Investigan al alto cargo del Gobierno para la DANA por presentar una titulación inexistente

La Agencia Valenciana Antifraude ha revelado graves irregularidades en el expediente académico de José María Ángel Batalla, actual comisionado del Gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, y figura histórica del socialismo valenciano. Según un informe elaborado por el Área de Evaluación, Comprobación e Inspección del organismo, el alto cargo podría haber accedido a la Administración pública en 1985 mediante la presentación de un título universitario presuntamente falso.

La investigación fue iniciada tras una denuncia anónima recibida el pasado 9 de abril. En ella se alertaba de que Batalla ocupaba un puesto del grupo A2 en la Diputación de Valencia sin contar con la titulación exigida. Tras examinar su expediente, Antifraude concluyó que no constan registros que acrediten la finalización de estudios universitarios en la Universidad de Valencia por parte del comisionado. A juicio del organismo, el documento que figura en su expediente funcionarial carece de validez legal.

Una titulación que no existe
En el transcurso de la investigación, los funcionarios de Antifraude localizaron en la Diputación de Valencia una simple fotocopia sin compulsa de un supuesto título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía. La pieza clave del caso llegó cuando se solicitó la verificación oficial de dicho título a través del servicio de consulta de títulos universitarios, obteniendo como respuesta: “titular no identificado”. Esa ausencia en los registros oficiales reforzó la hipótesis de que el documento es falso.

Además, al inspeccionar el expediente académico del alto cargo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, se constató que Batalla solo se matriculó en el curso 1975-1976 y que no superó el primer curso, según certificó posteriormente la Universidad Complutense de Madrid, donde fue trasladado el expediente. "No terminé Historia", reconoció él mismo ante las consultas de Antifraude.

Contradicciones en su historial académico
Una de las claves del caso reside en las incongruencias detectadas entre los distintos currículums oficiales y biográficos que Batalla ha difundido en los últimos años. En los perfiles institucionales recientes del Ministerio de Política Territorial, se le presenta como "diplomado en Archivos y Bibliotecas" por la Biblioteca Nacional. En ningún punto se menciona la Universidad de Valencia.

Sin embargo, años atrás, su perfil difundido por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) incluía afirmaciones más contundentes: “Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universidad de Valencia”, así como estudios en Geografía e Historia y un máster en ESADE (Barcelona). A estas inconsistencias se suma su antiguo blog personal, actualmente inactivo, donde asegura haber cursado estudios en Historia, Archivística y Documentación, aunque sin aclarar si obtuvo ningún título.

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Interrogado recientemente por medios de comunicación, Batalla evitó responder de forma directa sobre la autenticidad del título universitario y rehusó examinar el documento que la Agencia Antifraude cuestiona. Se limitó a asegurar que presentó en su día "los certificados académicos y administrativos necesarios" para acceder a su puesto en los años 80, aportando copias de cursos de formación técnica relacionados con biblioteconomía, impartidos por la Dirección General de Bellas Artes y la Biblioteca Nacional. No obstante, ninguno de esos certificados equivale a una titulación universitaria.

Posibles delitos y negligencias administrativas
La gravedad del asunto no recae únicamente en la falsedad documental que se investiga, sino también en las implicaciones administrativas que se derivan de ella. El informe de Antifraude advierte que varios funcionarios de la Diputación de Valencia podrían haber incurrido en negligencia grave, al validar de forma irregular el supuesto título y permitir que Batalla accediera y progresara en la función pública sin contar con los requisitos exigidos legalmente.

Estas validaciones permitieron, además, que el alto cargo percibiera durante décadas una remuneración superior a la que le correspondería, según el informe, lo que incluiría un mayor salario base, complementos de grado consolidado y trienios acumulados. Cuando fue nombrado alto cargo en 2015, se le reconocían 11 trienios como funcionario del subgrupo A2, en proceso de consolidar el duodécimo, según consta en el Portal de Transparencia de la Generalitat.

En consecuencia, Antifraude considera que existen indicios claros de ilícitos administrativos disciplinarios y ha remitido sus conclusiones a la Diputación de Valencia para que active el correspondiente procedimiento y se garantice el derecho a la defensa de todas las partes implicadas. Algunas fuentes consultadas confirman que los hechos ya se han trasladado a la vía judicial, aunque no se han ofrecido más detalles al respecto.

Una carrera política que se tambalea
José María Ángel Batalla ha sido una figura clave en el socialismo valenciano desde la Transición. Fue alcalde de La Eliana durante casi dos décadas, senador, y ocupó puestos de responsabilidad en la gestión de emergencias durante los gobiernos del expresidente Ximo Puig. Su perfil técnico y su experiencia en Protección Civil fueron determinantes para que, en diciembre del año pasado, el Ejecutivo central lo nombrara comisionado para la reconstrucción tras la DANA, una decisión que fue interpretada como un movimiento para marcar distancias con la actual gestión del PP en la Generalitat.

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A su vez, su nombramiento en febrero como presidente del PSPV en la provincia de Valencia, un cargo honorífico impulsado por la ministra de Universidades y líder del partido, Diana Morant, le devolvió cierta relevancia política. Sin embargo, la investigación abierta por Antifraude ha puesto en entredicho no solo su trayectoria administrativa, sino también su legitimidad ética y profesional.

Silencio institucional y tensión interna
Ni la Diputación de Valencia ni el Gobierno han emitido declaraciones oficiales sobre el fondo del asunto. Desde el entorno del PSPV, algunas voces expresan inquietud ante la dimensión política del escándalo, aunque de momento se mantiene una línea de prudencia y silencio. La cercanía de Batalla a figuras históricas del socialismo, como el exministro del Interior Antoni Asunción, añade un componente simbólico a la controversia.

Con la jubilación del comisionado prevista para el próximo año, y en medio de un creciente clima de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, este caso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los controles de acceso a la Administración y revisar con mayor rigor los expedientes de quienes desempeñan funciones públicas.

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