Lejos de reducir el entramado burocrático y de entidades públicas, España lo ha multiplicado en las últimas décadas. Y lo ha hecho sin un análisis serio sobre su eficiencia, su productividad o su verdadero impacto en la economía
Nacional16 de agosto de 2025 VP
España se ha convertido en una excepción dentro de Europa Occidental: mientras en la mayoría de países se tiende a simplificar y racionalizar la estructura administrativa, aquí sigue creciendo el número de ayuntamientos y de organismos dependientes. Este fenómeno ha despertado una creciente preocupación en Bruselas, que desde hace años advierte sobre la inflación de administraciones y entes instrumentales en nuestro país.
La paradoja es evidente: lejos de reducir el entramado burocrático y de entidades públicas, España lo ha multiplicado en las últimas décadas. Y lo ha hecho sin un análisis serio sobre su eficiencia, su productividad o su verdadero impacto en la economía.
17.000 organismos locales: un rompecabezas institucional
Actualmente, el sector público local está formado por casi 13.000 entes principales —entre ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades municipales— a los que se suman unos 4.200 entes dependientes. En total, más de 17.000 organismos cuya justificación, utilidad y sostenibilidad generan serias dudas.
La situación es tan caótica que Hacienda aún desconoce a qué corporaciones pertenecen aproximadamente un tercio de estas entidades locales. Se trata de una maraña institucional en la que proliferan organismos creados para fines muy específicos, muchos de ellos redundantes respecto a competencias que ya ejercen las comunidades autónomas o el propio Estado.
Un sector público mastodóntico
A los organismos locales se añaden los cerca de 500 entes de la Administración General del Estado y los casi 1.800 de las comunidades autónomas. El resultado es un sector público mastodóntico de más de 19.000 entidades que, lejos de mejorar la gestión pública, incrementa el gasto, la deuda y la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas.
Este crecimiento ha dado lugar a lo que muchos economistas califican como una “administración paralela”, cuya función principal parece no ser la prestación de servicios, sino la de servir como red de colocación política y sindical.
La gran empresa municipal: 700.000 empleos directos
Los ayuntamientos se han convertido en las principales “empresas” de sus municipios, con más de 700.000 empleos directos. A esa cifra se suma un número desconocido de puestos creados en sociedades, organismos autónomos, fundaciones, asociaciones o consorcios municipales.
La magnitud del fenómeno es abrumadora:
1.459 sociedades mercantiles municipales, muchas con presupuestos y cuentas propias.
728 asociaciones locales.
726 organismos autónomos.
718 fundaciones.
453 consorcios.
56 entidades públicas empresariales.
El crecimiento de las fundaciones resulta especialmente llamativo: de las 442 existentes en 2016 se ha pasado a 718 en la actualidad, un aumento de más del 60 %. Pese a que se presentan como entidades sin ánimo de lucro, son consideradas las menos transparentes y, en muchos casos, carecen de una actividad real definida, aunque mantienen plantillas de trabajadores y estructuras directivas.
Organismos municipales para todo
La lista de entes creados por los ayuntamientos resulta tan extensa como variopinta. En el ámbito local existen organismos para la gestión de ferias, polideportivos, patronatos culturales y deportivos, agencias de empleo, emisoras de radio y televisión, empresas de limpieza o de informática, auditorios, cementerios, aparcamientos, mataderos, puertos, parques tecnológicos o agroalimentarios, e incluso comercializadoras de energía.
Algunos ejemplos llaman especialmente la atención:
En Albacete, existen consorcios para una Escuela de Tauromaquia y para el Museo de la Cuchillería.
En Badajoz, un ente para la Escuela de Artes Plásticas.
En Vall de Uxó (Castellón), una Escuela de Esquí.
En Santa María del Páramo (León), la sociedad León Termal Sport, que gestiona un spa.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene el Club de Campo Villa de Madrid y una agencia específica de actividades, además de un consorcio para la rehabilitación de teatros.
Barcelona multiplica entes: desde Barcelona de Infraestructuras hasta fundaciones como Barcelona Capital Náutica o Barcelona Olímpica, pasando por consorcios para el Museo de Arte Contemporáneo o el Auditorio y Orquesta.
La lista se repite en municipios de todos los tamaños: escuelas infantiles y de danza en Vitoria o Gerona, fundaciones culturales en La Unión (Murcia) o Benahavís (Málaga), empresas de transportes en Córdoba o San Sebastián, centros de negocios en Lleida, orquestas municipales en Málaga y Córdoba, e incluso consorcios para promover rutas del vino en Valladolid o Burgos.
Una red clientelar enquistada
La creación de estos entes ha estado marcada en muchos casos por contrataciones a dedo y ausencia de controles efectivos. Se han consolidado estructuras destinadas a prestar servicios que podrían ser gestionados directamente por la administración general de cada ayuntamiento, pero que terminan funcionando como “chiringuitos” con plantillas propias, generando duplicidades y sobrecostes.
Esta proliferación no ha respondido a criterios técnicos de eficiencia, sino a intereses políticos: los partidos utilizan estos organismos como una vía para contratar a afines, familiares o compromisos, muchas veces sin requisitos de cualificación profesional o académica.
Un problema crónico sin resolver
La Intervención General del Estado, a instancias de Bruselas, lleva dos décadas intentando poner orden en esta maraña de organismos. Tras la crisis de 2008, cuando se alcanzaban más de 6.200 entes, se produjo una reducción relativa. Sin embargo, esta no se debió a cierres efectivos, sino a procesos de reordenación contable: fusión de organismos, cambios de titularidad o simple “sectorización” hacia administraciones autonómicas o estatales.
Hoy, el panorama sigue sin resolverse. Lejos de reducirse, los entes municipales han vuelto a crecer en varias tipologías, especialmente en fundaciones, consorcios y sociedades públicas. La transparencia es escasa y la fiscalización insuficiente, lo que convierte a esta administración paralela en un lastre para la eficiencia del Estado.
Un Estado pesado y poco competitivo
Tras casi medio siglo de democracia, España continúa sin haber abordado una reforma seria de su estructura administrativa. El resultado es un Estado con más de 19.000 organismos públicos, muchos de ellos redundantes, opacos y costosos, cuya supervivencia depende del endeudamiento y de la presión fiscal sobre la economía productiva.
Mientras la Unión Europea insiste en la necesidad de racionalizar y simplificar el sector público, los sucesivos gobiernos y partidos, de todo signo, han evitado acometer reformas profundas. En lugar de eso, han alimentado una red de organismos que se ha convertido en instrumento de poder político y de clientelismo más que en un verdadero servicio a los ciudadanos.
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