El apagón de este año y la incertidumbre regulatoria están fragmentando proyectos, acelerando expropiaciones y destruyendo tierras agrícolas
Nacional04 de agosto de 2025 AE
Energías renovables contra el campo. Esa es la triste realidad que miles de agricultores viven hoy en España. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez, con apoyo del globalismo de la Unión Europea y su Agenda 2030, presume de liderazgo en energía solar fotovoltaica (ha crecido de 7 GW en 2018 a 32,3 GW en 2024), los campos de Jaén, Córdoba, Granada o Extremadura sufren una devastación silenciosa: la sustitución de olivares centenarios por placas solares.
El precio de esta «transición verde» lo pagan quienes viven del campo, viendo cómo sus tierras son expropiadas en nombre del interés público. Las energías renovables contra el campo no son una casualidad: responden a un modelo que privilegia a fondos de inversión y multinacionales extranjeras, frente al trabajo del agricultor español al que están arruinando.
Fragmentación fraudulenta y expropiaciones implacables
Desde 2023, el mercado de renovables cambió de estrategia. Según TTR Data, las inversiones cayeron un 62 % y los megaproyectos dieron paso a múltiples instalaciones de menos de 50 MW. Esta fragmentación permite evitar la regulación estatal, tramitándose directamente en comunidades autónomas, con más facilidad para acelerar expropiaciones.
Esto se hizo evidente tras el apagón del 28 de abril de 2025. La falta de inercia eléctrica y la penetración de renovables desestabilizaron la red. El resultado: más fragmentación para sortear controles, como ocurrió en Granada (Ence Atarfe, 76 hectáreas expropiadas) o León (La Llanada y Caelum IV, con 83 fincas afectadas).
SOS Rural denuncia que estos «troceos» constituyen un fraude de ley. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les da la razón: tumbó la autorización a Calentona Servicios y Gestiones S.L. por dividir su megaproyecto en tres partes para evadir controles ambientales.
Leyes a medida para despojar al campo
El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025 tras el apagón, facilitando las expropiaciones con «declaraciones de utilidad pública». Aunque fue derogado en junio gracias al rechazo de PP, VOX y Podemos, las expropiaciones continúan gracias a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que permite declarar de utilidad pública cualquier planta de más de 3 MW.
El proceso es casi automático: publicación en el BOE o boletines autonómicos, periodo de alegaciones de 30 días, fijación de justiprecio y expropiación. Las CCAA, como en Andalucía, son clave en esta maquinaria. En Granada se han expropiado más de 2.200 parcelas desde 2022.
La frase energías renovables contra el campo cobra sentido cuando vemos que el agricultor pierde sus tierras por 1.500-3.000 euros/ha al año, mientras las grandes corporaciones multiplican sus beneficios con subvenciones europeas y venta de energía.
Olivares arrasados: una tragedia nacional
En Jaén y Córdoba, una empresa británica proyecta una planta de 4000 hectáreas. Más de 1000 agricultores serán afectados y se talarán 100.000 olivos. Para Corbalán de SOS Rural, es una barbaridad: «Hay cosas que carecen de precio… no hay dinero suficiente que lo compense».
En Granada, muchos propietarios ni se enteraron hasta ver su parcela en el BOJA. Las energías renovables se imponen desde el silencio institucional.
El campo responde: acción judicial y resistencia
La ciudadanía reacciona. Plataformas como STOP Megaplantas Solares y Campiña Norte crecen desde 2021. Tras el apagón, la oposición se intensificó. En Jaén, se escucha: «No quiero dinero ni placas, quiero mis olivos».
El 22 de julio, SOS Rural y Ecología y Libertad anunciaron una macrocausa judicial. «Antes de fin de mes iniciaremos acciones legales para revisar todos los proyectos en Lopera, en funcionamiento o en trámite», anunció Corbalán.
Llevan 132.000 firmas contra la tala de olivos, con objetivo de 300.000. ASAJA denuncia que proyectos en León desmantelan S.A.U (superficie agraria útil), atentando contra la soberanía alimentaria. «Nos dejarán sin seguridad alimentaria», advierte Corbalán.
Una amenaza contra España rural
Las energías renovables contra el campo representan una amenaza directa al alma productiva de España. El modelo actual destruye olivares centenarios, arrasa con cultivos, despoja a familias de sus tierras, y beneficia a fondos extranjeros y corporaciones globalistas.
Es momento de actuar. Defender el campo español es defender España.
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