Además, se incautaron documentos físicos de interés, entre los que se encontraban folios con sellos oficiales, tarjetas de visita y una libreta con anotaciones manuscritas
Corrupción08 de julio de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 26 de junio una operación coordinada en distintos puntos del territorio nacional, en el marco de la investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. Las diligencias se centran en altos cargos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre ellos Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras.
La operación, ordenada por el juez instructor del caso, incluyó registros simultáneos en varios inmuebles, así como en sedes institucionales. Durante las intervenciones, los agentes localizaron una serie de elementos clave que podrían comprometer gravemente a los investigados.
Registros en domicilios y hallazgos relevantes
En la vivienda de Isabel Pardo de Vera, los investigadores intervinieron múltiples dispositivos electrónicos, incluyendo dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y un conjunto de memorias USB que, según fuentes próximas a la investigación, contenían material digital sensible. Además, se incautaron documentos físicos de interés, entre los que se encontraban folios con sellos oficiales, tarjetas de visita y una libreta con anotaciones manuscritas.
En su domicilio familiar en Santiago de Compostela, los agentes encontraron también un legajo documental relacionado con la adjudicación por vía de emergencia de un contrato para la provisión de material sanitario a una sociedad identificada como Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, principal entidad bajo sospecha en el conocido caso Koldo, que investiga mordidas millonarias en contratos públicos durante la pandemia.
Por su parte, en la residencia madrileña de Javier Herrero, la UCO se incautó de dispositivos similares: dos teléfonos móviles, un ordenador portátil, una tablet y numerosos pendrives, algunos de ellos con el logotipo oficial del Ministerio de Fomento. También se localizaron varias libretas con anotaciones relevantes y 4.750 euros en efectivo, distribuidos en billetes de 50 y 100 euros.
Acceso a correos electrónicos institucionales
Dentro de la misma operación, la UCO accedió a las cuentas corporativas de correo electrónico de ambos investigados. En el caso de Isabel Pardo de Vera, se extrajo información almacenada entre julio de 2021 y febrero de 2023, mientras que en el de Javier Herrero se analizaron correos enviados y recibidos entre junio de 2018 y octubre de 2022.
El procedimiento incluyó también una actuación en la sede central del Ministerio de Transportes, así como en las oficinas de ADIF, donde se procedió a clonar el contenido de los correos electrónicos corporativos y a generar copias de seguridad para su análisis. En el caso de ADIF, la intervención contó con la colaboración de Irene Bonet Tous, secretaria general de la entidad.
Una red de adjudicaciones amañadas
El juez ha acordado la apertura de una pieza separada y bajo secreto de sumario centrada en la posible responsabilidad penal de Pardo de Vera y Herrero, ambos formalmente imputados. La investigación apunta a que, bajo su gestión, se habría consolidado un sistema sistemático de favorecimiento a determinadas constructoras, entre ellas Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Según los informes de la UCO, Koldo García Izaguirre, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habría ejercido un papel central como intermediario. Su influencia sobre los altos cargos implicados habría permitido la adjudicación preferente de contratos a las empresas mencionadas, además de la modificación de obras ya concedidas para beneficiar económicamente a las mismas compañías.
Uno de los episodios documentados ocurrió en enero de 2019, cuando Koldo envió a Isabel Pardo de Vera una imagen con los resultados de una licitación pública en Extremadura. En la imagen, la oferta de una empresa competidora aparecía subrayada con marcador fluorescente, mientras que la oferta de Acciona estaba señalada de manera más discreta. Koldo se quejaba de que el resultado perjudicaba los intereses de su entorno, a lo que Pardo de Vera respondió preguntando por el “fosforito”. Koldo le aclaró que era “por disimulo”, dejando entrever que la licitación debió ser adjudicada a Acciona.
En otra ocasión, el 30 de mayo de 2019, la propia expresidenta de ADIF informaba a Koldo sobre la apertura de ofertas económicas en una licitación en Sant Feliu, que finalmente fue concedida a Acciona.
Complicidad activa de Javier Herrero
Javier Herrero también habría tenido un papel activo en la red. De acuerdo con los investigadores, su relación con Koldo sirvió para favorecer a Acciona, OPR y LIC en distintas licitaciones. Uno de los ejemplos más reveladores se produjo el 22 de abril de 2019, cuando Herrero escribió a Koldo con un entusiasta “¡Bingo!”, confirmando que Acciona había resultado adjudicataria de una obra en Logroño.
Además, la Guardia Civil ha identificado presiones ejercidas por Koldo sobre Herrero para facilitar adjudicaciones directas, aprobaciones de modificados contractuales e incluso contratos de emergencia, como uno otorgado a LIC en diciembre de 2020 por valor de 592.053 euros.
Soluciones de Gestión y la pieza sanitaria
Parte del material intervenido en la vivienda de Pardo de Vera pone en el centro de la investigación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, adjudicataria de contratos millonarios durante la emergencia sanitaria. Esta entidad, ya investigada en la trama Koldo, habría obtenido contratos con sobrecostes significativos, lo que motivó la apertura del caso por parte de los tribunales.
El hallazgo de documentación sobre una adjudicación relacionada con esta firma abre nuevas líneas de investigación sobre el papel de Pardo de Vera en las contrataciones de emergencia durante la pandemia.
Una trama que alcanza a las más altas instancias
La complejidad de la red investigada sugiere que no se trata de hechos aislados, sino de un entramado sostenido durante años, en el que decisiones de carácter técnico y administrativo habrían estado condicionadas por intereses personales y económicos. Las actuaciones de la Guardia Civil y el contenido de los dispositivos intervenidos podrían ser claves para esclarecer la magnitud de las presuntas irregularidades.
La investigación continúa bajo secreto de sumario y se espera que en los próximos meses se produzcan nuevas diligencias y citaciones judiciales. Mientras tanto, la reputación de las instituciones implicadas queda gravemente comprometida, en un momento en que la transparencia en la contratación pública vuelve a estar en el centro del debate político y social.
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