Impacto España Noticias
La tormenta política que ha estallado en Jumilla (Murcia) por la decisión del Ayuntamiento —gobernado por PP y Vox— de limitar el uso de recintos deportivos exclusivamente a actividades deportivas o a actos organizados por el propio consistorio, ha encendido las alarmas en el Gobierno central y en los partidos de izquierda. El grito de “discriminación” no se ha hecho esperar, especialmente porque la medida impide la celebración de fiestas musulmanas u otros eventos ajenos al deporte.
Sin embargo, la indignación selectiva vuelve a quedar al descubierto. Porque quienes hoy acusan de “veto ideológico” a un gobierno municipal conservador, olvidan —o quieren que olvidemos— que Yolanda Díaz, actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, protagonizó en 2007 un episodio casi idéntico… pero con la Semana Santa como objetivo.
El veto de Díaz en el Teatro Jofre
En 2007, Díaz era teniente de alcalde y concejal de Cultura en Ferrol, como parte de un gobierno formado por el PSOE y el BNG. Su vinculación ideológica no dejaba lugar a dudas: militante del Partido Comunista de España (PCE), hija de un histórico sindicalista comunista de Comisiones Obreras, y dirigente de Izquierda Unida en Galicia.
Nada más llegar al cargo, impulsó un reglamento de uso para el histórico Teatro Jofre, recién reabierto tras una costosa rehabilitación. La norma, presentada como “urgente” y elaborada con aportaciones de asociaciones afines, establecía que el teatro debía usarse únicamente para actividades culturales, prohibiendo de forma expresa cualquier acto religioso, político o sindical. La medida vetaba de facto uno de los eventos más queridos por la ciudad: el pregón de la Semana Santa ferrolana.
Las cofradías protestaron, el Partido Popular local denunció el “sectarismo” y llegó a acusarla de “profanar las catedrales civiles”, pero Díaz se mantuvo firme, asegurando incluso que el obispo respaldaba la medida.
De la teoría comunista a la práctica municipal
Para entender esta decisión hay que mirar más allá del momento concreto. Díaz no es una figura improvisada: su militancia en el PCE y su trayectoria en la órbita de IU siempre han estado acompañadas por un discurso de “control” del espacio público, en el que la neutralidad cultural y política pasa por eliminar del calendario municipal todo aquello que no encaje con una visión laicista estricta… aunque eso suponga borrar tradiciones históricas y muy arraigadas en la sociedad.
El resultado en Ferrol fue claro: un reglamento redactado para excluir expresamente actividades de carácter religioso, incluso cuando estas formaban parte del patrimonio cultural de la ciudad.
El paralelismo con Jumilla
La ironía es que hoy, cuando un ayuntamiento de signo contrario adopta una decisión basada en el mismo principio —limitar un espacio público a un uso específico—, Yolanda Díaz y su entorno se indignan y acusan de intolerancia. En Jumilla, las instalaciones deportivas solo se emplearán para deporte o actos municipales; en Ferrol, el Teatro Jofre se reservó solo para cultura. En ambos casos, se impidió que colectivos organizasen eventos que no encajaran en la definición oficial del uso del espacio.
La diferencia es que en 2007, para la entonces concejal comunista, aquello era “poner al teatro a la altura de los grandes centros de cultura del mundo”. Hoy, una decisión similar se califica de “inaceptable” y “excluyente”.
Un patrón político
La carrera de Yolanda Díaz está llena de alianzas estratégicas y rupturas traumáticas. Fracasó en su intento de acceder al Parlamento de Galicia hasta que se unió al nacionalista Xosé Manuel Beiras, que acabaría acusándola de traición. En Madrid, se ganó la confianza de Pablo Iglesias para después apartarse y lanzar su propio proyecto político, que ahora atraviesa un evidente retroceso electoral.
Pero en su forma de entender el poder municipal hay una constante: controlar la narrativa y los usos del espacio público para adaptarlos a un marco ideológico determinado. Y eso, en Ferrol, significó cerrar la puerta del principal teatro de la ciudad a un acto religioso popular, con el aplauso de la izquierda que hoy clama contra la medida de Jumilla.
En definitiva, el caso de Jumilla no es tan nuevo como algunos quieren vender. Ya tuvo su ensayo general en Ferrol, con la firma de una militante comunista que hoy ocupa uno de los despachos más poderosos del Gobierno de España.
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