«Se trataba de una persona sentada en el pasillo de acceso a la Sala Tirant I, mirando su móvil y un portátil, y que entraba a cada receso en la sala a hablar con la jueza titular»
Investigacion Judicial01 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
Los juzgados de toda España cierran este mismo miércoles 31 de julio y ya retomarán su actividad en el mes de septiembre. Aun así, las últimas horas suelen dejar sorpresas y la investigación sobre la dana de Valencia no se ha quedado atrás.
En este sentido, la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, uno de los dos investigados en la causa del temporal, ha pedido al Juzgado número 3 de Catarroja que aclare si el marido de la jueza titular, que es magistrado en otro juzgado, tiene algún tipo de autorización para participar en la instrucción de la gestión de la riada.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, los abogados de Argüeso detallan la presencia en varios momentos de la instrucción del magistrado del Juzgado número 4 de Valencia, cónyge de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. Paralelamente, han presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ya hiciera hace dos meses la exconsellera Salomé Pradas, la otra investigada en esta causa, para pedir que se aparte a la jueza instructora del caso.
En su escrito al juzgado, la defensa asegura que «desde el primer día» les «llamó la atención» la presencia en lugares donde se llevaban a cabo declaraciones y testificales de «un individuo que estaba en el pasillo, y que no parecía ser agente judicial, guardia civil, funcionario, personal de seguridad o de limpieza» y que posteriormente, supieron que estaba casado con la jueza.
«Se trataba de una persona sentada en el pasillo de acceso a la Sala Tirant I, mirando su móvil y un portátil, y que entraba a cada receso en la sala a hablar con la jueza titular». detalla el escrito. Igualmente, resaltan que esta persona «ha estado actuando en el juzgado de su esposa, en interrogatorios a víctimas, parece que incluso diciéndole a su esposa cómo hacer o no determinadas preguntas».
«De ser cierto, el referido magistrado podría estar influenciando en la marcha de la instrucción referida, pudiendo encontrarnos con una posible nulidad total o parcial de actuaciones, según lo intenso o no de la participación del mismo en la causa», afirma. Por todo ello, solicita a la letrada de la Administración de Justicia de este juzgado que aclare en cuántos interrogatorios ha participado el marido de la jueza, si ha participado en la redacción de resoluciones o si consta algún tipo de autorización o habilitación que le permita actuar en este Juzgado.
También pide que se le facilite el acceso a la grabación de la declaración de dos testigos en la que asegura que hubo una participación activa de ese otro magistrado, así como que se señale el nombre de todas las victimas que prestaron declaración ese día. Por otra parte, el mismo escrito valora que el informe de la Guardia Civil que destaca la «inexistencia de avisos» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pese a la crecida del Poyo, es «extraordinariamente brillante y completo» y «analiza de forma muy profesional la cronología y desbordamientos en relación con las víctimas de la dana».
Recuerda que en base a ese informe una de las partes pidió que se llamara a determinadas personas como investigadas y se hicieran determinadas diligencias, pero la jueza lo denegó por considerar que el informe era «erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias delos intervinientes» el día de la dana.
La queja que la defensa de Argüeso ha presentado al CGPJ se adhiere a la petición que ya realizó Pradas contra la jueza y la amplía con nuevos hechos. Denuncia que la jueza ha actuado de «forma antijurídica» al no acumular las acusaciones populares en la causa, lo que genera «indefensión total» porque tienen que litigar «con casi setenta acusaciones».
Además, incide en que mantiene la imputación de Argüeso «como una foto fija, aun cuando carece de motivaciones concretas» y apunta que «ninguna de las acusaciones supo dar un motivo concreto de imputación de los investigados». Asimismo, se refiere a la situación que han expuesto en su escrito sobre el marido de la jueza y por todo ello, pide que «se suspenda a la jueza» y su marido, y que «continúe la instrucción su sustituto legal».
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