María Chivite, PSOE

Si los salarios de los políticos estuvieran vinculados al crecimiento de la economía de las familias, los legisladores probablemente se tendrían que bajar los sueldos y compensar a los ciudadanos por la ineficacia parlamentaria y la estupidez ideológica

Esparza ha señalado que la Oficina Anticorrupción "está diciendo que es nula de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán"

La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha confirmado esta decisión en rueda de prensa y ha acusado a Chivite de ser “la alumna aventajada del sanchismo”

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya advirtió que la autorización concedida por el Ejecutivo foral al proyecto minero dejaba sin evaluar cuestiones esenciales, que deberían ser competencia del Ministerio para la Transición Ecológica

Lo que comenzó como una investigación puntual por la compra de mascarillas ha evolucionado hasta convertirse en una red de ramificaciones que alcanza a ministerios, administraciones regionales, empresas constructoras y figuras cercanas al núcleo del Gobierno

Los colaboradores no estaban en esa mesa pero sí en el mismo establecimiento, donde oyeron y grabaron durante una hora lo que decían esas personas antes de contárselo al propio García

La controversia gira en torno a la renovación de un contrato público con Lauburu S.L. en abril de 2024, prorrogado nuevamente para 2025, cuando Óscar Chivite ya formaba parte del Ejecutivo autonómico

Óscar Chivite figuró como administrador único de la empresa Lauburu SL, una compañía que, pese a su modesto perfil público, ha mantenido contratos o relaciones comerciales con firmas de gran peso como Acciona

Servinabar también consiguió acelerar un proyecto minero en Navarra en el que se involucró en persona Santos Cerdán, y que el Gobierno navarro defendió como coartada para esas reuniones con Chivite

A pesar de esta contundente sentencia judicial, el Ejecutivo foral, presidido por la socialista María Chivite, ha decidido seguir adelante con el programa, desobedeciendo abiertamente a los tribunales y actuando al margen de la legalidad

El Gobierno ha defendido esta posibilidad argumentando que, si las condenas de estos individuos no incluyen la inhabilitación para la función pública, legalmente pueden acceder a estos puestos