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Violaciones en serie de menores de cinco años, algunos de ellos drogados y con discapacidades severas. Francia se enfrenta a un caso de extrema gravedad tras la detención de Pierre-Alain Cottineau, un ciudadano de 32 años, trabajador social, presidente de una asociación LGTB local y ex candidato de La Francia Insumisa, formación de extrema izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon.
Cottineau, detenido en la localidad de Oudon, en el departamento del Loira Atlántico, está acusado de haber dirigido una red de abusos a menores valiéndose de su papel como familia de acogida y de su posición en el entorno asociativo progresista. La investigación fue iniciada tras una alerta emitida por las autoridades holandesas, que detectaron material incriminatorio en la darknet. Una colcha visible en uno de los vídeos permitió localizar el domicilio del principal sospechoso.
Según el diario Le Parisien, los cargos se sustentan en pruebas audiovisuales extremadamente perturbadoras. Las autoridades describen el material como “inhumano” y “difícilmente soportable”. Las víctimas eran menores de entre seis meses y cinco años, algunos con discapacidad psíquica. El acusado habría empleado sedantes para anular la voluntad de los menores.
Cottineau obtuvo el título de «asistente familiar» en diciembre de 2023 tras un curso de apenas 60 horas, lo que le habilitó legalmente para acoger a menores tutelados. Su preferencia, según los expedientes, era la acogida de niños de muy corta edad. A pesar de su imagen pública como defensor de los derechos sociales y la protección de la infancia, su madre ya le había denunciado cuando era adolescente por un presunto abuso, sin que entonces prosperara ninguna causa judicial.
Junto a Cottineau, han sido arrestados otros cuatro militantes de izquierdas, tres franceses y un belga con antecedentes relacionados con delitos similares. Todos ellos están en prisión preventiva y se enfrentan a penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.
Este caso ha provocado una fuerte reacción en Francia. Además del impacto emocional, el perfil político y asociativo del presunto cabecilla ha encendido un debate sobre el tratamiento mediático del escándalo. Medios considerados conservadores han denunciado lo que califican de «silencio informativo» por parte de la prensa pública y de cabeceras progresistas, que apenas han abordado el asunto.
La polémica también ha alcanzado al ámbito institucional. Se ha abierto un debate sobre los criterios de acreditación para acoger menores, y se han alzado voces pidiendo una revisión exhaustiva del sistema de acogida en Francia. El gobierno ha anunciado que reforzará los controles y formación de quienes accedan a estas funciones de cuidado.
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