Impacto España Noticias
El juez José Luis Calama ha aceptado la personación de la Asociación Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) en la causa Plus Ultra que su juzgado instruye contra varios directivos de la aerolínea venezolana y contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI.
El auto de Calama recoge que «se acuerda tener por personada y parte en las presentes actuaciones, en calidad de acusación popular, previa constitución de una fianza por importe de 5.000 euros, a la Asociación Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio -URVEX- y en su nombre y representación al Procurador de los Tribunales (…)».
En su petición de personación, realizada el pasado 24 de agosto, URVEX anuncia «para el momento procesal oportuno y a través de la dirección común, la aportación de documentación y la proposición de diligencias relativas a la dimensión venezolana de los hechos investigados, que se someten desde ahora a la consideración de su señoría».
Los venezolanos en el exilio argumentaron que «las presentes Diligencias Previas tienen por objeto la investigación de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, en relación con la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la mercantil Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. El secreto de las actuaciones fue alzado por resolución de 19 de mayo de 2026 y la causa continúa en fase de instrucción».
Y explican que son «una asociación española sin ánimo de lucro, constituida mediante acta fundacional de 30 de septiembre de 2024 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en virtud de resolución de 4 de agosto de 2026, con domicilio en Barcelona y ámbito de actuación en todo el territorio del Estado, cuya junta directiva está integrada en su totalidad por ciudadanos de nacionalidad española. Conforme a sus estatutos, la asociación carece de patrimonio fundacional y se financia con las cuotas de sus asociados».
Entre los fines de la asociación figuran «la denuncia de las estructuras de corrupción transnacional vinculadas al régimen venezolano y la defensa de los derechos de la diáspora venezolana en España. Dichos fines guardan conexión material con el objeto de las presentes actuaciones, en cuanto la investigación comprende el examen del accionariado de origen venezolano de la mercantil beneficiaria y el posible blanqueo de fondos procedentes de dicho país».
Hay que recordar que la Causa Plus Ultra se inició después de que las autoridades de Estados Unidos investigaran por blanqueo a Luis Felipe Baca Arbullu, Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, Enrique Martín Baca Arbulu, Miguel Palomero de Juan, Gabriela Puente Garaboa, Kristhian Alegre Walter y Simon Verhoeven. En una de esas conversaciones se referían a personas de nacionalidad española que acabaron llegando hasta José Luis Rodríguez Zapatero, por medio de su socio Julio Martínez.
De hecho, este mismo lunes declarará en la causa Julio Martínez Sola, ex presidente de Plus Ultra y figura clave en la aerolínea cuando se produjo el rescate. Y hay que tener en cuenta que la aerolínea tuvo entre sus accionistas a varios ciudadanos venezolanos.
Por eso el pasado mes de agosto la Audiencia Nacional pidió a la UDEF que realizase un estudio riguroso, profundo y exhaustivo sobre toda la evolución histórica del capital social de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. La decisión judicial respondía de manera directa a la petición formal elevada por el Ministerio Fiscal el 31 de julio.
La Fiscalía Anticorrupción considera imprescindible desentrañar los entresijos registrales, los movimientos accionariales y los flujos monetarios que permitieron la transformación corporativa de la compañía aérea, especialmente desde que se produjo la llegada masiva de inversores procedentes de Venezuela a partir del año 2017.
Constituida originalmente el 25 de agosto de 2011 por los socios fundadores, Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, la entidad experimentó profundas modificaciones en su estructura corporativa con el paso de los años. Según consta en la documentación del procedimiento judicial, el punto de inflexión se sitúa de forma temporal en el año 2017, momento en el que diversas personas físicas y jurídicas vinculadas al entorno venezolano comenzaron a tomar posiciones de control estratégico tanto en el accionariado como en los órganos de administración y gestión de la empresa.
El ministerio público apoya su solicitud en un informe previo elaborado por la UDEF-BBCA a finales del año pasado, concretamente el 14 de noviembre de 2025. Dicho análisis policial ya dejaba constancia de que, en abril de 2021, la radiografía del capital social presentaba una composición sumamente heterogénea.
El magistrado instructor y la fiscalía pretenden esclarecer con el máximo detalle la naturaleza jurídica y económica de las aportaciones dinerarias realizadas mediante diversos protocolos notariales. El informe de la fiscal, Elena María Lorente Pablo, subraya que el acceso de este capital extranjero a la estructura de la sociedad española se canalizó a través de múltiples escrituras públicas que ahora deben ser sometidas a una fiscalización minuciosa por parte de las unidades especializadas de la policía judicial.
Entre los inversores y gestores señalados expresamente en la causa figuran perfiles como Camilo Ibrahim Issa —quien cuenta con nacionalidad española—, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff.
Asimismo, la investigación judicial contempla el papel desempeñado por otros actores que mantuvieron relaciones financieras directas o de responsabilidad orgánica con la compañía, tales como Raif El Arigie Harbie y Alcíades José Carion Carrión. La revisión de estos instrumentos notariales resulta clave para entender cómo se estructuraron las ampliaciones de capital y si estas respondieron a aportaciones reales de fondos procedentes del extranjero.
La enorme relevancia que adquiere esta instrucción judicial radica en la necesidad imperiosa de valorar qué incidencia real tuvo la inyección de este capital venezolano en la consideración y viabilidad de la aerolínea, justo en un momento tan sensible como la tramitación de la ayuda pública que la compañía solicitó formalmente el 1 de septiembre de 2021.
Por este motivo, el mandato judicial exigía de forma expresa a la UDEF que trace una línea temporal completa y detallada desde los orígenes de la entidad mercantil hasta la actualidad. Los agentes policiales adscritos a la unidad especializada deberán auditar con luz y taquígrafos los desembolsos concretos y efectivos, la realidad económica de las aportaciones dinerarias y cualquier otro elemento financiero relevante que permita despejar de manera definitiva las incógnitas sobre la verdadera estructura de financiación de Plus Ultra.
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