Los incendios forestales en España no son consecuencia directa del cambio climático, como repiten Pedro Sánchez y su Gobierno. Sánchez miente otra vez. Lo que pasa en esta ocasión es que los propios informes oficiales demuestran que la mayoría de los fuegos tienen origen humano y que la falta de gestión forestal agrava el problema.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el 87% de los siniestros son provocados o fruto de negligencias. Pese a estos datos, Moncloa insiste en un discurso de “emergencia climática” que no se corresponde con la realidad.
87% de los incendios tienen causas humanas
La periodista Victoria Masit recoge en un reportaje que la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del decenio 2013–2022 es contundente: «Los incendios de origen humano siguen siendo los más frecuentes y responsables del mayor porcentaje de superficie quemada».
Del total, el 52,70% de los incendios fueron intencionados y el 28,07% por negligencias. Solo un 4,92% se debió a rayos, la única causa natural contemplada.
Además, menos del 20% de los autores son identificados. Esto revela una falta de eficacia en la persecución de los responsables y en la prevención de los delitos ambientales.
La evolución bajo el Gobierno de Pedro Sánchez
Desde que el PSOE asumió el poder en 2018, la tendencia ha sido clara: más superficie quemada, más grandes incendios y ausencia de reformas estructurales en prevención.
Desde 2018, tres de los seis años con más superficie quemada desde 1996 se han registrado bajo su mandato: 2019, 2021 y 2022. El récord de 310.143 hectáreas en 2022 coincide con la ausencia de una reforma estructural en prevención.
No ha habido avances significativos en quemas controladas, limpieza de monte ni refuerzo de brigadas.
Los informes insisten: la prevención es la herramienta más eficaz, pero sigue siendo la partida más débil del presupuesto forestal.
Medios estancados desde 2016: Descenso de medios y prevención mínima
Pese a la propaganda, el Gobierno no ha aumentado los medios estatales de extinción desde hace casi una década.
Los informes oficiales llevan años advirtiendo sobre el desequilibrio entre extinción y prevención. En 2018, el Ministerio señalaba: «La extinción supone un gasto elevado que puede reducirse con una adecuada política preventiva». Y añadía: «Los tratamientos preventivos siguen siendo la herramienta más rentable para reducir la gravedad de los incendios, pero también los menos desarrollados».
En el balance de 2020 se repetía el mismo mensaje: «La prevención sigue siendo una de las herramientas más rentables para reducir la incidencia y gravedad de los incendios forestales, pero es la partida más débil presupuestariamente».
En los años siguientes, no se documentan aumentos significativos en quemas prescritas, limpieza del monte o tratamiento de biomasa. La superficie tratada sigue estancada, y no se ha reforzado el personal de brigadas ni los medios estatales.
Cambio climático como coartada política
El 13 de agosto, el ministro Félix Bolaños afirmó: «El cambio climático es una realidad. España es especialmente vulnerable… negar o recortar en prevención acrecienta el riesgo de incendios graves». Pero el propio Ministerio ha publicado informes que señalan otro factor principal: la acumulación de combustible vegetal por abandono rural.
Cuando desaparecen pastoreo y cultivos tradicionales, la vegetación crece sin control, lo que facilita incendios más grandes y rápidos.
Los grandes incendios ocurren donde no hay gestión
La correlación entre el abandono del medio rural y la gravedad de los incendios forestales es una constante en los informes oficiales. El documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el decenio 2006–2015 concluye literalmente: «El aumento de superficie quemada en los GIF se ha producido fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas con una importante superficie forestal arbolada y un medio rural en retroceso».
La situación socioeconómica del mundo rural es determinante. El informe añade que: «La regresión del medio rural, con el consiguiente abandono de usos agroganaderos, ha generado un importante incremento de la continuidad del combustible vegetal».
En otras palabras, al desaparecer el pastoreo y los cultivos tradicionales, la vegetación se acumula sin control, facilitando incendios más grandes y difíciles de controlar. Esa continuidad de combustible vegetal permite que las llamas se propaguen con rapidez y sin obstáculos.
Las comunidades autónomas más afectadas por esta combinación de factores —alta biomasa acumulada y retroceso rural— son Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Estas regiones no solo tienen mucha superficie forestal, sino también un patrón común: la falta de gestión activa del territorio.
Además, el informe señala que: «La superficie arbolada representa el 31,8% de la superficie forestal total afectada durante el decenio».
Los datos reflejan una realidad estructural: el riesgo de grandes incendios se multiplica donde el medio rural ha sido abandonado, y la acumulación de vegetación no se controla mediante gestión forestal o actividades tradicionales. Tal como concluye el informe, la regresión del medio rural y el abandono del monte no son solo fenómenos sociales, sino factores críticos de riesgo ambiental.
Datos contra relato
Los datos oficiales demuestran que: La mayoría de los incendios tienen causas humanas. La prevención sigue infrafinanciada. Los grandes incendios se concentran en zonas abandonadas. Y los medios estatales siguen sin reforzarse. Todo lo demás es relato.
La retórica climática del Gobierno no se sustenta en cifras, sino en intereses políticos. Frente a la propaganda, los ciudadanos merecen políticas eficaces que protejan el monte, fortalezcan el mundo rural y sancionen con dureza a los responsables de provocar incendios.
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