La denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos apunta a Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, por adjudicar contratos por 600.000 euros a una empresa sancionada. El juez de Instrucción n.º 38 de Madrid ya ha iniciado diligencias
Corrupción10 de julio de 2025
Impacto España Noticias
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, PSOE.
La denuncia gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de contratos para el mantenimiento del Valle de los Caídos, actualmente denominado Valle de Cuelgamuros, y podría suponer la comisión de delitos de prevaricación del funcionario público y malversación de caudales públicos.
El origen de la denuncia
Según consta en el auto judicial, el juzgado ha incoado la apertura de diligencias para investigar el caso. No obstante, ha rechazado la personación de Abogados Cristianos en el procedimiento como acusación popular, al considerar que no se han cumplido los requisitos que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su configuración legal actual para el ejercicio de dicha figura procesal.
Pese a ello, el juez ha considerado que los hechos denunciados ameritan una investigación. La denuncia se centra en la adjudicación de dos contratos valorados en 600.000 euros a la empresa 'Limpiezas Manchegas Becquer', que fue la única compañía que se presentó al proceso de licitación.
La empresa adjudicataria, bajo la lupa
La Fundación Española de Abogados Cristianos sostiene que dicha empresa presenta un perfil que, de confirmarse, podría resultar incompatible con la contratación pública. La organización señala que 'Limpiezas Manchegas Becquer' “tiene problemas de impago con la Administración Pública, sanciones por parte de Castilla-La Mancha (donde está asentada), litigios pendientes del orden social y civil, e incluso se le ha abierto un expediente de ejecución forzosa”.
La gravedad de estas circunstancias llevó a la Fundación a acusar a Ana de la Cueva de “permitir que una empresa con múltiples irregularidades legales se hiciera con contratos públicos relevantes, en un contexto especialmente sensible como el del Valle de Cuelgamuros”.
Un enclave cargado de simbolismo
El Valle de los Caídos, ahora llamado oficialmente Valle de Cuelgamuros, sigue siendo uno de los espacios más polémicos del patrimonio español. La exhumación de los restos de Francisco Franco y la posterior resignificación del espacio han generado una fuerte división ideológica en la sociedad, con implicaciones políticas y culturales.
En este sentido, Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, no dudó en afirmar que este nuevo episodio “es un claro ejemplo de que Pedro Sánchez quiere adueñarse del Valle por intereses económicos, además de por cuestiones ideológicas”.
Contexto político y reacciones
El caso se conoce en medio de una creciente preocupación en Bruselas por la transparencia en los procesos de contratación pública en España. Recientemente, la Comisión Europea aludió al conocido ‘caso Koldo’ y advirtió de un “alto riesgo de corrupción” en los sistemas de adjudicación de contratos y en la financiación de partidos políticos.
Además, la oposición ha aprovechado la denuncia para arremeter contra la gestión del Gobierno. Aunque la causa está en fase muy preliminar, desde el PP y otras fuerzas han exigido “explicaciones claras” sobre las decisiones tomadas desde Patrimonio Nacional.
Por el momento, desde la institución no se ha emitido un comunicado oficial sobre la apertura de diligencias ni se ha producido comparecencia pública por parte de Ana de la Cueva. No obstante, fuentes cercanas a Patrimonio consultadas por este medio niegan rotundamente cualquier irregularidad y aseguran que el proceso de contratación se ajustó “a derecho y con los informes técnicos correspondientes”.
Con la apertura de diligencias, el juez deberá determinar si hay indicios suficientes como para avanzar hacia una instrucción formal que eventualmente podría desembocar en una imputación o archivo del caso. Entre los pasos esperados se encuentra la solicitud de documentación, posibles comparecencias de responsables de contratación, y un análisis detallado del proceso administrativo que condujo a la adjudicación.
Mientras tanto, la polémica en torno al Valle de los Caídos vuelve al centro del debate público, sumando un nuevo episodio al ya largo historial de controversias que rodea a este enclave monumental.
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