Manos Limpias ha ampliado la querella inicialmente presentada contra la jueza, incluyendo también a Martínez Ribera por un presunto delito de usurpación de funciones públicas. En su escrito, la organización considera que la situación podría constituir un supuesto de prevaricación judicial y coacciones
Investigacion Judicial31 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
La instrucción judicial del caso sobre la tragedia de la DANA en Valencia, que dejó más de doscientas víctimas mortales el 29 de octubre, se encuentra envuelta en una creciente controversia. En las últimas semanas han salido a la luz testimonios y documentos que apuntan a la presencia del magistrado Jorge Martínez Ribera —esposo de la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra— en diversas diligencias del procedimiento.
Testimonios de las víctimas
Una de las personas afectadas por la catástrofe ha confirmado que, al acudir al juzgado a prestar declaración, fue atendida directamente por Martínez Ribera y no por la titular de la causa. Según su relato, la magistrada le explicó que estaba desbordada de trabajo y delegó en su pareja la labor de recoger la declaración. La víctima asegura que la diligencia quedó debidamente registrada y firmada, aunque reconoce que la situación le resultó insólita.
Otra compareciente ha relatado que el magistrado estuvo presente de principio a fin en su interrogatorio, llegando incluso a realizar indicaciones a la jueza sobre qué debía consignarse en el acta. Ambas declaraciones alimentan la percepción de una intromisión irregular en el proceso judicial, en un momento en el que la instrucción se encuentra bajo el máximo escrutinio público.
Evidencias gráficas y presiones crecientes
A estos testimonios se suman fotografías tomadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia en las que se observa a Martínez Ribera en la sala de vistas. Las imágenes lo muestran conversando con personal judicial tras la declaración de un testigo procedente del Centro de Mando de Emergencias.
La presencia reiterada del magistrado ha llevado a varios abogados de la acusación a plantear la posibilidad de elevar nuevas denuncias y de exigir la recusación de la jueza Ruiz Tobarra, al entender que la imparcialidad del procedimiento podría verse comprometida.
Actuación del CGPJ y querella de Manos Limpias
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa para determinar si existió vulneración de las normas procesales. La investigación se centra en establecer si la magistrada permitió que su esposo interviniera de forma activa en la instrucción, una práctica que la legislación prohíbe expresamente al tratarse de una persona ajena al procedimiento.
Paralelamente, el sindicato Manos Limpias ha ampliado la querella inicialmente presentada contra la jueza, incluyendo también a Martínez Ribera por un presunto delito de usurpación de funciones públicas. En su escrito, la organización considera que la situación podría constituir un supuesto de prevaricación judicial y coacciones.
Reacciones de la defensa e implicaciones jurídicas
La defensa de Salomé Pradas, consellera imputada en la causa, ha solicitado formalmente que se designe a un juez sustituto hasta que se aclaren los hechos. Considera que la participación del marido de la instructora podría dar lugar a la nulidad de parte de la instrucción por intromisión indebida.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que, de confirmarse la irregularidad, se trataría de una vulneración “abiertamente contraria a Derecho”, lo que abriría la puerta a recursos, nulidades procesales e incluso responsabilidades disciplinarias o penales para los implicados.
Perfil de los protagonistas
Nuria Ruiz Tobarra fue designada en noviembre para dirigir la investigación de la DANA. Se liberó de otras funciones para centrarse exclusivamente en este procedimiento, que desde el inicio ha tenido una fuerte carga política por las responsabilidades que apunta hacia la administración autonómica.
Jorge Martínez Ribera, por su parte, ejerció durante años en el mismo juzgado que ahora dirige su esposa. Ascendió a magistrado en 2003 y ha participado en actos públicos con representantes socialistas, lo que para algunas partes ha reforzado la sospecha de un sesgo en la instrucción.
Un proceso en entredicho
La tragedia de la DANA ha derivado en una de las investigaciones judiciales más mediáticas de los últimos años en la Comunidad Valenciana. La instrucción se desarrolla a puerta cerrada, como marca la ley, lo que convierte en especialmente delicada la supuesta presencia de personas ajenas al procedimiento en las salas de vistas.
Mientras la jueza mantiene su investigación centrada en los responsables autonómicos de la gestión de la emergencia, varias voces críticas denuncian que ha dejado al margen a otras administraciones, incluida la estatal. Esta percepción de sesgo, unida a la intervención de su esposo, ha encendido el debate jurídico y político.
Aunque algunas víctimas insisten en que Martínez Ribera actuó de manera correcta y respetuosa, la concatenación de testimonios, imágenes y denuncias ha generado un escándalo institucional que amenaza con empañar la credibilidad de toda la instrucción. La decisión del CGPJ y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será clave para determinar si la jueza continúa al frente de la causa o si, por el contrario, se designa a un sustituto para garantizar la limpieza del procedimiento.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El Juzgado Número 2 remite al Número 9 la denuncia de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional
Manos Limpias ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra José Antich, director del medio digital El Nacional.cat, por un presunto delito continuado de fraude en la utilización de subvenciones públicas
El CGPJ deberá determinar si las conductas atribuidas a la jueza Ruiz Tobarra y a su marido constituyen una falta disciplinaria o, en su caso, si procede abrir un expediente que pueda desembocar en sanciones más graves
Bolaños presentó una primera denuncia el 4 de junio y otra el 29 de julio, en las que informa sobre presuntas irregularidades cometidas por el juez Peinado durante el interrogatorio que le practicó el pasado 16 de abril desde su despacho en Moncloa
Begoña Gómez estaba imputada hasta ahora por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional en el caso de su cátedra en la Universidad Complutense, por lo que la presunta malversación de fondos públicos de ahora es el quinto delito
«Si se confirma este político socialista es dueño de este invernadero y contrata mano de obra ilegal, iremos hasta el final», ha manifestado el secretario general del sindicato, Jordi de la Fuente
En ese contexto, apuntó directamente contra Open Arms, asegurando que sus barcos habrían actuado en coordinación con traficantes mediante comunicaciones vía satélite para recoger a inmigrantes en embarcaciones que no estaban en peligro inmediato
La sección sindical de la CNT en el Puerto de Barcelona le acusó de «reducir los salarios de sus trabajadores» y de «reducir el tamaño de las plantillas, haciendo que algunos de sus trabajadores trabajasen durante «jornadas de 10 horas diarias sin descanso»
Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez llama a la invasión. «España va a necesitar 3,5 millones de migrantes para compensar las jubilaciones que se van a producir en la próxima década»
El 15 de marzo de 2024, el Tribunal Supremo absolvió a Miguel Bernad de la corrupta condena de la Audiencia Nacional porque no había delito alguno ni siquiera en los hechos probados¡, a pesar de que eran falsos algunos
Gran parte de la ayuda es robada o desviado por Hamas, que controla la administración de los suministros dentro del territorio
