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El Partido Popular está dispuesto a limitar la capacidad del Gobierno de conceder indultos a los políticos condenados por corrupción. A través de una proposición no de ley, los de Feijóo plantean que esta medida de gracia deba contar con el aval de todos los grupos en la Cámara Baja. La iniciativa, que vendría a impedir episodios como los vividos con los procesados por la causa secesionista, supondría un cambio sobre una ley regulada por una norma de 1870.
La iniciativa planteada por el grupo que pilota Ester Muñoz en el Congreso, contempla más modificaciones a la norma como la prohibición de que se pueda indultar a condenados por delitos relacionados con el terrorismo así como los que hayan supuesto ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional e incluso, contra menores de edad.
En su texto, el PP sostiene que la ley vigente «no establece un listado cerrado de delitos que pueden ser indultados o, al contrario, que queden excluidos de la gracia del indulto».
Así, el Grupo Popular pone énfasis en dos de los artículos de la normativa actual. El artículo primero, que permite la medida de gracia a «los reos de toda clase de delitos»; y el artículo segundo de la misma, que excluye de la concesión del indulto, entre otros, a «los procesados criminalmente que no hubiesen sido aún condenados por sentencia firme» o a «los reincidentes en el mismo o en otro delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme», entre otros.
Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, la norma choca con el rechazo que, insisten, ha manifestado la ciudadanía con conceder esta medida de gracia «por motivos políticos». En concreto, recuerdan la concesión del indulto a nueve condenados por la causa separatista del 1-0. Entre los beneficiados se encontraban el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras; los ex consejeros catalanes Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raul Romeva; la ex presidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell; y los ex líderes de ANC y Òmniun Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Según reza el documento de la proposición no de ley de los populares, no se consideró en sus expedientes para la concesión del indulto «que concurrieran razones de justicia, equidad o utilidad pública»; y prosiguen, que «únicamente se acordó otorgar dicha gracia por razones políticas».
Terrorismo y menores
Para el PP, delitos que supongan ataques contra la integridad territorial del Estado o contra el orden constitucional no son los únicos que, a su juicio, «causan especial repugnancia para impedir el indulto». También lo son los delitos como el de terrorismo, o los cometidos contra los menores, los que, según la normativa actual, también pueden ser beneficiados con la medida de gracia.
«A la sociedad le cuesta entender que quienes han cometido delitos de terrorismo, corrupción o los cometidos contra menores, puedan ser beneficiados con el indulto», destacan en su escrito.
Desde el Grupo Popular critican, a este respecto, que además la concesión de la medida competa «únicamente al Consejo de Ministros» y no a la mayoría de la Cámara Baja. Ante ello, proponen en su proposición no de ley que, cuando se tramite un indulto en favor de personas que ocupen o hayan ocupado «responsabilidades públicas» sea una «mayoría cualificada de dos tercios» en el Congreso de los Diputados la que deba decidir.
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