El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya advirtió que la autorización concedida por el Ejecutivo foral al proyecto minero dejaba sin evaluar cuestiones esenciales, que deberían ser competencia del Ministerio para la Transición Ecológica
Corrupción22 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
La explotación de potasa en el Pirineo navarro–aragonés, conocida como Mina Muga, continúa envuelta en un complejo laberinto de decisiones administrativas, intereses políticos y movimientos empresariales internacionales.
Lo que en un principio se presentó como un proyecto estratégico para la economía de Navarra y Aragón, hoy aparece ante la opinión pública marcado por los interrogantes: la falta de consenso administrativo, las investigaciones de la Guardia Civil sobre el papel de destacados dirigentes socialistas y la reciente retirada de un socio inversor chino clave para la viabilidad financiera.
Una tramitación dividida entre administraciones
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya advirtió que la autorización concedida por el Ejecutivo foral al proyecto minero dejaba sin evaluar cuestiones esenciales, que deberían ser competencia del Ministerio para la Transición Ecológica. Según la sentencia, aspectos tan sensibles como la sismicidad, la posible subsidencia del terreno o incluso la seguridad de los trabajadores quedaron fuera de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tramitada en Navarra.
Los magistrados subrayaron, además, la paradoja de que un único proyecto pueda ser sometido a la valoración de hasta tres administraciones distintas (Navarra, Aragón y el Ministerio), con el riesgo de que cada una emita resoluciones contradictorias. Ante esta situación, tanto el Gobierno de Navarra, encabezado por María Chivite, como la empresa promotora, Geoalcali (filial de la australiana Highfield Resources), recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo, a la espera de un pronunciamiento definitivo.
Los vínculos políticos: Cerdán y Koldo García en el punto de mira
Paralelamente al debate jurídico y ambiental, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han arrojado luz sobre las conexiones políticas del proyecto. Según los informes policiales, Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, habría actuado como interlocutor directo con la compañía Geoalcali.
La UCO sostiene que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, también estuvo al tanto de la evolución del proyecto desde sus años en el Parlamento navarro. Diversos correos electrónicos y anotaciones en los dispositivos de García apuntan a que Cerdán habría recibido información periódica y dado instrucciones sobre la estrategia a seguir.
Uno de los documentos más llamativos es una anotación en el calendario del móvil de García fechada en mayo de 2017: una cita con Antxon Alonso en la que figuraba expresamente el asunto “Tema Mina: cómo va el contrato”. En otra nota de diciembre de 2015, vinculada a la firma de un acuerdo entre Geoalcali y Acciona, aparece la indicación: “Mirar si firmó Acciona”.
Las escuchas telefónicas también revelan conversaciones comprometedoras. En una llamada interceptada en los primeros meses de 2020, García se mostraba confiado en que el Gobierno central desbloquearía el proyecto: “Esperamos que para primeros de abril esté resuelto y así pueda cumplir lo que prometí”.
Sociedades instrumentales y reparto desigual de beneficios
Las pesquisas de la Guardia Civil también se centran en la trama empresarial que orbitaba alrededor de la mina. En concreto, la cooperativa Noran Coop, de la que eran socios a partes iguales Koldo García y Antxon Alonso. Entre 2016 y 2023, la sociedad recibió más de 360.000 euros procedentes de Servinabar, una empresa relacionada con el proyecto.
Lo sorprendente, según los agentes, es el reparto del dinero: mientras Alonso percibió 177.000 euros, García apenas ingresó 8.738. En una anotación del propio calendario de García se refleja claramente su intención de obtener contraprestaciones económicas: “Si consigo obras cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”.
Estos movimientos financieros refuerzan la tesis de que tanto la cooperativa como Servinabar actuaron como vehículos de canalización de fondos vinculados a gestiones para el desarrollo del proyecto minero.
Reuniones con el Gobierno navarro
La documentación intervenida muestra que los contactos entre la compañía y los políticos navarros se remontan al inicio mismo del proyecto. En agosto de 2015, el administrador único de Geoalcali, Pedro Antonio Rodríguez, remitió un correo a García solicitando una reunión con la Vicepresidencia y la Consejería de Navarra. En ese mensaje, Rodríguez se disculpaba por no haber incluido a Cerdán en copias anteriores, subrayando que tanto García como él eran considerados por la empresa “nuestros ojos y oídos” en la Administración.
Otro correo de octubre de ese mismo año, remitido por Antxon Alonso, incluía como destinatarios a García y a una dirección vinculada a Noran Coop, reforzando así la conexión entre la sociedad cooperativa y el proyecto Mina Muga.
El revés financiero: China Minmetals se retira
A este entramado judicial y político se suma un nuevo contratiempo empresarial. En mayo de este año, Highfield Resources anunció que había alcanzado una carta de intenciones con China Minmetals y su filial Qinghai Salt Lake Industry Co. para una inversión estratégica de casi 270 millones de euros en la explotación de potasa. Sin embargo, en las últimas semanas el grupo chino ha comunicado que se retira del acuerdo.
La decisión deja en suspenso la financiación de la mina, cuya inversión total supera con creces los recursos propios de la compañía australiana. Highfield, no obstante, asegura que continúa negociando con otros inversores internacionales y que mantiene abiertas distintas alternativas para garantizar la viabilidad del proyecto.
Un futuro incierto
La Mina Muga, presentada en su día como motor de empleo y desarrollo económico en la zona fronteriza entre Navarra y Aragón, se encuentra ahora atrapada entre tres frentes:
Judicial, por la revisión de las autorizaciones ambientales.
Político, por las investigaciones que vinculan a altos cargos del PSOE en las gestiones de la empresa.
Económico, tras la marcha de un socio inversor que debía aportar cientos de millones de euros.
El desenlace de este complejo caso dependerá tanto de lo que resuelva el Tribunal Supremo como de la capacidad de Highfield Resources para atraer capital alternativo. Entretanto, los vecinos de la zona, divididos entre quienes ven una oportunidad de empleo y quienes temen los riesgos ambientales, observan cómo la mina sigue siendo un proyecto en suspenso y rodeado de polémica.
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