En los registros efectuados este jueves, los agentes buscan documentación relacionada con la gestión de fondos públicos, así como pruebas de posibles delitos relacionados con malversación, prevaricación, trato vejatorio a menores, falsedad documental o encubrimiento
Noticias24 de julio de 2025
Impacto España Noticias
La Policía ha registrado esta mañana la sede de la ONG Quorum Social 77, en el centro de la polémica desde hace poco más de un mes tras conocerse el cierre de uno de los centros de MENAs que gestionaban, a consecuencia de una investigación por presuntos abusos que acabó con nueve personas detenidas. La operación ha incluido registros en cinco de los centros de menores migrantes no acompañados que dirige esta organización en las Islas Canarias.
Entre los arrestados se encuentran la presidenta de la entidad, Delia García, y el socialista Enrique Quintana, director de varios de estos centros y actual miembro del PSOE en la Secretaría de Acción Social de Gáldar, en Gran Canaria, según ha avanzado el usuario @CanarioToday en X.
Según fuentes policiales, la investigación se habría acelerado tras revelarse que, tras el estallido del escándalo en el centro clausurado en Santa Brígida, Delia García ordenó apagar todas las cámaras de videovigilancia instaladas en el resto de centros que la ONG gestionaba, dificultando así cualquier tipo de supervisión externa.
Quorum Social 77 ha gestionado, entre 2023 y marzo de 2025, un total de 31 centros con 1.925 plazas para MENAs en toda Canarias. Durante ese periodo, ha recibido más de 131 millones de euros en subvenciones públicas procedentes del Gobierno de Canarias, actualmente en manos de la coalición CC-PP.
En los registros efectuados este jueves, los agentes buscan documentación relacionada con la gestión de fondos públicos, así como pruebas de posibles delitos relacionados con malversación, prevaricación, trato vejatorio a menores, falsedad documental o encubrimiento. La investigación sigue bajo secreto de sumario.
La ONG había sido señalada por organizaciones civiles y medios locales por presuntas irregularidades en la atención a menores, opacidad en su gestión económica y un uso excesivo de fondos públicos. En algunos de los centros ya se habían detectado deficiencias graves, mientras que trabajadores y exusuarios habían denunciado condiciones de vida precarias.
La detención de Delia García y Enrique Quintana supone un giro significativo en el caso. Quintana, además de su cargo directivo en la ONG, ostenta responsabilidades dentro del Partido Socialista a nivel municipal, lo que ha levantado nuevas preguntas sobre posibles conexiones políticas y falta de controles administrativos en la concesión de los contratos.
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