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Según cifras difundidas recientemente, el 68% de los agresores sexuales en España serían de nacionalidad española y el 32% extranjera. A primera vista, esto parece mostrar que los nacionales cometen más delitos que los foráneos.
Sin embargo, contextualizado en términos de población, la lectura cambia: los extranjeros representan alrededor del 14% de la población, pero concentrarían casi un tercio de los agresores. De esta manera, proporcionalmente, los inmigrantes serían 3,4 veces más propensos a cometer una agresión sexual que los españoles.
Este matiz ha llevado a interpretaciones encontradas. Mientras algunos han acusado al Gobierno de intentar transmitir la idea de que “los españoles cometen más delitos que los extranjeros”, los críticos recalcan que lo importante no es el volumen absoluto, sino la tasa relativa: unos 7 agresores por cada 10.000 españoles frente a 24 por cada 10.000 extranjeros.
Un antecedente en la discusión sobre delincuencia
La polémica recuerda a las palabras de la ministra de Educación, Pilar Alegría, cuando en 2023 defendió la política migratoria asegurando que el 73% de los delitos en España los cometen españoles y que el 27% corresponde a extranjeros. Aunque la afirmación es correcta en términos absolutos, supone admitir que, proporcionalmente, los inmigrantes delinquen 2,5 veces más que los nacionales si se consideran todos los delitos. En el caso de los delitos sexuales, la proporción sería todavía mayor.
La memoria de la Fiscalía: un aumento bajo nueva tipificación
El problema es que el Ministerio de Igualdad no ha detallado la fuente de las cifras que relacionan delitos sexuales y nacionalidad. En cambio, la Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado, publicada el pasado viernes, recoge que en ese año se incoaron 20.711 diligencias previas por delitos de agresión sexual, lo que supone un incremento del 12,1% respecto a 2023 (18.874) y más del doble que en 2022 (9.603).
Este aumento no estaría vinculado necesariamente a un repunte real de las agresiones, sino a la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, impulsada en 2022, que unificó la figura de abuso sexual bajo la de agresión sexual. De hecho, el informe todavía contabiliza 1.414 diligencias por abusos previos a la reforma, que irán desapareciendo con el tiempo.
Violencia sexual en menores: un fenómeno en alza
La memoria también destaca un fenómeno preocupante: en 2024 se registraron 3.283 delitos de violencia sexual cometidos por menores, lo que supone un incremento del 3% respecto a 2023. El ministerio fiscal advierte que esta tendencia se observa desde 2017 y constituye una “espiral alarmante”.
Las agresiones sexuales cometidas por menores plantean un desafío adicional, pues suelen producirse en entornos de intimidad (familia, colegio, actividades deportivas), lo que genera un alto índice de impunidad y dificulta la denuncia por parte de las víctimas.
¿El porno como causa?
Entre las posibles explicaciones del aumento, la Fiscalía apunta a varios factores: falta de educación afectivo-sexual, consumo de alcohol u otras drogas, y sobre todo acceso temprano a pornografía sin mediación educativa. Según el informe, la pornografía estaría inspirando conductas en adolescentes, trivializando la violencia sexual y moldeando percepciones erróneas sobre las relaciones consentidas.
Los datos citados son contundentes: el 54,1% de los adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus experiencias sexuales, y el 47,4% de quienes consumen porno con frecuencia han intentado reproducir escenas vistas en pantalla.
Debate académico: ¿es el porno el culpable?
La hipótesis de la Fiscalía, sin embargo, no es compartida por buena parte de la comunidad científica. Un estudio internacional de 2023, elaborado por el criminólogo Richard Hartley y el psicólogo Chris Ferguson, concluyó que no existen evidencias sólidas que vinculen directamente el consumo de pornografía con un aumento de la violencia sexual.
Al contrario, los autores sostienen que en sociedades donde se ha normalizado el acceso a contenidos pornográficos, las tasas de violación y violencia de género tienden a disminuir.
Una cuestión de narrativas
La controversia refleja, en última instancia, cómo la estadística se ha convertido en un terreno de disputa política. El Gobierno defiende que los nacionales cometen más delitos en números absolutos; la oposición replica que los extranjeros delinquen proporcionalmente más. En medio, la Fiscalía subraya que el incremento de agresiones responde, en gran parte, a cambios legales y de registro, mientras que la explicación de las causas permanece abierta al debate académico y social.
Lo indiscutible es que la violencia sexual se ha convertido en un problema creciente y de gran sensibilidad social, cuyo abordaje exige rigor estadístico, transparencia institucional y un esfuerzo conjunto para apoyar a las víctimas y prevenir conductas de riesgo entre los jóvenes.
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