Impacto España Noticias
La dirigente socialista Rebeca Torró, una de las personas de máxima confianza del presidente Pedro Sánchez, se encuentra en el foco por haber avalado un importante sobrecoste en una obra pública financiada con fondos europeos durante su etapa al frente de la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana.
La constructora beneficiada, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), está controlada por José Ruz, uno de los principales empresarios implicados en la trama que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos a cambio de comisiones ilegales.
El proyecto en cuestión se centra en la ejecución de un paso inferior en la avenida Beniardá de Benidorm, obra que forma parte del desarrollo del tranvía metropolitano de Alicante. El contrato, licitado a finales de 2021 por un importe de 5,1 millones de euros (sin IVA), fue finalmente adjudicado a LIC por 4,3 millones, una rebaja del 15% respecto al presupuesto base.
Sin embargo, tras la adjudicación inicial —formalizada en abril de 2022, poco antes de la toma de posesión de Torró como consejera—, el contrato fue objeto de dos modificaciones que elevaron el coste total hasta los 5,2 millones de euros, superando incluso el presupuesto inicial. El incremento representa un aumento del 19,8% respecto al importe adjudicado inicialmente a la empresa de José Ruz.
Una modificación clave tras la derrota electoral
La modificación más relevante del contrato fue autorizada por la Consejería de Obras Públicas el 7 de junio de 2023, diez días después de que el PSOE perdiera las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana y cuando el gobierno autonómico ya se encontraba en funciones.
La firma de esa ampliación presupuestaria fue realizada por la entonces directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, figura cercana a Torró y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia.
La modificación añadió 865.313 euros (sin IVA) al coste de la obra, elevando el montante total a más de 5,2 millones de euros. Fuentes jurídicas especializadas en contratación pública consultadas por este medio consideran que esta modificación genera “serias dudas legales”, dado que en el pliego original del contrato no se contemplaba la posibilidad de cambios sustanciales.
Estas mismas fuentes señalan que las modificaciones contractuales no previstas solo pueden justificarse bajo criterios estrictos establecidos por el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público: deben basarse en circunstancias imprevisibles, no alterar el objeto del contrato y respetar ciertos límites porcentuales. “En este caso, los informes técnicos que avalan la modificación se limitan a enumerar nuevas necesidades sin detallar por qué no fueron previstas ni si se compensan con otras partidas eliminadas”, explican.
Una adjudicación bajo sospecha
La constructora LIC, pese a no haber obtenido la mejor puntuación técnica, logró adjudicarse la obra gracias a su oferta económica agresiva. En la licitación participaron hasta 16 empresas. Técnicamente, Aldesa Construcciones fue mejor valorada, pero la puntuación global otorgada a LIC (86,39 puntos frente a 77,20) se vio impulsada por la rebaja de precio, en una dinámica que algunos expertos consideran problemática si, como en este caso, existen antecedentes de posteriores ampliaciones presupuestarias.
Este mecanismo de "bajas temerarias" —en el que la empresa presenta un presupuesto agresivo para ganar la adjudicación y luego compensa sus márgenes con sobrecostes aprobados por la administración— ha sido un patrón recurrente en la actuación de LIC en otras licitaciones públicas, según han documentado fuentes conocedoras del sector.
Otro contrato polémico: el puerto de Santa Pola
Durante la misma etapa de Torró al frente de la Consejería de Obras Públicas, la empresa de José Ruz fue adjudicataria de otra obra por valor de 476.000 euros en el puerto de Santa Pola. En ese proceso, tres empresas competidoras fueron excluidas por supuestas deficiencias técnicas, lo que dejó a LIC como única opción viable. A pesar de que presentó la oferta más cara, fue beneficiada con una valoración técnica inusualmente favorable.
Sin embargo, la obra nunca llegó a ejecutarse, ni consta una justificación oficial del incumplimiento ni una modificación registrada en la Plataforma de Contratación del Estado. Una vez más, el proceso estuvo marcado por informes técnicos opacos, exclusión de competidores con escasa motivación jurídica y ausencia de consecuencias tras la paralización del proyecto.
Vinculación política y ascenso en el PSOE
La revelación de estos contratos coincide con el nombramiento de Rebeca Torró como secretaria de Organización del PSOE, cargo que asumió el pasado 5 de julio tras la dimisión de Santos Cerdán, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama de comisiones irregulares. Torró no solo ha sustituido a Cerdán en el partido, sino que también desempeña el cargo de secretaria de Estado de Industria.
La nueva número dos del PSOE se convierte así en un foco de atención en medio del escándalo que sacude al entorno socialista y que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción a estrechar el cerco sobre una red que presuntamente canalizaba adjudicaciones públicas a favor de empresas afines a cambio de retornos económicos o favores políticos.
Un patrón que se repite
Las prácticas adjudicatarias de LIC presentan similitudes preocupantes en diferentes proyectos: ofertas económicas que parecen diseñadas para ganar concursos con precios bajos, combinadas con valoraciones técnicas controvertidas y una tendencia sistemática a solicitar ampliaciones presupuestarias una vez adjudicado el contrato.
En el caso de Benidorm, la adjudicación fue firmada poco antes del nombramiento oficial de Torró como consejera, pero las modificaciones que dispararon el coste ocurrieron ya bajo su mandato. La última de ellas fue autorizada por una subordinada directa, cuando el gobierno estaba en funciones y con la legislatura socialista agotada.
Este cúmulo de factores —la elección de una empresa investigada, los sobrecostes sin justificación sólida, la cercanía política entre cargos decisores y adjudicatarios, y la repetición del mismo esquema en diferentes licitaciones— plantea interrogantes serios sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando estos proceden de mecanismos de financiación europeos.
A falta de una investigación judicial específica sobre estas adjudicaciones, el caso sitúa a Rebeca Torró en el epicentro de una controversia que afecta directamente al núcleo de poder del PSOE. En un momento en que el partido busca recomponer su imagen tras los últimos escándalos de corrupción, el historial de contratos de la actual secretaria de Organización con empresas vinculadas a la trama Ábalos-Koldo-PSOE puede suponer un nuevo lastre para la credibilidad del Gobierno y su entorno más cercano.
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