Pedro Sánchez no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre el contenido del acuerdo ni sobre los motivos que han llevado a su firma pese a las advertencias europeas
Nacional26 de julio de 2025
Impacto España Noticias
La relación entre España y la tecnológica china Huawei vuelve a colocarse en el centro de la controversia europea. La Comisión Europea ha manifestado su profunda preocupación tras conocerse que el Gobierno español ha suscrito recientemente un nuevo acuerdo de colaboración con Huawei, pese a las advertencias reiteradas de Bruselas sobre los riesgos que representa esta empresa para la seguridad nacional y la integridad de las redes 5G.
La decisión ha generado sorpresa e incomodidad en las instituciones comunitarias. Según fuentes internas de la Comisión, consultadas por diversos medios, resulta "incomprensible" que España haya optado por reforzar su relación con una empresa considerada de "alto riesgo" por parte de la Unión Europea, especialmente cuando los Estados miembros están llamados, desde hace al menos dos años, a restringir progresivamente su dependencia de Huawei y ZTE en el despliegue de tecnologías estratégicas.
Una advertencia clara y pública desde 2023
La postura de Bruselas no es nueva. En junio de 2023, la Comisión Europea publicó una comunicación oficial en la que advertía abiertamente sobre los peligros de confiar en proveedores como Huawei y ZTE para el desarrollo de infraestructuras críticas. En aquel documento se señalaba que ambas empresas presentaban un riesgo “materialmente más alto” en comparación con otros proveedores de 5G, y se pedía de manera explícita a los Estados miembros que adoptaran medidas para excluir progresivamente a estos actores de sus redes nacionales.
La evaluación de la Comisión se basaba en múltiples factores, entre ellos los vínculos estrechos de Huawei y ZTE con el aparato estatal chino, así como el marco legal en China que obliga a las empresas a colaborar con los servicios de inteligencia del país. Estas condiciones, sostenía el informe, comprometen la confianza y la transparencia necesarias en un entorno de seguridad europeo.
España, en dirección contraria
Pese a estas advertencias, el Gobierno español ha firmado recientemente un nuevo memorando de entendimiento con Huawei, según han confirmado fuentes diplomáticas. El acuerdo, de carácter tecnológico y comercial, incluye colaboración en el desarrollo de redes 5G, soluciones de conectividad para zonas rurales, inteligencia artificial y ciberseguridad. Esta última mención, precisamente, ha levantado las mayores suspicacias en Bruselas.
La Comisión considera que este movimiento va en contra de los objetivos comunes de seguridad digital definidos en la “Caja de herramientas de 5G”, una estrategia adoptada por los Estados miembros en 2020 que buscaba garantizar la seguridad de las redes de quinta generación mediante un enfoque coordinado de evaluación de riesgos y mitigación.
“La firma de este acuerdo contradice los principios de exclusión de proveedores de alto riesgo, y pone en entredicho la coherencia del enfoque europeo frente a amenazas externas”, señalan fuentes comunitarias.
Riesgos que van más allá de lo técnico
La preocupación de Bruselas no se limita a aspectos tecnológicos o comerciales. Huawei ha estado en el punto de mira de Estados Unidos y otras potencias occidentales desde hace años, y las acusaciones de espionaje, interferencia política y recopilación masiva de datos son persistentes. Washington ha prohibido la participación de Huawei en sus redes 5G desde 2019, y presiona activamente a sus aliados para que hagan lo mismo.
En la UE, algunos países como Alemania, Suecia y Dinamarca han tomado medidas contundentes para eliminar progresivamente a Huawei de sus redes críticas. En cambio, España mantiene una posición más ambigua, argumentando que no existen pruebas concluyentes sobre actuaciones ilícitas por parte de la compañía, y defendiendo su derecho soberano a establecer acuerdos estratégicos.
No obstante, los expertos advierten que el riesgo no reside tanto en lo que Huawei ha hecho, sino en lo que podría hacer en un contexto de conflicto geopolítico. “El problema es estructural: cualquier empresa sujeta a la legislación china puede ser utilizada como herramienta de influencia o vigilancia. Ese es el verdadero peligro, y es lo que la UE intenta evitar”, explica un analista en ciberseguridad de la Universidad de Lovaina.
Implicaciones políticas y estratégicas
Más allá del plano técnico, el caso podría derivar en tensiones diplomáticas entre Bruselas y Madrid, así como en una mayor fragmentación de la política tecnológica europea. La Comisión lleva años impulsando una agenda de autonomía estratégica, que busca reducir la dependencia de actores externos en sectores críticos como las telecomunicaciones, los semiconductores, la nube y la inteligencia artificial.
La cooperación con Huawei, argumentan desde Bruselas, va en dirección contraria a estos objetivos, y puede erosionar la confianza mutua entre los Estados miembros. Además, complica la capacidad de la UE para presentarse como un bloque unido en las negociaciones internacionales, especialmente en foros donde se debaten estándares tecnológicos y normativas de seguridad digital.
El silencio del Gobierno español
Hasta el momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre el contenido del acuerdo ni sobre los motivos que han llevado a su firma pese a las advertencias europeas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha defendido, en declaraciones previas, que España toma sus decisiones “basándose en criterios técnicos y jurídicos”, y que “cualquier colaboración se enmarca en los estándares de seguridad de la UE”.
Sin embargo, los grupos parlamentarios de la oposición ya han solicitado la comparecencia de varios ministros para que se aclaren los detalles del pacto con Huawei. Algunos partidos acusan al Gobierno de actuar con falta de transparencia y de poner en riesgo la seguridad nacional por intereses económicos a corto plazo.
El caso abre una nueva etapa de fricción dentro del proyecto común europeo de seguridad digital. Aunque la Comisión no tiene competencias directas para vetar acuerdos bilaterales de los Estados miembros, sí puede presionar políticamente y limitar el acceso a fondos o programas europeos relacionados con la digitalización si considera que un país no respeta los principios comunes de seguridad.
En un contexto de creciente rivalidad entre bloques tecnológicos, y con una UE cada vez más decidida a blindar sus infraestructuras críticas, decisiones como la de España podrían tener consecuencias a largo plazo.
“Este no es solo un debate técnico o comercial; es una cuestión de soberanía, de confianza y de preparación frente a un mundo multipolar”, concluye un alto funcionario europeo.
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