Impacto España Noticias
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años y un mes de prisión a Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía durante gobiernos socialistas, por su papel en las ayudas a catorce extrabajadores de Fertiberia.
La resolución lo declara culpable de malversación de fondos públicos y de prevaricación, imponiéndole además una inhabilitación para cargo público de diez años y un mes y la obligación de reintegrar a la administración autonómica 682.598,50 euros.
El fallo precisa que Rivera firmó en 2010 varias órdenes de pago —70.852,96 y 464.863,22 euros— destinadas a pólizas de seguros vinculadas al expediente de regulación de empleo de Fertiberia, pese a que carecía de competencia delegada para hacerlo y sin que existiera el procedimiento administrativo exigido. Los jueces destacan que en la concesión de esas ayudas se omitió por completo la tramitación legal: no hubo convocatoria pública, ni fiscalización previa, ni justificación de excepcionalidad.
Los magistrados subrayan que Rivera era consciente de la ausencia de expediente formal y de base normativa para la concesión de las subvenciones, y aun así autorizó los desembolsos con cargo a fondos de la Junta. Por ese motivo, concluyen que su conducta encaja en los delitos imputados, al haber intervenido de forma directa en el desvío de dinero público.
El caso se remonta a octubre de 2003, cuando Fertiberia presentó un ERE para la extinción de 166 puestos de trabajo. El expediente fue aprobado en diciembre de ese mismo año, y los empleados podían elegir entre cobrar indemnizaciones o acceder a prejubilaciones mediante pólizas de seguros. El entonces director general Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020, autorizó inicialmente pólizas con Vitalicio Seguros, comprometiendo a la administración andaluza a más de 1,9 millones de euros.
La resolución judicial absuelve, sin embargo, al exdirigente sindical de CC. OO. Juan Antonio Florido y al propio sindicato, que figuraban como responsables civiles subsidiarios. Según la sentencia, no ha quedado probado que Florido participara de forma decisiva en la tramitación de las ayudas ni que su intervención fuera determinante para la concesión de las pólizas.
La sentencia incorpora además un voto particular de uno de los magistrados, que sostiene que Rivera debía haber sido exonerado. A su juicio, los beneficiarios de las ayudas eran trabajadores reales de Fertiberia que habían aportado sus indemnizaciones para las pólizas, lo que, según este juez, establecía una relación funcional y cronológica que excluía la tipificación penal.
La decisión no es definitiva y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre la condena impuesta al ex alto cargo andaluz.
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