En los documentos analizados se menciona una cuenta terminada en “1505029”, utilizada para recibir las aportaciones, pero no existe constancia pública de un acta notarial ni de los extractos bancarios que certifiquen la transferencia final
Investigacion Judicial22 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
En mayo de 2020, en pleno confinamiento y con el país paralizado por la crisis sanitaria, el Partido Socialista Obrero Español anunció un gesto solidario: una donación de un millón de euros al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para apoyar proyectos de investigación contra el coronavirus.
La iniciativa fue aprobada oficialmente el 11 de mayo de 2020 y llevaba las firmas de tres de los principales dirigentes socialistas del momento: José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y figura clave del Gobierno; Santos Cerdán, secretario de Organización; y Mariano Moreno Pavón, gerente y responsable de la tesorería del partido.
Cinco años después, esa misma donación ha pasado a ser objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que la ha incorporado a las diligencias abiertas sobre la presunta trama de corrupción vinculada a los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia.
La información y documentación a la que ha tenido acceso El Debate apunta a que los agentes intentan reconstruir el recorrido del dinero y determinar si la operación, presentada como altruista, encubrió un movimiento de fondos de origen no declarado.
Una colecta relámpago bajo control de Ferraz
El PSOE presentó públicamente la donación como una “aportación colectiva” de militantes y cargos públicos.
Según la versión oficial, las aportaciones individuales fueron canalizadas a través de una cuenta de donaciones abierta por la dirección federal, y el partido completó la cifra simbólica del millón de euros.
El proceso de recaudación se desarrolló en apenas cinco semanas, coincidiendo con las fases más críticas de la pandemia.
Detrás de esa operación figuraban tres firmantes con control directo sobre la tesorería del partido.
Ábalos, como secretario de Organización hasta 2017 y ministro en activo, mantenía influencia sobre el aparato financiero; Cerdán coordinaba las aportaciones; y Moreno Pavón era quien autorizaba y registraba las transacciones internas.
La rapidez de la recaudación, la falta de transparencia sobre los donantes y la ausencia de registros públicos completos son ahora objetos de especial interés para la Guardia Civil.
El dinero y su rastro: la gran incógnita
Los investigadores trabajan con una hipótesis clara: seguir el rastro bancario del millón de euros.
Quieren comprobar de qué cuentas salió, qué entidad gestionó la transferencia y si el dinero fue efectivamente ingresado en el Instituto Carlos III.
En los documentos analizados se menciona una cuenta terminada en “1505029”, utilizada para recibir las aportaciones, pero no existe constancia pública de un acta notarial ni de los extractos bancarios que certifiquen la transferencia final, pese a que Ferraz aseguró en su momento que la operación fue “verificada ante notario”.
La UCO considera significativa la coincidencia temporal entre esa donación y el auge de las adjudicaciones exprés de material sanitario, muchas de ellas investigadas hoy por supuestas irregularidades y sobrecostes.
El Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, participó en la evaluación de proveedores y proyectos financiados con fondos de emergencia, lo que abre la posibilidad —aún sin confirmar— de que parte de los fondos donados pudiera retornar, directa o indirectamente, al entorno del partido a través de contratos o subvenciones.
El papel del tesorero y los pagos en metálico
La figura del exgerente Mariano Moreno Pavón se perfila como clave en la investigación.
Los informes policiales remitidos al Tribunal Supremo lo describen como el responsable de controlar las entradas y salidas de dinero en Ferraz, incluyendo movimientos en efectivo.
Según fuentes próximas a la causa, Pavón habría autorizado entregas en metálico destinadas al exministro Ábalos y a su asesor Koldo García, actualmente en prisión preventiva por la denominada “trama Koldo”.
El juez Leopoldo Puente, instructor de la causa, ha citado a Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE para que declaren sobre los pagos en sobres y las operaciones que no aparecen justificadas en la contabilidad oficial.
La coincidencia entre esas fechas y la donación al Instituto Carlos III ha llevado a los agentes a buscar vínculos entre ambos flujos de dinero.
Las deducciones fiscales: un incentivo añadido
Otro aspecto bajo escrutinio es el tratamiento fiscal de las donaciones.
El PSOE comunicó internamente que “todas las donaciones desgravan” y pidió a los militantes aportar su DNI y domicilio para aplicar la deducción correspondiente.
Para la UCO, este punto es relevante porque permitiría otorgar apariencia de legalidad a fondos opacos, al tiempo que el partido obtenía un doble beneficio: blanquear dinero de procedencia desconocida y permitir deducciones fiscales a quienes figuraran como donantes.
Hasta el momento, el partido no ha publicado el listado de aportaciones individuales ni el desglose completo de las cantidades recaudadas, lo que dificulta la verificación del origen real del dinero.
Silencio en Ferraz y defensas cruzadas
Desde la dirección socialista se insiste en que todas las operaciones financieras del partido están auditadas y declaradas ante el Tribunal de Cuentas, y que no existe indicio alguno de financiación ilegal.
Ferraz sostiene que la investigación de la UCO no ha hallado pruebas directas de delitos de blanqueo o malversación.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre la documentación bancaria y la negativa a exhibir los justificantes de la transferencia mantienen abiertas las sospechas.
El silencio oficial contrasta con la magnitud de un gesto que, en su momento, fue presentado como un ejemplo de compromiso social.
El PSOE difundió entonces comunicados en los que celebraba la “solidaridad de sus militantes” y la “aportación responsable del partido a la ciencia española”.
Cinco años más tarde, esa misma operación podría convertirse en una pieza central de una investigación judicial que amenaza con ampliar el caso Koldo.
Un contexto plagado de sombras
El examen de la donación se produce en un clima político marcado por los escándalos financieros que afectan al entorno de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Ambos dirigentes aparecen mencionados en los informes de la UCO por su presunta implicación en el manejo de fondos del partido y su relación con intermediarios que obtuvieron contratos públicos durante la pandemia.
La investigación ha revelado además gastos no justificados por decenas de miles de euros en las cuentas personales de Ábalos y pagos en metálico a miembros de la estructura de Ferraz, movimientos que el PSOE atribuye a “liquidaciones de gastos ordinarios”.
Para la Guardia Civil, sin embargo, el patrón de opacidad y la simultaneidad de operaciones apuntan a un entramado más amplio de financiación irregular.
La pieza que puede alterar el caso
La donación al Instituto Carlos III se perfila como una de las piezas clave de la investigación judicial.
Si la UCO logra demostrar que el dinero no procedía íntegramente de aportaciones de militantes o que parte de los fondos regresó al entorno del partido, el caso podría extenderse al núcleo financiero del PSOE.
Por ahora, los investigadores mantienen una premisa: seguir el dinero hasta el final.
La aparente donación solidaria podría revelar el uso de mecanismos de recaudación política para encubrir flujos económicos opacos, aprovechando la confusión y urgencia que caracterizaron la gestión de la pandemia.
La cita judicial de Mariano Moreno Pavón y los nuevos requerimientos de información a entidades bancarias prometen arrojar luz sobre una operación que, más allá del simbolismo del millón de euros, pone en cuestión la transparencia y la rendición de cuentas del principal partido del Gobierno.
A falta de respuestas concluyentes, la pregunta central sigue siendo la misma que se hacen los investigadores:
¿fue realmente una donación solidaria o el vehículo perfecto para lavar el dinero de la pandemia?
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