Impacto España Noticias
La caída en desgracia de Rafael Pérez, quien durante más de tres años ocupó el cargo de secretario de Estado de Seguridad bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, no fue una decisión personal, sino una retirada estratégica pactada en los pasillos del poder.
Las razones tras su renuncia, presentada a finales de mayo de 2025, se vinculan directamente con la presión ejercida por la acumulación de pruebas que lo relacionan con la trama de adjudicaciones irregulares de contratos sanitarios durante la pandemia.
En el epicentro del escándalo está Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, quien ha sido señalado como intermediario clave en la concesión de contratos millonarios a empresas sin experiencia previa, entre ellas Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL. Sin embargo, el verdadero poder de García reside en su archivo privado: decenas de grabaciones secretas que implican a figuras relevantes del Ejecutivo, entre ellas, el propio Rafael Pérez.
Relación forjada en los márgenes del poder
La conexión entre Koldo García y Rafael Pérez se remonta a los primeros compases del Gobierno de coalición en 2020. Koldo, con vínculos previos con la Guardia Civil en Navarra, ejercía entonces una función informal de enlace con cuerpos de seguridad, un rol que le permitió cultivar relaciones al más alto nivel. Rafael Pérez, juez de carrera, había sido nombrado jefe de Gabinete de Grande-Marlaska antes de ascender rápidamente al puesto de secretario de Estado del Interior.
Entre ambos surgió una relación de confianza que se intensificó en los meses más críticos de la pandemia, cuando la urgencia por adquirir material sanitario permitió agilizar contratos bajo procedimientos excepcionales. En ese contexto, Pérez firmó un contrato de 3,5 millones de euros para la compra de mascarillas a través de la sociedad Soluciones de Gestión SL, hasta entonces una empresa sin apenas actividad ni trayectoria en el sector sanitario.
Una agenda reveladora
Documentos incautados durante la investigación revelan que entre octubre de 2020 y febrero de 2021, Koldo y Pérez mantuvieron al menos siete reuniones, muchas de ellas sin testigos ni funcionarios presentes. Dos de esos encuentros contaron con la presencia del ministro Ábalos, reflejando la trascendencia de las conversaciones que allí se mantenían.
Las anotaciones personales de García, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluyen referencias a reuniones con Pérez en las que se trataron no solo asuntos contractuales, sino también gestiones personales, como la petición del traslado del cuñado de Rafael Pérez, empleado del gestor aeroportuario AENA, desde Sevilla a Madrid. La agenda de Koldo registra al menos dos citas bajo la referencia “Reunión David cuñado Rafael”.
La trastienda de una dimisión pactada
Cuando Rafael Pérez anunció su dimisión el 27 de mayo de 2025, desde el Ministerio del Interior se aludió a “motivos personales”. Sin embargo, diversas fuentes consultadas indican que su salida fue negociada discretamente como una forma de rebajar la presión creciente sobre el departamento, cada vez más salpicado por las derivadas judiciales del caso.
La decisión coincidió con la existencia de un nuevo informe de la UCO que ya apuntaba directamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Dicho informe sería remitido al Tribunal Supremo solo semanas después de la renuncia de Pérez, lo que sugiere que éste conocía el alcance de las investigaciones y decidió apartarse antes de verse directamente implicado.
Una conversación interceptada entre Koldo García y Santos Cerdán, fechada en diciembre de 2023, resulta especialmente reveladora. En ella, García informa a Cerdán de que Rafael Pérez le había comunicado su deseo de dejar el cargo. “Rafa se quiere ir, no sé si te lo habrá dicho ya”, dice Koldo. A lo que Cerdán responde: “Me dijo Paco que se queda”, en alusión a un comisario de la Policía Nacional. García insiste: “Me dijo que se quería ir, porque no aguantaba más”.
Reconocimiento público y contradicciones
La implicación de Pérez no se limita a menciones en agendas o conversaciones grabadas. En su comparecencia parlamentaria del 25 de octubre de 2024, el propio exsecretario de Estado reconoció haber mantenido contactos con Koldo García en el contexto de la adquisición de mascarillas. “No puedo negar que contactara con Koldo para buscar mascarillas. No quiero faltar a mi obligación de decir la verdad”, declaró ante los diputados.
Este reconocimiento público contradice el relato oficial de desvinculación y arroja aún más sombras sobre las decisiones tomadas desde el Ministerio del Interior durante la fase más crítica de la pandemia.
La red de favores y contratos bajo lupa
Soluciones de Gestión SL, empresa que facturó más de 53 millones de euros en 2020, recibió contratos tanto del Ministerio de Transportes como del de Interior. En el primero, las adjudicaciones sumaron 36,7 millones mediante dos empresas públicas, mientras que en Interior se formalizó el contrato firmado por Pérez en abril de 2020.
La red de relaciones que facilitó estos contratos no se limitó al plano administrativo. Las grabaciones de Koldo, cuya existencia ha sido confirmada por fuentes próximas al propio exasesor, documentan conversaciones comprometedoras sobre adjudicaciones, tráfico de influencias y favores personales, incluyendo a altos cargos y miembros del círculo de confianza de Ábalos.
Un escándalo en plena expansión
La dimisión de Rafael Pérez no ha cerrado la puerta al escándalo. Por el contrario, ha servido como antesala a una serie de revelaciones que siguen sacudiendo al Gobierno y al PSOE. El 8 de abril de 2025, la defensa de José Luis Ábalos solicitó formalmente la comparecencia judicial tanto de Pérez como del ministro Marlaska, alegando que el Ministerio del Interior también adjudicó contratos a la empresa investigada. La maniobra buscaba subrayar que Ábalos no actuó solo ni de forma aislada, sino en coordinación con otras carteras.
A medida que avanzan las pesquisas, y con las grabaciones en poder de la justicia, el caso promete abrir nuevos frentes políticos y judiciales.
El material acumulado por Koldo García —producto de una costumbre adquirida durante su etapa como confidente en Navarra, cuando actuaba con métodos propios de cuerpos de seguridad— se ha convertido en una bomba de relojería para quienes compartieron con él decisiones y confidencias durante los años más turbulentos de la reciente historia política española.
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