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Los conocidos como mutualistas alternativos han sido durante años los grandes olvidados de un sistema legal que, sin apenas oposición ni atención pública, los ha empujado hacia una situación de vulnerabilidad y precariedad. Y son miles los españoles en esa situación, abogados, arquitectos, procuradores, aparejadores, ingenieros…
El problema de los mutualistas alternativos empezó en la época de la posguerra en España, cuando todavía no existía la Seguridad Social pública. Para que los trabajadores y profesionales tuvieran algún tipo de protección, muchas empresas y sectores crearon sus propias mutualidades. Estas organizaciones ofrecían ayuda económica en caso de enfermedad, incapacidad o jubilación.
Un cambio que no fue igual para todos
En 1966 se aprobó una ley que empezó a integrar poco a poco las mutualidades en el sistema público de Seguridad Social. Muchos trabajadores de sectores como el metal, la banca, la industria o los funcionarios pasaron al sistema general o al de autónomos (RETA).
Sin embargo, no todas las profesiones hicieron ese cambio. Hoy en día solo quedan ocho mutualidades profesionales activas. Una de ellas es la Mutualidad de la Abogacía Española, que se ha convertido en una gran entidad financiera y gestiona cerca de 11.000 millones de euros, según sus informes de 2022.
Un cambio que lo complicó todo
Hasta finales de los años ’80, las mutualidades funcionaban como la Seguridad Social: todos los miembros aportaban dinero a un fondo común, y de ahí se pagaban las pensiones y ayudas. Cada persona sabía lo que iba a recibir, porque las condiciones estaban claras.
Pero en 1995, el Estado obligó a cambiar ese sistema. Las mutualidades pasaron a funcionar como cuentas individuales: cada persona tenía que ahorrar por su cuenta para pagar su futura jubilación o posibles problemas. Este cambio se aplicó en 2005 en la Mutualidad de la Abogacía y en 2012 en la de Procuradores. El resultado fue muy negativo.
“Empezamos casi desde cero. Nos dieron cuentas con muy poco dinero, y ya se sabía que no iba a ser suficiente”, explica María José Almodóvar, abogada y portavoz de la plataforma Pasarela al RETA. “No queremos privilegios. Queremos lo mismo que tuvieron los mutualistas del metal o de la banca cuando se integraron en la Seguridad Social. Queremos derechos, no limosna”, dice Almodóvar.
No llega la pensión
En 2018, muchos mutualistas descubrieron que, tras años cotizando, su pensión apenas llegaría a 300 ó 400 euros al mes. Además, no podían acceder al complemento a mínimos que ofrece la Seguridad Social. Antes de 2012, ni siquiera tenían derecho a la sanidad pública, así que pagaban seguros médicos privados además de sus cuotas a la mutualidad.
Mientras tanto, la Mutualidad de la Abogacía gestiona más de 11.000 millones de euros en inversiones. Según algunas denuncias, este sistema ha beneficiado a unos pocos, mientras los mutualistas (que son los verdaderos dueños) no sabían cuánto iban a cobrar realmente.
Manifestación por pensiones dignas
El 27 de septiembre, miles de profesionales (como abogados, arquitectos y procuradores) se manifestarán en Madrid para pedir justicia. Son unos 65.000 afectados que, tras cotizar toda su vida, podrían acabar con pensiones muy bajas. El problema no es sólo económico, también es ético: ¿cómo puede ser que quienes han contribuido durante décadas reciban menos que otros que no han cotizado?
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