Francis Puig, junto a su socio Juan Enrique Adell Bover (para quien se solicitan tres años de prisión), habría utilizado una red de facturas falsas y documentos manipulados para acceder a ayudas públicas dadas por el gobierno de su hermano Ximo Puig
Corrupción24 de julio de 2025
Impacto España Noticias
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, adoptó en julio de 2024 una controvertida decisión que permitió a la empresa Comunicacions dels Ports S.A., vinculada a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, continuar contratando con administraciones públicas pese a haber sido condenada por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
La decisión se produjo tras varios años de proceso judicial en los que quedó acreditado que dicha empresa había participado en un cártel de reparto de contratos audiovisuales. Aunque la sanción fue confirmada incluso por el Tribunal Supremo, el Gobierno consideró suficientes las alegaciones presentadas por la compañía, que había abonado la multa antes de que la condena adquiriera firmeza e implementado medidas internas de corrección.
Con esta decisión, se esquivó la prohibición expresa de contratar con la administración pública que establece la Ley de Contratos del Sector Público para las empresas que incurren en prácticas anticompetitivas, a pesar de que más de la mitad de los ingresos de la empresa provienen de fondos públicos.
De la sanción administrativa al archivo del expediente
La historia se remonta a 2019, cuando las autoridades iniciaron un expediente sancionador contra varias empresas del sector audiovisual valenciano. En 2020, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana dictó una resolución que concluyó que Comunicacions dels Ports S.A. había participado en un cártel orientado a repartirse contratos de producción audiovisual, especialmente en comarcas del interior de la Comunidad Valenciana.
Por esta conducta, la empresa fue sancionada con 16.801 euros. Dado el carácter muy grave de la infracción, la Comisión remitió el caso a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, para que evaluara si procedía aplicar la sanción accesoria de inhabilitación para contratar con las administraciones públicas, tal como establece la legislación vigente.
Durante los años siguientes, la empresa litigó contra la sanción, recurriendo ante distintos tribunales. Finalmente, en 2023, el Tribunal Supremo ratificó la resolución sancionadora, agotando así la vía judicial ordinaria.
Sin embargo, antes de que la sentencia alcanzara firmeza, la empresa presentó alegaciones ante la Junta Consultiva, señalando que había pagado voluntariamente la multa con antelación, y que había implementado un canal interno de denuncias, así como nuevas políticas de fijación de precios, en un intento por demostrar voluntad de rectificación y prevención de futuras irregularidades.
La Comisión Permanente de la Junta Consultiva acordó, el 2 de julio de 2024, proponer el archivo del expediente de inhabilitación, criterio que fue respaldado por la ministra Montero el 30 de julio, cuando se autorizó oficialmente el cierre definitivo del procedimiento.
Una decisión que contrasta con el discurso gubernamental
Esta decisión resulta especialmente llamativa en el actual contexto político, ya que apenas un año después, en 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de crear listas negras de empresas condenadas por corrupción para excluirlas de futuras licitaciones públicas, subrayando su compromiso con la transparencia y la integridad en la contratación del Estado.
Sin embargo, la actuación del Ministerio de Hacienda en el caso de Comunicacions dels Ports parece contradecir ese objetivo, al permitir que una empresa condenada por participar en un cártel siga accediendo a contratos públicos.
Procesos penales en curso contra Francis Puig
Mientras tanto, Francis Puig continúa enfrentando un proceso penal de mayor gravedad, por hechos distintos a la sanción administrativa mencionada. En julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de acusación en el que solicita cuatro años de prisión para el empresario, por su presunta participación en un entramado fraudulento para obtener subvenciones públicas de forma ilícita.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2015 y 2018, coincidiendo con el mandato de su hermano Ximo Puig al frente del Gobierno valenciano. Según la Fiscalía, Francis Puig, junto a su socio Juan Enrique Adell Bover (para quien se solicitan tres años de prisión), habría utilizado una red de facturas falsas y documentos manipulados para acceder a ayudas públicas dadas por el gobierno de su hermano Ximo Puig, destinadas a medios de comunicación regionales, otorgadas tanto por la Generalitat Valenciana como por la Diputación de Castellón.
El Ministerio Público considera que existió una planificación deliberada para simular gastos inexistentes o inflar costes, con el fin de maximizar las subvenciones recibidas. Ambos acusados están procesados por delitos de falsedad documental y estafa agravada.
Repercusiones políticas y éticas
El caso combina aspectos administrativos y penales que tocan cuestiones clave como el uso de fondos públicos, la ética en la contratación pública, y la neutralidad de las instituciones. Si bien legalmente el Ministerio de Hacienda tenía margen para valorar las medidas correctoras presentadas por la empresa, el archivo del expediente ha levantado suspicacias debido a los vínculos familiares entre los propietarios de la empresa y el expresidente autonómico.
Además, el contraste entre esta actuación y el nuevo discurso gubernamental sobre tolerancia cero con la corrupción añade un componente de contradicción que ha generado inquietud entre juristas, expertos en derecho administrativo y observadores políticos.
La causa judicial por las subvenciones fraudulentas, por su parte, sigue su curso en la jurisdicción penal, y se espera que en los próximos meses se celebre el juicio oral que podría sentar en el banquillo al hermano del expresidente valenciano.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
En 2016, una operación policial desmanteló una red de trata de mujeres extranjeras con fines de explotación sexual. El encargado del establecimiento fue condenado a tres años de prisión por coacciones para forzar a las mujeres a ejercer la prostitución
La Fiscalía se ha mostrado a favor de que un juez investigue a la exmilitante del PSOE Leire Díez por los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa
La línea de investigación apunta a que parte de las donaciones podrían haber sido canalizadas como contraprestaciones por adjudicaciones amañadas, en lo que ya algunos analistas describen como una de las mayores crisis de credibilidad del PSOE en los últimos años
La resolución judicial establece con claridad las tarifas que se cobraban a los clientes por los servicios sexuales en "Sauna Princesa": 150 euros por media hora y 300 euros por una hora completa.
La Fiscalía también solicita que Francis Puig "deberá ser condenado a indemnizar a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 58.866 euros, y a la Generalitat de Cataluña en la de 51.825 euros
Mientras a ti te fríen a impuestos, la élite juega al Monopoly con dinero público. La transición energética es, al parecer, otro pretexto para repartir millones entre amigos del poder. Y como siempre, el español de a pie es el pagafantas del sistema
«Me llamaba puta, perra sucia... y se ponía a ver porno delante de mí sin ningún tipo de pudor»
Se confirma, pues, lo que muchos españoles ya sabíamos: no hay amistad, lealtad ni afecto que resista su ansia de poder. Si ha sido capaz de traicionar a su propia esposa, ¿qué no hará con el resto de España?
Clauser sostiene que la influencia del CO₂ sobre el clima ha sido sobredimensionada y que "el calentamiento global es una fabricación total de periodistas sensacionalistas y políticos deshonestos"
Mientras se refuerza un relato oficial que favorece a un presunto maltratador, se silencia a quienes intentan proteger al niño. Se margina a profesionales médicos que han dado la voz de alarma. Se desechan informes de psicólogos, terapeutas y especialistas en discapacidad
El actual presidente del Gobierno afirmó en su día haber cursado un máster en el IESE, aunque lo que realizó fue un curso breve en Liderazgo Público
