Recuerdo muy bien cómo, cuando empezaron a llegar a España los primeros exiliados que huían de la dictadura comunista que Chávez había conseguido implantar en Venezuela, les preguntábamos qué había pasado para que no se dieran cuenta de lo que se les estaba viniendo encima. Y siempre nos contestaban que no se dieron cuenta porque Chávez había disimulado muy bien, dando pasos que, al principio, parecían reformas democráticas.
Y también recuerdo cómo estos mismos exiliados, que ya llevan décadas fuera de su país, cuando Zapatero empezó a dar los primeros pasos en la línea que hoy sigue Sánchez, nos decían que tuviéramos cuidado porque estaba haciendo en España lo mismo que hizo en su momento Chávez y ha continuado haciendo Maduro.
Nosotros les decíamos «eso no puede pasar aquí porque nuestra Constitución lo impide» y ellos respondían «nuestra Constitución era exactamente igual y mirad cómo estamos». Yo creo que ha llegado la hora de poner en marcha todas las señales de alarma porque instaurar en España una dictadura bolivariana ya no es un proyecto inimaginable, sino que es el proyecto evidente de Sánchez y su Frankenstein. Ya no hay ni siquiera intentos de disimular. El camino para llegar a ser como la Venezuela de Maduro ya lo recorre el sanchismo sin complejos y sin pausa.
No tenemos más que enumerar algunas de las iniciativas que, sin reconocer ninguna responsabilidad en los innumerables casos de corrupción que les asedian, los social-comunistas del Gobierno están impulsando.
Podemos empezar con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretenden sacar. De acuerdo con ella la Instrucción de los procesos penales ya no corresponderá a los jueces, sino a los fiscales, cosa que ocurre en muchos países occidentales, con la diferencia de que en ellos la Fiscalía es independiente, no como aquí, que ya sabemos de quién depende. Con ello, la Policía Judicial, que hoy es la UCO, pasaría a depender de los fiscales y no de los jueces.
El Consejo de Estado se reunió en pleno el pasado 29 de julio para informar sobre esa Ley, y en esa reunión el prestigioso jurista y consejero de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, presentó un voto particular al que merece la pena prestar atención. En síntesis, demostró que, si esa ley saliera adelante, la separación de poderes, esa seña de identidad intocable de todo Estado de Derecho, quedaría absolutamente dañada.
Herrero tuvo el coraje de denunciar, delante del fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, que, por razón de su cargo, es consejero de Estado nato y allí estaba presente, las consecuencias de quitar a los jueces la instrucción en España para pasársela al Ministerio Fiscal.
Más aún, afirmó que era especialmente inoportuno presentar una ley que incrementa las competencias del fiscal general del Estado en un momento en que este fiscal está imputado por existir la justificada sospecha de haber cometido un grave delito. Textualmente dijo:
«Sin duda, esta situación deberá cesar o bien por la eliminación de tal sospecha, como por la continuidad del proceso y la apertura del juicio oral. Ahora bien, el escándalo que produce en la conciencia ciudadana la coincidencia de una situación de imputado y el incremento de sus funciones, cualquiera que sea la duración de la coincidencia, debe ser evitado».
Aunque este proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los pasos más decididos en el camino de Venezuela, no es el único. Hay muchos más:
Como cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, prescindiendo del vigente sistema de oposición.
Como cambiar el Reglamento del Congreso de los Diputados para echar a los periodistas que no les gusten.
Como negarse a facilitar al Congreso de los Diputados la razón de los viajes del Falcon, sus ocupantes y el destino. Y eso que presumen de transparencia, demostración inequívoca de que para conocer a los sanchistas hay que aplicar el refrán español de «dime de qué presumes y te diré de lo que careces».
Como cambiar la Ley de Secretos Oficiales, imponiendo un plazo que puede llegar a los 80 años y unas multas de hasta dos millones de euros, incluso si se ha tenido conocimiento del asunto por vías no oficiales.
Como colonizar todas las instituciones del Estado con fieles adoradores del autócrata, desde el Consejo de Estado a RTVE, del Tribunal de Cuentas a la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional a Correos, y no sigo porque son todas.
Como intervenir en las empresas privadas que se le antojan, comprando acciones con el dinero de todos los españoles, desde Telefónica a Talgo, pasando por Indra.
Como presumir de poder gobernar sin el Poder Legislativo y no presentar proyecto de Presupuestos, aunque la verdad es que de esto me alegro porque estoy convencida de que, con unos nuevos presupuestos, el Estado gastaría todavía mucho más.
O como permitir que RTVE pusiera un tuit el pasado 28 de julio en el que, sin vergüenza, decía: «Hoy es el aniversario de la victoria de Maduro», cuando las actas certificadas por la Fundación Carter garantizan la derrota sin paliativos de Maduro, que no pudo presentar ni una sola acta.
Que la tele de Sánchez festeje el pucherazo golpista de Maduro frente al reconocido vencedor por todo el mundo, Edmundo González, y que, transcurridos varios días no hubieran borrado el tuit, podría ser un indicio de que, como ya anuncia el socialista Tomás Gómez, Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir en el poder y una prueba evidente de cómo, sin pausa, Sánchez y los suyos nos están llevando a Venezuela.
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