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El ayuntamiento murciano de Jumilla (27.300 habitantes) hizo historia la semana pasada al ser el primero de España en aprobar la prohibición, de manera anticipada y generalizada, de la celebración de fiestas islámicas en espacios municipales y en la vía pública.
La medida, adoptada en el pleno del consistorio, surge a raíz de una moción presentada por Juan Agustín Carrillo, único representante de VOX en el municipio, y respaldada —tras modificaciones— por el Partido Popular.
La resolución impide explícitamente que vuelvan a celebrarse actos como el final del Ramadán (Aid el Fitr) o la Fiesta del Sacrificio (Aid el Adha), eventos clave en el calendario religioso musulmán. Navarro defendió la medida señalando que estas festividades constituyen «una costumbre foránea ajena a nuestra cultura».
En declaraciones recogidas por el medio local Siete Días Jumilla, subrayó que «las tradiciones españolas deben ser preservadas frente al intento de la izquierda de introducir hábitos contrarios a nuestra identidad nacional». Aunque afirmó apoyar la libertad religiosa, matizó que esta debería practicarse exclusivamente en el ámbito privado.
La decisión ha generado una fuerte controversia. Juana Guardiola, portavoz del PSOE local, denunció que la iniciativa es «sectaria y discriminatoria», y criticó que se excluya a una parte significativa de la población jumillana. «Un ayuntamiento debe representar a todos sus ciudadanos, sin importar su fe», declaró. Por su parte, el edil socialista Juan Antonio González Gomáriz expresó su rechazo a través de redes sociales, donde calificó lo ocurrido de «vergonzoso».
La comunidad musulmana de Jumilla, que representa aproximadamente un 7,5% de la población (cerca de 2.000 personas, en su mayoría de origen marroquí), queda directamente afectada por esta decisión. La alcaldesa Severa González López, del PP, dirige el municipio con mayoría simple (diez concejales) gracias al apoyo del concejal de VOX, mientras que los partidos de izquierda suman nueve ediles.
Si bien otros consistorios en España —especialmente en Cataluña— han rechazado ocasionalmente solicitudes para celebrar actos religiosos musulmanes en instalaciones públicas como polideportivos o plazas, hasta ahora ninguna administración local había optado por una prohibición anticipada y genérica. Las denegaciones anteriores solían justificarse por cuestiones logísticas, de seguridad o sanitarias, sin apelar a criterios religiosos, algo que sería contrario a la legalidad.
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