Durante varias décadas, miembros de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, gestionaron locales vinculados al ocio nocturno, la prostitución y los servicios sexuales en distintas zonas de España
Corrupción10 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Durante varias décadas, miembros de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, gestionaron locales vinculados al ocio nocturno, la prostitución y los servicios sexuales en distintas zonas de España. Estos negocios, aunque formalmente registrados como bares, saunas y hostales, han sido objeto de investigaciones judiciales, operaciones policiales y sanciones administrativas por delitos relacionados con trata de personas, explotación laboral y negligencias graves.
Pese a los esfuerzos actuales del Ejecutivo por liderar una agenda feminista abolicionista, el entorno familiar más próximo de la primera dama cuenta con un historial empresarial que ha generado inquietud tanto en ámbitos judiciales como mediáticos.
Intervención por trata de seres humanos en un club familiar
En 2016, el club de alterne "Kilómetro Ochenta", situado en el municipio segoviano de Ituero y Lama y propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, fue intervenido por la Policía Nacional tras una alerta diplomática remitida por la embajada de Rumanía. Una joven logró comunicarse con su padre desde el interior del local para denunciar que se encontraba secuestrada.
La Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos abrió una investigación urgente. Según el testimonio de la víctima, fue captada en su país mediante engaños y trasladada a España, donde fue forzada a ejercer la prostitución en varios clubes hasta ser “cedida” al establecimiento gestionado por el familiar de la esposa del presidente. Allí, la mantuvieron encerrada, sin documentos ni medios para salir, siendo controlada por el encargado del prostíbulo, quien la amenazaba con represalias si no cumplía con las exigencias.
Durante el registro policial, se incautaron balanzas de precisión, un arma blanca de doble filo y un espray de defensa personal. La causa fue juzgada en el Tribunal Supremo, que dictó una condena firme contra los tratantes rumanos —con penas superiores a los 20 años— y tres años de prisión para el encargado del local por coacciones. El delito de trata de seres humanos fue inicialmente admitido, pero luego anulado por un defecto procesal.
Del club de alterne al turismo rural
Tras años de clausura, el establecimiento ha reabierto bajo nuevos nombres: “Hostal Ikigai” y “Hostal San Rafael”, promocionándose como alojamiento rural con capacidad para 40 personas, 16 habitaciones, 17 baños y espacios comunes como zonas de barbacoa y jardín. El precio medio por noche ronda los 1.000 euros. Sin embargo, el inmueble conserva parte de su estética original, incluyendo las características luces moradas en su vestíbulo.
A día de hoy, el local no cuenta con licencia formal como hostal, según información de carácter municipal. Aunque el cambio de nombre y uso sugiere una reconversión legítima, las conexiones con el pasado continúan siendo visibles para quienes conocen la historia del lugar.
Sanción por explotación de trabajadoras extranjeras
En otro frente, San Bernardo 36 S.L., la sociedad mercantil desde la que se gestionaban varios de estos locales, también fue objeto de una inspección laboral que reveló la presencia de once mujeres extranjeras —procedentes de Brasil, Colombia y Nigeria— trabajando sin papeles ni contrato legal. Estas mujeres residían en el propio establecimiento y trabajaban en turnos prolongados, cobrando en función del número de copas que conseguían que los clientes consumieran.
El propietario, Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, fue sancionado con 66.339,04 euros. Durante el procedimiento, intentó alegar que las mujeres eran “clientas” del local, y que no existía una relación laboral. También cuestionó la validez de las entrevistas, asegurando que no se ofreció traducción a las trabajadoras. Los inspectores desestimaron este argumento tras constatar que todas las mujeres se expresaban correctamente en español y que la situación constituía explotación laboral encubierta.
Una muerte por negligencia en un local madrileño
En 1984, un hecho trágico tuvo lugar en la sauna Adán, ubicada en la calle San Bernardo de Madrid. El negocio estaba gestionado por Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez. Un joven desempleado de 31 años falleció electrocutado mientras intentaba reparar una tubería en el cuarto de contadores, utilizando un cable enrollado al cuerpo. La investigación reveló que días antes, el propietario había encargado una reforma eléctrica que quedó incompleta. Una caja de conexiones quedó abierta, sin señalización ni protección. Aunque el conserje del edificio advirtió verbalmente del riesgo, no se tomaron medidas correctivas.
La causa penal finalizó cinco años después. El técnico responsable de la obra fue condenado penalmente, mientras que el Tribunal Supremo atribuyó responsabilidad civil subsidiaria al padre de Begoña Gómez, en su calidad de propietario del negocio.
Relaciones familiares, herencias empresariales y silencios incómodos
Si bien ni Pedro Sánchez ni Begoña Gómez han sido acusados judicialmente por estas actividades, la red de negocios vinculada a su entorno familiar más directo ha estado repetidamente bajo el foco policial y judicial. Las actividades empresariales de la familia Gómez —prolongadas en el tiempo y desarrolladas en múltiples ubicaciones— han operado en el límite de la legalidad o directamente fuera de ella.
La convivencia entre este historial y el discurso político oficial en favor del feminismo y los derechos de las mujeres plantea interrogantes difíciles de eludir. Las conexiones, aunque indirectas desde el punto de vista jurídico, no dejan de tener un peso simbólico e institucional relevante en la esfera pública.
¿Transformación o lavado de cara?
Hoy, parte de estos espacios han sido reformulados como negocios turísticos o inmobiliarios. El paso del tiempo y el cambio de nombre han permitido a sus propietarios continuar obteniendo beneficios, pese a las sanciones y condenas acumuladas en el pasado.
El caso ilustra con crudeza cómo las estructuras de explotación pueden evolucionar y adaptarse, manteniendo —bajo nuevas formas— el control sobre propiedades marcadas por un pasado judicial complejo. Mientras tanto, la opinión pública aún espera respuestas claras y una revisión crítica de cómo el poder político enfrenta sus contradicciones cuando los conflictos de fondo emergen desde el entorno más íntimo.
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