El Gobierno entrega a los independentistas una Hacienda catalana

En el momento de mayor debilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asediado por presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno familiar, el Ejecutivo cede al independentismo una de sus demandas históricas: disponer de una Hacienda propia que permita a Cataluña recaudar y gestionar todos sus impuestos.

 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía y Finanzas) han dado hoy solemnidad al acuerdo para la denominada "financiación singular de Cataluña", el pacto para dotar a esta comunidad autónoma de mayores cotas de soberanía fiscal en virtud del acuerdo de investidura firmado, hace casi un año, por el PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa. "Uno de los puntos nucleares de aquel documento", ha reconocido Dalmau en la rueda de prensa posterior.

El acuerdo que los dos Ejecutivos han presentado este mediodía, que pasa de ser un pacto entre partidos a un pacto institucional, establecerá un sistema de diferentes modelos en el que cada región podrá decidir el nivel de gestión tributaria que quiere asumir, lo que pone fin al régimen común.

"Este acuerdo sienta las bases para que se tengan en cuenta las necesidades de Cataluña y el resto de comunidades, la bilateralidad es compatible con la multilateralidad", ha asegurado Torres. "Que haya más autonomía no significa que haya menos Estado porque todos somos Estado", ha añadido.

En el caso de la Generalitat, el horizonte pactado con el Gobierno es la recaudación y gestión del 100% de los tributos generados en Cataluña. Una posibilidad que tendrían también disponible el resto de territorios sobre el papel, aunque, a efectos prácticos, la necesidad de contar con una agencia tributaria propia capaz de realizar esa tarea dejaría a pocas autonomías con capacidad real.

Antes de que concluya este mes, el Govern presentará el plan director elaborado por Indra para diseñar la estructura de la Agencia Tributaria de Cataluña a fin de que pueda recaudar toda la tributación. El primer paso será la cesión del 100% del IRPF, un impuesto que en 2026, sin embargo, la agencia catalana aún no tendrá suficiente musculatura como para asumirlo en su totalidad, como indicaba el acuerdo de los socialistas con ERC de 2024.

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Para la campaña de la renta de este año, la Generalitat dotó de más efectivos a la agencia autonómica para participar de un modo más visible en las tareas que mayoritariamente realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). De hecho, la relación entre ambas agencias es uno de lo puntos en los que en los últimos días ha habido más discrepancias. El Govern destaca que no habrá tutela del organismo estatal, sino que se mantendrán mecanismos de coordinación necesarios por ejemplo para la persecución del fraude.

 "Será una agencia autónoma", ha asegurado Dalmau sobre un ente que ahora mismo tiene 850 efectivos (con una próxima convocatoria de 200 nuevas plazas) frente a los 4.400 de que dispone la AEAT en la región.

La letra pequeña del nuevo modelo será presentada por el Gobierno antes de final de año, tal y como establece el calendario dibujado con los republicanos. Para ello, será necesario modificar tres leyes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña (Ley 16/2010).

El régimen común desaparecerá, pero en este acuerdo asumimos que formamos parte de un conjunto porque queremos ser solidarios y que se respete la ordinalidad", indican fuentes de la Generalitat.

"No es una actualización del modelo, es un sistema de diferentes modelos en el que cada comunidad aspirará al nivel de gestión tributaria que quiere asumir, es bueno para España porque será más transparente y equilibrado", subraya el Gobierno catalán.

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