del Estado-, y la reforma del sistema de adelantos. Si no se actúa ya, advierten, iniciarán movilizaciones sindicales y acciones legales a nivel nacional. "No vamos a permitir que se siga tratando a los policías como trabajadores de segunda", han concluido.
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