Impacto España Noticias
El que fuera uno de los hombres fuertes del PSOE y rostro visible de la gestión de infraestructuras durante la pandemia, José Luis Ábalos, ha pasado al contraataque judicial. El exministro de Transportes ha presentado una querella por falsedad documental y falso testimonio de perito contra las dos autoras de la auditoría interna encargada en 2024 por su sucesor en el cargo, Óscar Puente.
El documento que Ábalos cuestiona sirvió de base, en parte, para que la Audiencia Nacional y posteriormente el Tribunal Supremo impulsaran una investigación penal en su contra por su presunta implicación en la trama de contratación fraudulenta destapada en el llamado caso Koldo, centrado en el uso de fondos públicos durante la crisis sanitaria del COVID-19.
Pero ahora, en una jugada que puede reconfigurar el tablero judicial y político, Ábalos denuncia que dicha auditoría fue intencionadamente manipulada, con omisiones relevantes y distorsión de pruebas clave, con el objetivo de señalarlo como responsable político de una trama delictiva que, asegura, desconocía por completo.
El objeto de la querella
La querella, presentada ante los juzgados de instrucción de Madrid, se dirige contra Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, y Belén Roel de Lara, funcionaria de carrera que redactó el informe pericial en el que se apoya la auditoría.
Ambas son acusadas de elaborar un documento "sin neutralidad técnica ni rigor profesional", que omite elementos exculpatorios, altera declaraciones de testigos y presenta supuestas irregularidades como si fueran decisiones personales de Ábalos, cuando, según sostiene, se trataba de procesos administrativos ordinarios.
Uno de los puntos clave es la afirmación de que el informe "adolece de causa legítima", ya que no fue impulsado por un requerimiento judicial ni por la necesidad de depurar responsabilidades internas, sino como una maniobra política para “señalar” a Ábalos y reforzar su aislamiento institucional.
El informe que lo cambió todo
La auditoría en cuestión fue encargada en agosto de 2024 por el ministro Óscar Puente, quien tras asumir la cartera de Transportes anunció una “revisión de los contratos adjudicados durante la pandemia” a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., implicada en el suministro de mascarillas con sobrecostes y presuntas comisiones irregulares.
En ella, se señala que altos cargos del Ministerio durante la etapa de Ábalos facilitaron contratos millonarios a la citada empresa, pese a carecer de experiencia y garantías suficientes. La contratación se hizo por procedimiento de urgencia, amparado por el estado de alarma, pero según la auditoría, con decisiones "sospechosamente personalizadas".
El informe fue filtrado a los medios y remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien lo incorporó a su exposición razonada enviada al Supremo en octubre de 2024, solicitando la investigación formal de Ábalos por posibles delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Las acusaciones de Ábalos
En su escrito, Ábalos asegura que:
La auditoría incurre en falsedad documental al modificar el sentido de las declaraciones prestadas por testigos ante la Inspección del Ministerio y la Guardia Civil.
Se omitieron deliberadamente documentos y comunicaciones que lo desvinculan de decisiones clave, como la tramitación de los expedientes de compra.
Las autoras actuaron con “interés político o personal”, bajo presión de la nueva dirección del Ministerio, para presentar un informe condenatorio.
El informe fue difundido públicamente con fines mediáticos, antes incluso de establecer consecuencias internas o disciplinarias, lo que a su juicio demuestra que no se trataba de una auditoría real sino de una “herramienta política”.
Además, Ábalos solicita que se cite como testigos a varios altos cargos de Correos, técnicos del Ministerio y funcionarios del Tribunal de Cuentas, así como a las propias autoras del informe, para contrastar las supuestas contradicciones.
El caso Koldo y la amenaza penal
El contexto no podría ser más sensible. El caso Koldo, que toma el nombre del que fuera asesor personal de Ábalos, Koldo García, ha destapado una presunta red de contratos públicos amañados durante la pandemia, con participación de empresarios, funcionarios y políticos del entorno socialista.
Las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional han conducido a más de una decena de imputaciones, incluidos empresarios de la trama y cargos intermedios. Ábalos, por su condición de aforado como diputado, es investigado directamente por el Tribunal Supremo desde noviembre de 2024.
El exministro siempre ha sostenido su inocencia, asegurando que desconocía los tejemanejes de su entonces asesor. Sin embargo, la auditoría interna del Ministerio reforzó las sospechas judiciales, al apuntar que Ábalos fue “perfectamente conocedor” de los contratos que beneficiaron a Soluciones de Gestión.
La presentación de la querella cambia el marco de juego. Si el juzgado la admite a trámite, se abriría una nueva línea de investigación paralela, centrada en si la auditoría fue manipulada para incriminar al exministro. De acreditarse algún tipo de falsedad o abuso, el relato judicial podría dar un vuelco.
En clave política, el movimiento de Ábalos puede leerse como un intento de recuperar el relato, en un momento en que su figura ha sido marginada tanto dentro del PSOE como en la escena pública. Tras abandonar formalmente el grupo socialista y pasar al Grupo Mixto, el exministro ha dicho sentirse víctima de un “linchamiento político-mediático”.
Por su parte, desde el Ministerio de Transportes no ha habido por el momento reacción oficial a la querella, aunque fuentes del entorno de Óscar Puente aseguran que el informe se realizó “con total profesionalidad y transparencia”.
El enfrentamiento entre Ábalos y Puente pone de manifiesto las tensiones latentes en el PSOE tras años de gestión marcada por la pandemia y sus consecuencias económicas y políticas. La querella presentada este lunes no solo es un desafío jurídico, sino también un pulso por el relato histórico de una etapa compleja.
Si los tribunales dan crédito a las acusaciones de Ábalos, podría iniciarse una causa contra quienes lo investigaron, desdibujando las certezas que han guiado hasta ahora el caso Koldo. Si, en cambio, la querella se archiva, el exministro quedará aún más debilitado en su defensa.
Mientras tanto, la Justicia deberá dirimir si se trató de una auditoría técnica o de una caza de brujas con firma institucional.
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