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El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado la solicitud de Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, y ha decidido aplazar una semana su declaración en la investigación por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, cometido en enero de 1995. El exdirigente etarra está procesado por su presunta implicación en la preparación del atentado.
La comparecencia estaba prevista para el 10 de septiembre, pero finalmente se celebrará el día 17 a las 13.00 horas y por vía telemática desde San Sebastián. La decisión figura en una providencia fechada este jueves, donde el juez deja sin efecto la primera citación y atiende la petición formulada por la defensa.
El aplazamiento fue solicitado aludiendo que Antza tenía programadas unas vacaciones en Mallorca, con billetes y reservas hechas desde hace meses. Su abogado aportó la documentación correspondiente y reclamó que la diligencia se retrasase unos días, propuesta que el instructor terminó aceptando.
La declaración del antiguo jefe de ETA estaba enmarcada en una batería de comparecencias en las que también debían intervenir Ignacio Gracia, conocido como ‘Iñaki de Rentería’, y Juan Luis Aguirre, alias ‘Insuntza’, igualmente acusados de haber participado en la estrategia que culminó con el asesinato de Ordóñez en un bar de San Sebastián.
El procedimiento judicial, abierto contra varios históricos de la banda, incluye asimismo a Julián Achurra, ‘Pototo’, y a José Javier Arizcuren, ‘Kantauri’. Todos ellos afrontan cargos por delitos de asesinato terrorista y atentado. En enero de 2025 el juez acordó ampliar seis meses la instrucción, hasta comienzos de 2026, con el objetivo de poder llevar a cabo diligencias como estas declaraciones.
En el sumario figuran testimonios clave, entre ellos el del propio Valentín Lasarte, autor material del crimen, que señaló que la orden partió del aparato directivo de ETA en Francia y se transmitió después al comando Donosti. También constan aportaciones de testigos protegidos que apuntan a la participación directa de la cúpula en la decisión de acabar con la vida del edil popular.
La asociación Dignidad y Justicia, personada como acusación popular, ha recordado que este es ya el cuarto gran proceso contra la dirección de ETA por atentados de los años noventa, después de los casos de Miguel Ángel Blanco, la masacre de Santa Pola y el asesinato de Francisco Arratibel.
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