La financiación procede del Gobierno central, que ha otorgado a la ONG casi tres millones de euros. La Junta de Andalucía, del popular Juanma Moreno, le ha transferido más de 2,4 millones, y Isabel Díaz Ayuso, ha contribuido con más de 78.000 euros
Noticias19 de julio de 2025
Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sánchez, la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid han entregado desde 2021 más de 5,4 millones de euros de dinero público a una ONG marroquí dedicada a la «integración de inmigrantes». Se trata de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, una entidad con sede en Málaga.
El grueso de la financiación procede del Gobierno central, que ha otorgado a la ONG casi tres millones de euros en los últimos tres años. La Junta de Andalucía, presidida por el popular Juanma Moreno, le ha transferido más de 2,4 millones, y la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha contribuido con más de 78.000 euros. Así lo reflejan los datos oficiales que han sido revelados por el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero en su cuenta en X.
Esta generosidad institucional no ha evitado, sin embargo, que los problemas de convivencia sigan agravándose en localidades como Torre Pacheco, donde un hombre de 68 años recibió una paliza de tres inmigrantes ilegales marroquíes, lo que provocó las protestas de los vecinos contra la inseguridad en el barrio.
El presidente de la Asociación, Ahmed Khalifa, intervino el pasado 16 de julio en Radio Nacional de España para cargar contra la «ultraderecha» y responsabilizar a VOX de lo que estaba ocurriendo en la localidad murciana.
Tuit de la ONG sobre Torre Pacheco.
«Estamos aquí, pero no se nos facilita el acceso a todos los espacios. Desde la llegada de VOX, ha ido a peor. Ahora hay un colchón ideológico que anima a tener esa actitud racista sin ningún reparo. Hay un miedo en Torre Pacheco aterrador. Si un niño marroquí no puede salir al parque aquí, es que todos hemos fallado como sociedad. Esto no se puede admitir», afirmó Khalifa.
Su declaración encaja con el relato oficial promovido por el Gobierno, que desde hace años trata de presentar cualquier crítica a la inmigración masiva y descontrolada como un «delito de odio». Mientras tanto, son los vecinos de barrios humildes quienes soportan el aumento de la delincuencia, la saturación de servicios y la inseguridad en las calles, sin que las millonarias subvenciones sirvan para resolver los problemas reales.
En su página web, la ONG presume de «reconocimientos» por parte de instituciones públicas y de su «profesionalidad», aunque no ofrece ningún balance concreto sobre la eficacia de sus programas ni sobre la integración efectiva de los inmigrantes.
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