Andalucía dispara un 42% el gasto en educación islámica

Andalucía vuelve a estar en el foco del debate educativo. En apenas doce meses, la Junta ha incrementado un 42% el presupuesto destinado a profesores de religión islámica, una subida llamativa en un contexto donde los centros públicos denuncian la falta de medios para materias troncales como matemáticas, lengua o ciencias.

En la práctica, esto supone más dinero público para impartir el Corán en las aulas, mientras miles de familias andaluzas reclaman apoyos básicos: reducción de ratios, más plazas de refuerzo educativo o la contratación de orientadores escolares. La paradoja es evidente: se multiplica el gasto en lo ideológico mientras se escatima en lo esencial.

 Un aumento que sorprende en tiempos de austeridad
El incremento presupuestario, que la Junta justifica en base a la “demanda creciente” de enseñanza religiosa islámica, ha provocado un intenso debate. El dato del 42% suena desorbitado y coloca a Andalucía como la comunidad autónoma que más ha disparado esta partida en términos relativos.

Ahora bien, la magnitud del salto invita a varias preguntas:

¿Se partía de una base muy reducida y el crecimiento es más porcentual que real?
¿Está la Junta atendiendo necesidades objetivas de miles de alumnos musulmanes o cediendo a una presión comunitaria organizada?
¿Debe la educación pública priorizar la religión en lugar de reforzar los pilares de conocimiento común?
 
Marco legal, pero debate abierto
Conviene recordar que la enseñanza de religión en España no es una concesión reciente. Forma parte de los Acuerdos del Estado con las confesiones religiosas, entre ellas la islámica, firmados en los años 90. La ley obliga a que, cuando haya suficiente demanda por parte de las familias, la administración ofrezca clases de religión.

El debate, por tanto, no se centra en la legalidad de la medida —indiscutible—, sino en la priorización política y presupuestaria.

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Porque mientras los docentes denuncian que faltan apoyos en el aula y que los presupuestos para reforzar competencias básicas apenas crecen, la Junta destina más fondos a un área que muchos consideran secundaria y con un marcado carácter ideológico.

 La paradoja de lo esencial frente a lo accesorio
El malestar en la comunidad educativa es palpable. Padres y profesores insisten en que el verdadero problema de la escuela pública andaluza pasa por:

Altas ratios en aulas donde se superan los 25 o 30 alumnos.
Déficit de orientadores escolares que atiendan la salud emocional y las necesidades especiales.
Carencia de refuerzos en matemáticas, lengua y ciencias, pilares fundamentales para el futuro académico y laboral de los jóvenes.
En contraste, la inversión en religión islámica crece con una rapidez inusitada. “Es incomprensible que se destinen tantos recursos a impartir fe mientras nos dicen que no hay dinero para desdoblar clases de matemáticas”, resume el testimonio de una madre de secundaria en Sevilla.

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 Presión comunitaria y respuesta política
El crecimiento de esta partida refleja también la presión creciente de comunidades islámicas organizadas, que reclaman el cumplimiento estricto de sus derechos y el reconocimiento de su identidad cultural en las aulas. La Junta parece atender estas demandas con especial sensibilidad, lo que ha sido interpretado por algunos como un gesto de inclusión y por otros como una concesión excesiva.

En cualquier caso, la decisión ha abierto un frente político: mientras unos celebran que se garantice la pluralidad religiosa, otros advierten de la pérdida de neutralidad educativa en un sistema público que debería ser, ante todo, laico y centrado en formar ciudadanos críticos, no creyentes de una u otra confesión.

 Un debate que se enciende en la calle
La consecuencia es que Andalucía se ha convertido en un laboratorio del debate nacional: ¿debe priorizarse la enseñanza religiosa islámica frente a las necesidades reales de los estudiantes?

Los defensores insisten en que se trata de un derecho constitucional y un compromiso adquirido. Los críticos responden que, aunque sea legal, no es urgente ni prioritario frente al déficit de calidad en las aulas.

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