Cambalache sistémico

Cambalache: Acuerdo o intercambio entre dos o más partes alcanzado de forma poco transparente.
Sistémico: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general, por oposición a local.

Igual se preguntan a qué obedece el título de este artículo. Es muy sencillo. Basta con observar lo que estamos viviendo desde hace un tiempo. Nos regimos por acuerdos que se toman no se sabe bien dónde, ni por quién, ni de qué manera, Y ello está afectando a prácticamente todos los ámbitos políticos.

Siete votos estratégicos, los que ha necesitado Pedro Sánchez para obtener la investidura de un Gobierno altamente tóxico, con el apoyo de los restos del 15-M, los herederos de ETA y quienes recogen las nueces del árbol por ellos agitado, han condicionado transversalmente las políticas posteriores de un modo tal que están necesitando encandilarnos con grandilocuentes explicaciones, tan falsas como evidentes. Y si alguien intenta desmontarlas, se enfrenta incluso a anunciados cambios legislativos que van a incidir directamente en el núcleo duro de lo que es la libertad de expresión en una sociedad democrática.

Pondré unos ejemplos, la mayor parte de ellos, aunque no todos, relacionados con nuestra integración en Europa ya que, quizás por creer que desconocemos los intríngulis y entresijos de lo que se cuece en las instituciones europeas, se presta más a los interesados intentos de manipulación que padecemos.

Uno los mantras ahora socorridos, es la manida afirmación de varios de nuestros políticos consistente en que, la Comisión Europea considera que en la malversación del procés no se han visto afectados fondos europeos. Al margen de que la corrupción perseguida por la UE no se limite a la afectación de fondos europeos, hay que leer bien el Informe por ella emitido y, sobre todo, asistido a la vista oral que ha tenido lugar ante el Tribunal de Luxemburgo para comprobar que esto no es así.

Lo que ha sido repetido hasta la saciedad por la Comisión es que «no se ha podido probar la afectación» de fondos europeos, quizás porque el procedimiento y los plazos que marca la ley cuestionada en la cuestión prejudicial, la Ley Orgánica de Amnistía, lo han impedido o dificultado. Que no se haya podido probar la afectación no es lo mismo que afirmar que tales fondos no hayan sido afectados.

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Precisamente está ahí el núcleo duro de lo sucedido en la vista ante el TJUE a este respecto: no se ha podido probar todavía, pero puede ser probado en breve, puesto que el Tribunal de Cuentas tiene suspendido el procedimiento instado por Sociedad Civil Catalana al respecto y, en cuanto el TJUE dicte la sentencia, podrá realizar las últimas diligencias necesarias para ello. No nos intenten confundir, que las medias verdades son tan susceptibles de ser confrontadas como las mentiras.

También se nos ha querido confundir con el efecto de las sentencias del Tribunal Constitucional intentando generar la opinión de que tras ellas no cabe recurso alguno. Esta frase, dicha en el ámbito estrictamente interno, es cierta, pero, para bien o para mal, nuestra integración en la Unión Europea nos sitúa bajo la jurisdicción del TJUE, que quien tiene que velar, entre otras cosas, por la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados miembros. 

Por ello, aunque el TC español haya dictado una sentencia, en cualquier tipo de procedimiento, se puede presentar una cuestión prejudicial si se tienen dudas de la adecuación de la sentencia al Derecho de la UE; en tal caso el tribunal que la presente, suspende la aplicación de la sentencia del TC hasta el que el TJUE le diga si esa sentencia interna es correcta o no.

La primacía del Derecho de la UE así lo impone puesto que, de lo contrario, se podría provocar una quiebra sistémica del Derecho europeo incompatible con la misma existencia de la UE. Así lo ha considerado la Audiencia de Sevilla, presentando una cuestión prejudicial acerca de la sentencia del TC sobre los ERE. Y por ello ha seguido su curso la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas sobre la Ley Orgánica de Amnistía.

 El TC no quiso tener la deferencia de esperar a dictar sentencia sobre tal ley a que se pronunciara el TJUE, como hubiera sido lo correcto en un sistema como el que deriva del necesario «diálogo entre tribunales» que tiene lugar en un sistema jurídico complejo como es el de los Estados miembros de la UE.

Sin olvidar que tenemos más de 20 recursos de amparo, el de Puigdemont recientemente interpuesto incluido, pendientes de resolución ante un TC que tendrá que medir bien la compatibilidad de sus sentencias con el Derecho de la UE, ya que podrán ser objeto, en su caso, de sendas cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Así que no intenten confundirnos, que tenemos claro que antes se pilla a un mentiroso que….

También están creando una confusión interesada en relación con el régimen lingüístico de la UE, intentando que el catalán, el gallego y el vasco sean lenguas oficiales y de trabajo, especialmente en el Parlamento Europeo. 

Siete veces lo han intentado sin ningún éxito y lo último que a nuestros políticos se les ha ocurrido es argumentar que se está discriminando a España en la UE porque no se reconoce nuestro régimen constitucional de cooficialidad de las lenguas. Vamos, que lo que están diciendo es que en España son tan oficiales el español como el catalán, el vasco y el gallego lo cual es diametralmente falso. Catalán, vasco y gallego no son oficiales en España. Lo son, junto con el español, en las comunidades autónomas que su Estatuto de Autonomía les otorga tal rango.

Así que no me extraña que la oposición a la pretensión española, representada por Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Suecia, Bulgaria y Croacia, además del Servicio Jurídico del Consejo, sea cada vez más extensa y profunda. Lo dicho. Adoptar la propuesta española significaría tener que reformar previamente los Tratados de la UE y el reglamento de usos lingüísticos. Todo ello por unanimidad. No intenten confundir, que en este caso van a hacer el mayor ridículo ante las Instituciones europeas y el resto de Estados miembros de la UE.

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Otra mentira creativa es la que consiste en afirmar que la financiación singular para Cataluña es un instrumento federal. El federalismo no admite singularidades que ponen en peligro al sistema, como es lo que se propone. Ya estuvieron prácticamente enamorados del llamado «federalismo asimétrico» hasta que fue tan abrumadora la crítica a la expresión que orillaron tal «constructo» y únicamente saca de vez en cuando tímidamente las orejitas, puesto que lo han sustituido por eso de que la financiación singular para Cataluña será «única, federal y extensible al resto de Comunidades».

Basta con reproducir las palabras del antiguo presidente de Asturias, Javier Fernández, reconocido socialista federalista, cuando afirma que más bochornoso que el contenido de tal pretensión lo es que se la intente definir como federal. 

La Constitución, e incluso el Derecho de la UE, se oponen a regímenes fiscales de privilegio, defienden una unidad de mercado, con libre circulación de personas, bienes y servicios, que es puesta en entredicho por los efectos de esa financiación singular que, según afirman los propios inspectores de Hacienda, puede reforzar el fraude fiscal y no es constitucionalmente admisible porque los regímenes de concierto y cupo, que es lo que, en esencia, pretende el sistema singular que quieren imponer, sólo están previstos para los regímenes forales del País Vasco y Navarra que, dicho sea de paso, van a tener que ir adaptándose a la armonización fiscal que va, aunque lentamente, avanzando en el seno de la UE.

Lo que procedería es precisamente lo contrario de lo que se pretende. Lo que se necesita es reforzar las previsiones constitucionales de prohibición de privilegios económicos o sociales (art. 138.2 CE), la igualdad de derechos y obligaciones en todo el territorio español (art. 139.1 CD) y hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial (art. 158 CE). Es posible, que no lo sé, que Cataluña (u otras comunidades) precise de una mejor financiación. 

Pero sí sé que no la necesitamos para financiar unas inconstitucionales relaciones internacionales de la Generalitat. Tampoco para subvencionar una «policía del catalán» que sancione en escuelas, universidades y servicios sanitarios o a comercios y entidades privadas. Y mucho menos para hacer efectivo el chantaje que, con la bendición del presidente y Gobierno de la Generalitat, continúa siendo moneda de cambio en el mantenimiento del cambalache sistémico en el que estamos sumidos.

También se ha puesto de moda afirmar que la justicia y la administración deben ser reformadas en su acceso para democratizarlas. La justicia no tiene que ser democrática sino justa, es decir, independiente e imparcial, servida por jueces y magistrados formados con criterios de calidad que garanticen que están sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117.1 CE). Y lo mismo podemos afirmar de una Administración que, según dispone la Constitución sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE).

Jueces y fiscales se están oponiendo firmemente a cambios en el sistema de acceso que no garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y lo mismo sucede con los altos cargos de la Administración, servidos por funcionarios que han superado pruebas similares a las de sus homónimos europeos más períodos de prácticas, sujetos a los mismos principios. 

Suscriben el manifiesto contra tales reformas la asociación de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Confederación Española de Policía y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Todo el facherío nos dirán. Pretender que, en aras de reforzar falsamente la democracia, se sustituyan los criterios constitucionalmente establecidos de igualdad, mérito y capacidad, por no se sabe bien qué indicadores derivarían de la realización, en escuelas de formación creadas por el Gobierno, de cursos, másteres u otras componendas, no responde a otro criterio más que al intento sistemático de colonizar las instituciones públicas mediante criterios de selección política.

Todo este cambalache es reconocido directamente por quienes lo perpetran. Afirman ellos mismos, desde el Gobierno, que no saben si durarán dos años o dos meses y desde «los socios» que, a la espera de acontecimientos, van a intentar sacar de ello todo lo posible mientras puedan. 

De este modo, entre chantajes, golferías y corruptelas, se van tejiendo los hilos que conducen a un desguace político, económico e institucional que transforma de facto nuestro sistema constitucional de monarquía parlamentaria en otro régimen de constitución nominal o, incluso, semántica, en el que las palabras pierden su significado y se convierten en vocablos de autojustificación imposible.

Para rizar el rizo, en el marco de nuestro cambalache sistémico, hemos tenido que presenciar cómo, en la reunión bolivariana en la que nuestro presidente del Gobierno, actuando también como presidente de esa actualmente capitidisminuida Internacional Socialista, pretende demostrar su talla de estadista internacional, ha afirmado sin que nadie le tosa y sin ningún rubor que, en España, la corrupción se ha terminado en 2018. Corrupción la hay y la ha habido.

Y la habrá mientras no se reforme la hipócrita Ley de financiación de partidos políticos vigente o se regule de una vez por todas la acción de los lobbies, amén de lo que denominamos «puertas giratorias», tal como nos vienen reclamando desde el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o la misma Comisión Europea, en sus Informes sobre el Estado de Derecho relativos a España.

Toda corrupción, además de ser delictiva, afecta profundamente a la percepción que la ciudadanía tiene sobre sus instituciones y por ello tiene que ser perseguida, afecte a quien afecte. Pero afirmar que en España la corrupción se terminó en 2018 es pura mentira.

Tenemos pleitos abiertos sobre sendos secretarios de organización de un partido político que han ocupado además cargos ministeriales u otros de alto rango en la administración pública, nombrados por el actual presidente del Gobierno quien, además, está rodeado de familiares que también deben responder ante los tribunales por presuntos delitos de corrupción. ¿Terminó la corrupción en 2018 o nuestro todavía presidente del Gobierno ha sufrido una «deslocalización temporal»?

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