El PP tenía en sus manos la posibilidad de marcar un contraste nítido con el Gobierno: defender una renovación del Constitucional basada en el mérito, la neutralidad y el consenso real, no en el reparto partidista de cuotas
Politica19 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
La enésima muestra de ambigüedad política del Partido Popular se materializó ayer, cuando su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, abrió la puerta a un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, incluida la presidencia que ocupa Cándido Conde-Pumpido. Lo que para algunos podría interpretarse como un gesto de responsabilidad institucional, para otros representa una claudicación más del principal partido de la oposición frente a las maniobras del Ejecutivo socialista.
El lenguaje ambiguo del PP
Muñoz trató de justificar la postura de su formación recordando que el PP “siempre ha cumplido los plazos” en la renovación de órganos institucionales. Una afirmación que, bajo apariencia de neutralidad, esconde una peligrosa predisposición: aceptar sin apenas condiciones una negociación en la que el Gobierno lleva ventaja.
En lugar de defender con firmeza la independencia judicial y cuestionar la estrategia del PSOE de mantener el control de las instituciones, los populares parecen resignarse a jugar el papel de comparsa en una operación que podría consolidar la influencia del Ejecutivo sobre el Constitucional.
El hecho de que la portavoz popular insistiera en que “lo primero que hay que ver es el planteamiento de Conde-Pumpido” es revelador. ¿Desde cuándo corresponde a un magistrado –y no al Gobierno o al Parlamento– fijar las bases de una negociación institucional? Al poner el foco en la figura de Conde-Pumpido, el PP no solo legitima su papel político dentro del Tribunal, sino que lo eleva a interlocutor tácito, algo que debería resultar inaceptable para cualquier partido que aspire a garantizar la separación de poderes.
El riesgo de legitimar la estrategia de Sánchez
Pedro Sánchez ha demostrado, durante toda la legislatura, una estrategia clara: colonizar los órganos constitucionales y judiciales para blindar su proyecto político. Desde la Fiscalía General del Estado hasta el propio Consejo General del Poder Judicial, pasando por RTVE o el CIS, el Ejecutivo ha buscado controlar instituciones que, en democracia, deben funcionar con independencia. El Tribunal Constitucional es la última pieza clave en este tablero.
Si el PP entra al juego y se sienta a pactar sin condiciones firmes, corre el riesgo de convertirse en cómplice involuntario de esta estrategia. El Gobierno podría renovar a su medida a parte de los magistrados, mantener a Conde-Pumpido en la presidencia y reforzar la mayoría progresista que ya inclina la balanza de las resoluciones del tribunal.
En este escenario, cualquier recurso de la oposición contra leyes polémicas –como la amnistía a los líderes independentistas, la reforma exprés del Código Penal o los decretos de emergencia aprobados sin consenso– quedaría abocado a una derrota segura.
El dilema del PP: oposición firme o colaboracionismo
El Partido Popular se encuentra en un punto de inflexión. Durante meses, ha denunciado el intento del Gobierno de manipular las instituciones y ha acusado a Sánchez de actuar con criterios partidistas, erosionando la separación de poderes. Sin embargo, su disposición actual a pactar transmite un mensaje contradictorio: se quejan del asalto institucional socialista, pero están dispuestos a rubricarlo con su firma si se lo piden desde Moncloa.
El electorado que respalda al PP espera una oposición firme, no una colaboración que legitime al Gobierno en uno de los ámbitos más delicados de la vida democrática. Pactar en estas condiciones puede ser interpretado como una traición a quienes confían en que el partido de Alberto Núñez Feijóo frene los excesos de Sánchez.
Una oportunidad desperdiciada
El PP tenía en sus manos la posibilidad de marcar un contraste nítido con el Gobierno: defender una renovación del Constitucional basada en el mérito, la neutralidad y el consenso real, no en el reparto partidista de cuotas. Podría haber exigido transparencia, límites a la continuidad de Conde-Pumpido y un compromiso público con la independencia judicial. Sin embargo, la respuesta ofrecida por Muñoz no refleja firmeza, sino debilidad.
En vez de liderar una defensa sin fisuras de las instituciones, el PP vuelve a instalarse en la indefinición y el cálculo corto de miras. Una postura que, lejos de reforzar su credibilidad como alternativa de gobierno, alimenta la percepción de que sigue atrapado en una lógica de pactos opacos con el PSOE, aunque sea a costa de la independencia de los órganos constitucionales.
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