De incendio en incendio. Los avances entre el Gobierno y la Generalitat para impulsar la financiación «singular» de Cataluña han puesto en pie de guerra a las demás comunidades autónomas. Y no de una manera partidista, como ocurre con otros temas.
Aquí las primeras en revolverse son las regiones del régimen común gobernadas por el PSOE: Asturias y Castilla-La Mancha -Navarra no está incluida-, que han alzado la voz para advertir de que no admitirán «ningún privilegio» para Cataluña, puesto que darle un trato preferente sería «el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles».
El puñetazo en la mesa de estas autonomías socialistas se suma al clamor que existe en las gobernadas por el PP, que rechazan una financiación «a la carta» que «rompe la igualdad». Además, haría saltar por los aires la «multilateralidad». Piden que una reforma de tanta importancia como la financiación autonómica tiene que negociarse en una mesa entre otros y en ningún caso primero con una parte para, luego, imponer un modelo bilateral al resto de regiones.
El fantasma de lo que el PP llamó «cupo catalán», como equiparación al sistema del País Vasco y Navarra, saltó hace un año con la investidura de Salvador Illa, cuando el PSC aceptó la exigencia de ERC de dotar a Cataluña de una financiación «singular». Desde entonces, las autonomías del PP y también las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias vienen expresando su rechazo e inquietud.
Ahora ese temido horizonte tiene una fecha:el lunes. Ese día se celebra una comisión bilateral Estado-Generalitat, en la que se presentaría el nuevo modelo de financiación por el que Cataluña recaudará y gestionará todos los impuestos -dando luego un porcentaje al Gobierno- y que se beneficiará del llamado principio de ordinalidad.
El resto de las comunidades autónomas denuncia que aceptar ese concepto limitaría considerablemente la aportación solidaria que hoy hace Cataluña a las demás regiones. Dado que propiciaría que se quedase con mucho más dinero que ahora. Y ahí está una de las claves de su rebelión.
Asturias, cuyo presidente socialista Adrián Barbón no es sospechoso de ser un crítico de Sánchez, salió ayer a subrayar que el Principado no va admitir «privilegios» en materia de financiación «ni ningún perjuicio para Asturias». Así lo aseguró el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que recalcó que todas las comunidades de régimen común, donde está Cataluña, tienen que «concurrir en un plano de igualdad a negociar el nuevo modelo de financiación». O sea, que tiene que ser un diálogo multilateral y dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Sánchez ya escuchó el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE reproches dentro de su partido y procedentes, precisamente, de Asturias. El secretario general de la Agrupación de Avilés, Luis Ramón Fernández, advirtió de que «el reconocimiento de la diversidad territorial» por parte del PSOE «no puede ser sinónimo de privilegios ni puede dar como resultado el que existan territorios que se sientan menos escuchados, menos visibles o menos prioritarios».
La otra autonomía del PSOE en rebelión es Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García-Page, avisó ayer de que no se va a quedar «de brazos cruzados» ante lo que considera como «el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles».
Frente a una financiación propia para Cataluña, reclamó mantener «el concepto de redistribución del esfuerzo colectivo», es decir, «que lo que se genera termine revirtiendo en todos». Algo que, por sus palabras, ve en riesgo de que siga. «Ojalá me equivoque, pero si eso sucede será, probablemente, lo más triste que he visto en todo lo que va de democracia y lo que llevo al servicio público», lamentó Page.
En la acera de las autonomías del PP, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ofreció ayer al resto de comunidades para encabezar un frente en defensa de la igualdad de los españoles ante las nuevas cesiones del socialismo.
En un discurso en un acto del Grupo Joly, Moreno lamentó que, «en pleno verano y con nocturnidad», el Gobierno de Sánchez vaya a negociar la cesión del 100% de los impuestos a un territorio, «rompiendo así la caja común y la igualdad entre españoles». «Si eso ocurre, Andalucía actuará con todos los recursos a su alcance. Y no lo hará en defensa propia, sino del conjunto de España», afirmó.
«El presidente del Gobierno tiene la obligación de proteger el interés general y de no hacer de su propia debilidad la debilidad de toda una nación. Si eso ocurre, Andalucía se ofrece desde ya al resto de territorios para ponerse al frente y encabezar la defensa de la igualdad. Juntos y ante quien haga fatal. Porque jugar con la igualdad es jugar con el futuro de los andaluces y los españoles».
Madrid ve en este movimiento una palada más en el pozo de la «corrupción» que acecha ya no sólo al PSOE, sino también al Gobierno, sostenido en base a una continua cesión al separatismo. «En nuestra Constitución no cabe ni la bilateralidad, ni la diferencia entre españoles, ni los privilegios a cambio de votos para parasitar la Presidencia de un Gobierno», expresa en declaraciones a este diario la consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, que no cierra la puerta a recurrir este pacto ante el Constitucional: «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir este desguace».
Isabel Díaz Ayuso llevaba días alertando de lo que una cumbre como esta «en mitad del verano» podría suponer: un «nuevo paso» hacia el «golpe». «No tienen límites, van a seguir fabricando una nación paralegal», advertía. «No vamos a permitir que los madrileños sean el cajero automático de los que quieren destruir España», añade Rocío Albert.
Castilla y León culpó este jueves a Pedro Sánchez de «romper la igualdad» y la «multilateralidad». «Cada día que pasa, la debilidad del presidente del Gobierno aumenta y, con ella, el precio político que está dispuesto a pagar a sus socios. Y ese precio lo pagamos todos los españoles», dijo el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alertó de que un «cupo catalán» sería «desastroso» y «un antes y un después en el sistema de financiación». Una cesión, señaló, que daría para «mantenerse» en Moncloa.
Entre los socios de Sánchez hay avisos contundentes.Compromís afirma que sólo estará a favor de un nuevo modelo si se resuelve la «discriminación» que sufre la Comunidad Valenciana, para lo que exige de forma urgente «la condonación de la deuda histórica», el «principio de ordinalidad» y «una financiación justa para los valencianos». «De otra manera no podremos participar en esos acuerdos», zanja Àgueda Micó.
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