La negativa de España a abonar estas compensaciones ha derivado en embargos efectivos o preventivos en distintos países, entre ellos Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos
Nacional14 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal de Distrito de Columbia (Washington D.C.) resolvió el pasado 12 de agosto en contra de dos recursos interpuestos por el Gobierno español, con los que pretendía frenar la ejecución de laudos arbitrales favorables a inversores europeos perjudicados por la supresión retroactiva de las primas a las energías renovables.
Las decisiones judiciales refuerzan la tendencia desfavorable para España en este tipo de litigios y abren la puerta a nuevos embargos de activos en el extranjero. En esta ocasión, las condenas suman en torno a 200 millones de euros a favor de dos empresas.
En el primero de los casos, la corte federal rechazó la solicitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cerrar el procedimiento iniciado por el fondo RREEF, ratificando la validez del laudo emitido en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Este grupo, responsable del desarrollo de dos plantas solares en Andalucía y cuyo litigio ha sido asumido por Blasket Renewable Investments, obtuvo una indemnización de 59,6 millones de euros, más 13,9 millones en intereses por demora.
De forma paralela, el tribunal dictó un segundo fallo adverso a España en el conocido “caso Antin” o Infrastructure Services, derivado de otro proyecto solar andaluz. El laudo, fechado en 2018, ordena el pago de 101 millones de euros más 24,3 millones en intereses. Entre ambos procedimientos, la deuda reconocida roza los 200 millones de euros.
El Gobierno defendía que estos pagos no eran exigibles bajo el derecho comunitario, alegando la prohibición de arbitrajes entre Estados miembros de la Unión Europea (intra-UE) y considerando las compensaciones como ayudas de Estado ilegales sin autorización de Bruselas.
Sin embargo, el juez estadounidense desestimó estos argumentos, recordando que ya fueron analizados y rechazados durante el arbitraje del CIADI. También subrayó que la legislación de Estados Unidos, al integrar el Convenio CIADI, obliga a dar “plena fe y crédito” a estos laudos, y que casos previos como NextEra y 9Ren impiden utilizar alegaciones de inmunidad soberana o de derecho europeo para eludir su cumplimiento.
La negativa de España a abonar estas compensaciones ha derivado en embargos efectivos o preventivos en distintos países, entre ellos Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. En uno de los episodios recientes, la justicia belga bloqueó más de 80 millones de euros de ingresos gestionados por ENAIRE a través de Eurocontrol.
En total, los laudos contra España por este conflicto alcanzaron en 2024 la cifra de 1.800 millones de euros. Hasta ese momento se habían tramitado 52 reclamaciones ante el CIADI, de las cuales 25 resultaron favorables a los demandantes. La mayoría de los afectados no ha percibido aún las compensaciones, lo que ha motivado la búsqueda de ejecución en tribunales nacionales. En algunos países, como Reino Unido o Australia, se han embargado bienes estatales, incluidas sedes del Instituto Cervantes.
La posición del Ejecutivo español se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitida en septiembre de 2021, que limita los arbitrajes de inversión cuando ambas partes están en territorio comunitario. Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía.
No obstante, durante una vista celebrada en febrero, la magistrada Cornelia Pillard recordó que España firmó dicho tratado y que se comprometió a someterse a arbitraje internacional, además de señalar que los inversores recibieron ofertas e incentivos que fueron posteriormente retirados.
El origen de la disputa se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un programa de apoyo a las energías renovables que garantizaba altas rentabilidades y atrajo alrededor de 70.000 millones de euros en inversiones. En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó las primas de forma retroactiva, lo que desencadenó una oleada de reclamaciones internacionales para compensar las pérdidas.
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