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Liberados sindicales en España: una casta que crece sin freno, pagada por todos, que no produce, no trabaja y vive a costa de los contribuyentes. En diez años han aumentado un 23%.
Una década de crecimiento constante de la casta sindical
Los datos oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicados en el Portal de Transparencia, y recogidos por IMPACTO ESPAÑA NOTICIAS, confirman la tendencia: los liberados sindicales en la Administración General del Estado (AGE) han pasado de 394 en 2015 a 486 en 2024, un aumento del 23,35%.
La progresión ha sido continua: 392 en 2016, 416 en 2017, 434 en 2018, 450 en 2019, 464 en 2020, 472 en 2021, 484 en 2022 y 488 en 2023. Ningún año ha bajado la cifra.
Esto significa que la casta sindical dentro de la AGE crece y se consolida. No hablamos de voluntarios ni de defensores altruistas de los trabajadores. Hablamos de personas que, con el beneplácito del Gobierno, dejan de desempeñar su puesto de trabajo para dedicarse por completo a actividades sindicales, cobrando el mismo salario.
Qué es un liberado sindical y por qué cuesta tanto al contribuyente
Los liberados sindicales son empleados públicos que reciben una dispensa total de su trabajo para realizar tareas sindicales. No pierden su sueldo ni beneficios.
En la AGE, estos liberados ocupan plazas dentro de ministerios y organismos centrales. Mientras un funcionario de carrera saca expedientes, atiende a ciudadanos o gestiona servicios, un liberado dedica la jornada a reuniones internas, asambleas, visitas y negociación sindical.
Una estructura sobredimensionada y dominada por los mismos sindicatos
El número de delegados sindicales en la AGE en 2024 fue de 762. De ellos, 486 tenían dispensa total. El resto compagina funciones sindicales con su trabajo habitual.
En el conjunto de España hay 320.882 delegados sindicales registrados, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El control es de dos sindicatos: UGT y CCOO suman cerca del 70% de toda la representación.
Un crecimiento injustificable
Mientras el Gobierno habla de eficiencia y digitalización, mantiene y amplía el número de liberados sindicales. Este incremento no responde a un aumento proporcional de empleados en la AGE.
El sistema premia a una élite sindical que vive de los impuestos sin producir. El discurso oficial habla de “proteger derechos laborales”, pero la realidad es que el trabajador de la AGE ya cuenta con una protección legal superior a la media.
En un país con más de tres millones de parados y un sector privado que soporta una carga fiscal asfixiante, esta proliferación de liberados sindicales es una ofensa directa a quienes sostienen el Estado con su trabajo.
La realidad que no se quiere contar
Los liberados sindicales no aparecen en campañas de transparencia del Gobierno. El coste total, sumando salarios, cotizaciones y beneficios, supone millones de euros al año.
No es una figura exclusiva de España, pero sí está sobredimensionada aquí. En otros países europeos la liberación sindical es mucho más limitada y está sujeta a objetivos medibles. Aquí, la dispensa se concede y se renueva casi automáticamente.
El ciudadano paga, pero no recibe un beneficio claro. Los logros sindicales en la AGE rara vez se traducen en mejoras de productividad o calidad de servicio. Más bien al contrario: cada liberado supone un puesto que no se cubre o que exige contratar interinos.
El coste político y económico de la casta sindical
La proliferación de liberados sindicales en la Administración General del Estado no es un accidente. Es una estrategia política que consolida redes clientelares, garantiza apoyo a gobiernos y asegura privilegios a una élite que vive de la estructura pública.
Mientras no se limite su número y se someta su actividad a controles reales, esta casta seguirá creciendo. No necesitamos más liberados sindicales. Necesitamos más trabajadores reales, comprometidos con servir a España y no con servir a una sigla sindical.
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