
El escándalo fiscal que salpica al hermano del presidente: Hacienda a la espera de actuar
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El Registro Mercantil de Navarra recoge un objeto social inusualmente amplio y heterogéneo: desratización, digitalización de documentos, fontanería, mantenimiento de mobiliario, traducción, destrucción de archivos, organización de eventos, servicios administrativos y otros trabajos
Corrupción09 de agosto de 2025La sociedad Servinabar 200 SL, con sede en Navarra y dedicada oficialmente a servicios de lo más diversos, ha pasado en pocos meses de ser una empresa prácticamente desconocida fuera del ámbito local a situarse en el núcleo de la investigación judicial sobre la denominada “trama Koldo”. El caso, que salpica a varios niveles de la Administración y al entorno político del PSOE, apunta a una supuesta red de adjudicaciones irregulares y tráfico de influencias.
En el centro del foco, la figura de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, y un viejo conocido del administrador único de Servinabar, Antxón Alonso Egurrola, investigado por el Tribunal Supremo.
Origen y objeto social: de la desratización a la construcción
Servinabar 200 SL fue constituida el 4 de septiembre de 2015. El Registro Mercantil de Navarra recoge un objeto social inusualmente amplio y heterogéneo: desratización, digitalización de documentos, fontanería, mantenimiento de mobiliario, traducción, destrucción de archivos, organización de eventos, servicios administrativos y otros trabajos de diversa índole.
Este modelo de “cajón de sastre” en el objeto social es frecuente en sociedades pequeñas que buscan abarcar un amplio espectro de licitaciones públicas. Sin embargo, en mayo de 2020, justo cinco años después de su fundación, la empresa reformuló por completo su objeto, orientándolo hacia el sector de la construcción y obras públicas: elaboración y ejecución de proyectos de edificación, prevención de riesgos laborales y mantenimiento de instalaciones.
Un negocio en expansión: 5,8 millones de euros en ocho años
Entre 2015 y 2023, Servinabar facturó aproximadamente 5,8 millones de euros, según datos contables revisados por la investigación. La gran mayoría de esos ingresos procedieron de contratos de obra pública adjudicados por distintas administraciones.
En varios casos, la empresa concurrió en Unión Temporal de Empresas (UTE) con grandes constructoras como Acciona, lo que le permitió acceder a licitaciones de alto importe. Entre las obras más relevantes se encuentran:
Reforma del túnel de Belate (Navarra)
Actuaciones en el Navarra Arena
Construcción y rehabilitación de vivienda pública
El vínculo familiar y personal con Santos Cerdán
Más allá de la actividad empresarial, la atención de los investigadores se ha centrado en la relación directa entre Servinabar y el entorno de Santos Cerdán. Durante años, la empresa empleó a la hermana del dirigente socialista como administrativa y a su cuñado como albañil. Según la documentación obtenida, la primera percibió unos 22.000 euros en 2020, mientras que el segundo acumuló más de 61.000 euros entre 2019 y 2022.
Pero el nexo más llamativo apareció en junio de 2016. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó un contrato privado de compraventa de participaciones en el que Antxón Alonso Egurrola, administrador de Servinabar, transferiría a Santos Cerdán el 45 % del capital social (1.350 de 3.000 participaciones) por un precio de 6.000 euros.
Este documento, hallado en formato físico durante un registro, no fue nunca elevado a escritura pública. Por ello, ni el Registro Mercantil ni la documentación societaria oficial reflejan a Cerdán como socio.
Negaciones y versiones enfrentadas
Tanto el propio Cerdán como Servinabar han negado categóricamente que la operación llegara a materializarse. Según su versión, aquel contrato fue un preacuerdo sin efecto legal. El administrador, Antxón Alonso, declaró ante la justicia que “siempre ha sido socio único” de Servinabar y que no existe ninguna escritura pública que avale la entrada de Cerdán en el capital.
No obstante, para los investigadores, la mera existencia de ese documento es indicativa de un grado de proximidad y confianza entre Cerdán y Alonso que podría ser relevante para entender el entramado de adjudicaciones bajo sospecha.
El papel en la “trama Koldo”
La investigación, conocida mediáticamente como “trama Koldo” por el nombre del exasesor ministerial Koldo García, apunta a una red de influencias que habría facilitado adjudicaciones millonarias a empresas afines, a cambio de presuntas mordidas y contraprestaciones. Servinabar figura como beneficiaria de varios de esos contratos, tanto en Navarra como en otros puntos del país.
Los fiscales sostienen que las conexiones políticas y personales fueron clave para que Servinabar accediera a proyectos que, por su envergadura, resultaban poco habituales para una sociedad de su tamaño.
Perspectivas judiciales y repercusiones políticas
El Tribunal Supremo mantiene la investigación sobre la posible implicación de Santos Cerdán, dada su condición de aforado, y analiza si su relación con Servinabar pudo influir en la adjudicación de contratos. Paralelamente, Antxón Alonso Egurrola afronta diligencias por presunta participación en el entramado.
En el plano político, el caso erosiona la imagen del PSOE y del propio presidente Pedro Sánchez, dado que Cerdán es considerado su hombre de confianza en la dirección del partido. La oposición ha reclamado explicaciones públicas y la apertura de comisiones de investigación.
Servinabar 200 SL, nacida como una empresa polivalente y transformada en constructora, ha pasado a ser un símbolo de la mezcla entre negocios y política que investiga la justicia. Su evolución, sus contratos, su vinculación con la familia de Santos Cerdán y la existencia de un contrato privado que lo situaría como socio dibujan un panorama en el que las fronteras entre lo privado y lo público se difuminan peligrosamente.
El desarrollo de la causa judicial será decisivo para determinar si este caso es un ejemplo aislado o un eslabón más de una cadena de prácticas irregulares que han contaminado la contratación pública en España.
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