Este plan, financiado por el Govern, contempla la contratación de inmigrantes en situación administrativa irregular que, tras obtener un contrato de un año, puedan iniciar el proceso de regularización de su residencia en España
Inmigración Ilegal18 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
El Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona) será uno de los beneficiarios de las subvenciones de la Generalitat de Cataluña para la implementación de la línea ACOL, enmarcada en el programa Trabajo y Formación. Este plan, financiado por el Govern, contempla la contratación de inmigrantes en situación administrativa irregular que, tras obtener un contrato de un año, puedan iniciar el proceso de regularización de su residencia en España.
El objetivo declarado por la administración catalana es facilitar la inserción laboral y social de personas extranjeras que ya viven en municipios de Cataluña. Entre los criterios que se tendrán en cuenta se encuentran la vinculación con el municipio y el tiempo de permanencia en el mismo.
Reacción política en el Ayuntamiento
La medida ha generado un fuerte debate político en Cubelles. VOX, a través de su portavoz local, Jorge Mena, ha presentado una moción en el consistorio con la intención de frenar la iniciativa. El partido considera que se trata de una política “discriminatoria” hacia los trabajadores nacionales y ha anunciado que llevará esta oposición a todos los niveles institucionales.
“Este programa no responde a las necesidades reales de los vecinos de Cubelles. Hay centenares de personas en paro que deberían ser la prioridad”, señaló Mena, quien pidió que se dé marcha atrás en la aceptación de estas subvenciones.
El rechazo del sindicato Solidaridad
En la misma línea, el sindicato Solidaridad —vinculado a VOX— ha mostrado su rechazo frontal al plan. Su secretario general, Jordi de la Fuente, declaró ante los medios que “esto es un atropello a aquellos españoles y catalanes en paro”, añadiendo que la decisión “revienta el principio de mérito y de capacidad”.
De la Fuente también criticó la falta de transparencia en torno a los criterios de selección: “Van a contratar a personas que no tenemos ni idea de cuánto llevan aquí y que no tienen arraigo alguno. Es un disparate. La casta política premia al último que llega contra los trabajadores españoles”.
El dirigente sindical confirmó que Solidaridad trabajará conjuntamente con VOX en el Parlament y en el Congreso para frenar lo que califican como una medida “suicida e injusta”. Además, aseguró que se estudiarán “todas las vías jurídicas” posibles para impedir la aplicación del programa en Cubelles y en el resto de municipios catalanes.
Contexto del programa ACOL
La línea ACOL forma parte del programa Trabajo y Formación impulsado por el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Desde hace años, la Generalitat destina fondos a entidades locales y del tercer sector para facilitar la contratación de inmigrantes sin papeles, con la finalidad de que puedan acceder a un empleo estable y, de este modo, tramitar su arraigo laboral.
Según datos de la propia administración catalana, cientos de personas han logrado regularizar su situación gracias a este programa desde su puesta en marcha. No obstante, partidos como VOX y sindicatos como Solidaridad insisten en que esta política genera un “efecto llamada” y supone un agravio para los desempleados nacionales.
Un debate abierto en la localidad
La decisión del Ayuntamiento de Cubelles de participar en este plan ha abierto un intenso debate en la localidad. Mientras que el consistorio defiende que se trata de una oportunidad para fomentar la cohesión social y dar una salida laboral a personas que ya forman parte del municipio, la oposición encabezada por VOX insiste en que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a los vecinos españoles en situación de desempleo.
El pleno municipal tendrá que debatir en las próximas semanas la moción presentada por VOX. La votación determinará si el Ayuntamiento continúa adelante con la aceptación de las subvenciones o si, por el contrario, se desmarca de este programa impulsado por la Generalitat.
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