Impacto España Noticias
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha formalizado la adjudicación de un contrato por valor de 3.051.582 euros destinado a prestar servicios de atención psicológica a los afectados por la DANA, a favor de la Fundación Manantial. La operación se ha llevado a cabo a pesar de que tres meses antes la Abogacía del Estado emitiera un informe jurídico extremadamente crítico que desaconsejaba continuar con el procedimiento.
La entidad adjudicataria está encabezada por Elena Biurrun, exalcaldesa de Torrelodones y exjefa de gabinete de un ministro socialista, cuya trayectoria política se ha desarrollado en entornos próximos al actual Gobierno. La Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI), organismo dependiente de Sanidad y presidido por Alberto Oliver, exdiputado de Más Madrid, ha sido la responsable directa de esta adjudicación.
Un informe jurídico ignorado
El 14 de marzo de 2025, la Abogacía del Estado emitió un documento en el que advertía de graves deficiencias legales en los pliegos de licitación. El dictamen, de carácter desfavorable, señalaba la “escasa precisión jurídica” del texto y la reiteración innecesaria de ideas, pero lo más relevante eran los más de veinte indicios de irregularidades detectados.
Entre ellos figuraban cláusulas expresamente calificadas como contrarias a la ley por el Tribunal Supremo y la Junta Consultiva de Contratación Pública, así como requisitos que podían considerarse discriminatorios, como la obligación de disponer de un sello expedido por el Ministerio de Igualdad, lo que suponía una barrera para otros posibles licitadores. El informe también advertía de la inclusión injustificada de la exención del IVA para servicios que no cumplían con la finalidad médica directa exigida por la normativa fiscal.
A pesar de la contundencia de este análisis jurídico, el proceso siguió adelante sin modificaciones sustanciales.
La tramitación del contrato
El 26 de marzo de 2025, apenas doce días después de recibir el informe desfavorable, Alberto Oliver dio luz verde a la continuación del expediente. Ese mismo día, la FCSAI envió invitaciones para participar en el procedimiento a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La mesa de contratación se constituyó el 30 de abril, y el 20 de mayo se requirió a la Fundación Manantial que completara documentación menor en un plazo de tres días hábiles. El 23 de mayo se formalizó la adjudicación, alegando que la propuesta presentaba “la mejor relación calidad-precio”, pese a tratarse de un procedimiento sin publicidad y con una única oferta.
Vínculos políticos y trayectoria de los implicados
La Fundación Manantial está dirigida por Elena Biurrun, quien, además de su etapa como alcaldesa por Vecinos por Torrelodones, formó parte del equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo el mando de José Luis Escrivá. Su marido, Santiago Fernández, ha ocupado un cargo estratégico en Moncloa como jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, responsable de la gestión de fondos europeos.
Durante su gestión municipal en Torrelodones, el matrimonio se vio envuelto en polémicas relacionadas con las finanzas locales, incluyendo un déficit de 100.000 euros y una controvertida operación urbanística.
El presidente de la FCSAI, Alberto Oliver, proviene de las filas de Más Madrid, partido que lidera Mónica García. La red de antiguos miembros de Vecinos por Torrelodones también se extiende a otras figuras con cargos en el Gobierno central, consolidando la percepción de un entramado político afín.
El problema del IVA y otras deficiencias
Uno de los puntos más controvertidos detectados por la Abogacía del Estado fue la aplicación indebida de la exención del IVA. Según la Dirección General de Tributos, esta exención solo se aplica a servicios con finalidad terapéutica, diagnóstica o preventiva, quedando excluidos gastos auxiliares como viajes, alojamientos o equipamiento técnico. La confusión podría derivar en un problema fiscal significativo.
El informe también cuestionaba el uso del procedimiento de urgencia. Aunque este puede justificarse por la naturaleza catastrófica de la DANA, no subsana los defectos jurídicos detectados en la licitación. La redacción de los pliegos, plagada de imprecisiones y cláusulas contrarias a derecho, fue otro de los reproches destacados.
Conclusión del dictamen jurídico
El documento de la Abogacía del Estado concluía de forma tajante: “Por todo lo expuesto, esta Abogacía informa desfavorablemente el documento sometido a informe”. A pesar de ello, el contrato siguió adelante, obviando de forma evidente la advertencia.
Un precedente que recuerda a otros casos
La gestión de este expediente presenta similitudes con otros procedimientos de contratación en situaciones de emergencia, donde la premura se ha utilizado para flexibilizar requisitos legales. Este tipo de actuaciones, aunque enmarcadas en contextos de necesidad, pueden abrir la puerta a irregularidades administrativas y cuestionamientos judiciales.
En este caso, el resultado es un contrato millonario, adjudicado sin concurrencia real, con defectos jurídicos documentados y beneficiando a una entidad con conexiones directas con el entorno político del Gobierno. Todo ello en un servicio destinado a víctimas de una catástrofe natural, que merecían un proceso impecable y transparente.
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