Condenado el director del pseudomedio El Plural por difamar a víctimas de ETA y fabricar informaciones falsas

Los tribunales acreditaron que Garrido publicó informaciones falsas sobre supuestos sueldos elevados de Alcaraz y su mujer, atribuyéndoles ingresos mensuales de 6.000 y 3.000 euros respectivamente. Dichos datos nunca fueron verificados ni respaldados por documentación alguna

El Tonto del dia18 de diciembre de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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Chema Garrido

El pasado judicial de Chema Garrido, actual director de "El Plural" próximo al PSOE, vuelve a cobrar actualidad tras una cadena de informaciones falsas y manipuladas publicadas bajo su dirección. La combinación de una condena firme del Tribunal Supremo, la difusión de bulos de alto impacto y su estrecha vinculación política dibuja un perfil que reabre el debate sobre la ética periodística en España.

La condena del Tribunal Supremo por vulnerar el honor de Francisco José Alcaraz
En 2007, Chema Garrido fue condenado por vulnerar el derecho al honor de Francisco José Alcaraz, entonces presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y de su esposa. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, que ratificó el fallo de la Audiencia Provincial de Jaén.

Los tribunales acreditaron que Garrido publicó informaciones falsas sobre supuestos sueldos elevados de Alcaraz y su mujer, atribuyéndoles ingresos mensuales de 6.000 y 3.000 euros respectivamente. Dichos datos nunca fueron verificados ni respaldados por documentación alguna.

El Alto Tribunal dejó claro que no existía interés informativo legítimo y que se había producido una intromisión ilegítima en el honor de ambos demandantes. Como consecuencia, Garrido fue condenado a indemnizar con 900 euros a Francisco José Alcaraz y otros 900 euros a su esposa, dentro de una responsabilidad solidaria.

La sentencia fue especialmente contundente al señalar la ausencia total de diligencia periodística, subrayando que la libertad de expresión no ampara la difusión de datos falsos, y menos aún cuando afectan a víctimas del terrorismo de ETA.

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Vinculación política con el PSOE y proyección profesional
Pese a la condena firme del Supremo, la carrera de Garrido no solo no se vio interrumpida, sino que continuó desarrollándose en el entorno del Partido Socialista. El periodista ejerció como secretario de Comunicación del PSOE en San Sebastián de los Reyes, además de ocupar un puesto como asesor y jefe de comunicación en el Ayuntamiento.

Durante esa etapa, fuentes municipales señalaron que Garrido apenas acudía a su puesto de trabajo pese a percibir un salario público, una circunstancia que nunca fue aclarada oficialmente. Aun así, su proximidad a cuadros relevantes del partido se mantuvo y se reforzó con el paso del tiempo.

Su cercanía con figuras como Rafael Sánchez Acera y con el entorno de la ex jefa de Gabinete de Óscar López terminó facilitando su llegada, en 2022, a la dirección de un medio digital alineado editorialmente con el PSOE.

El bulo de la bomba lapa: alarma pública sin pruebas
Ya como director, Garrido volvió a situarse en el centro de la polémica por la difusión de informaciones falsas de extrema gravedad. Uno de los casos más notorios fue la publicación de una noticia que alertaba de la supuesta colocación de una bomba lapa a Sanchez, una afirmación que generó una alarma social inmediata.

La información no estaba respaldada por fuentes oficiales ni por datos contrastados. Horas después, tuvo que ser corregida al quedar demostrado que no existía ningún artefacto explosivo ni amenaza real. La rectificación, no llegó cuando la noticia ya se había difundido masivamente.

Este episodio evidenció un patrón preocupante: titulares sensacionalistas, ausencia de verificación y correcciones tardías con escasa visibilidad.

El bulo de los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado
Otro caso especialmente grave fue la publicación de una información que atribuía al juez Juan Carlos Peinado la posesión de dos documentos nacionales de identidad distintos. La insinuación buscaba desacreditar su labor judicial y sembrar dudas sobre investigaciones sensibles relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

La afirmación resultó ser falsa y carecía de cualquier respaldo documental. No existía constancia oficial de irregularidad alguna por parte del magistrado. Aun así, la información fue difundida como si se tratara de un hecho probado, dañando la reputación del juez.

De nuevo, la corrección llegó después, cuando el daño ya estaba hecho.

Una cadena de informaciones falsas y manipuladas
Los casos de la bomba lapa y de los supuestos dos DNI no son episodios aislados. Bajo la dirección de Chema Garrido se han publicado contenidos sensacionalistas con errores graves sobre dirigentes del Partido Popular y de Vox, así como sobre otras figuras públicas, incluyendo el conocido caso de Revuelta.

El denominador común es siempre el mismo: informaciones no contrastadas, interpretaciones forzadas y titulares diseñados para el impacto político más que para la veracidad. Un modus operandi que recuerda de forma inquietante a la condena de 2007, basada precisamente en la difusión de datos falsos sin comprobar.

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Silencio ante las críticas
A pesar de la gravedad de estos antecedentes, Garrido ha evitado dar explicaciones públicas detalladas. Intentos de contacto por parte de otros profesionales de la información no obtuvieron respuesta, ni se produjeron aclaraciones que permitieran conocer su versión sobre la reiteración de bulos y errores.

Este silencio refuerza las críticas sobre la falta de rendición de cuentas y sobre el uso del medio como herramienta de desgaste político.

Un problema que va más allá de un nombre propio
El caso de Chema Garrido no es una anécdota personal, sino un síntoma de un problema más amplio: la utilización del periodismo como arma partidista. Cuando un director de medio acumula una condena firme del Tribunal Supremo y continúa difundiendo informaciones falsas de alto impacto, la credibilidad del conjunto del sector se resiente.

La ética periodística exige veracidad, contraste y responsabilidad. Sin esos principios, la libertad de prensa se degrada y la desinformación se normaliza, con un daño directo a la confianza de los ciudadanos en los medios y en las instituciones.

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