El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, cuenta ya con este informe pericial que descarta manipulaciones en las conversaciones, según expone en la resolución en la que ha acordado mantener en prisión provisional a Cerdán
Investigacion Judicial19 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
La Guardia Civil ha certificado que los audios de grabados por Koldo García, el ex asesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, que incriminan a ambos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública son auténticos.
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, cuenta ya con este informe pericial que descarta manipulaciones en las conversaciones, según expone en la resolución en la que ha acordado mantener en prisión provisional a Cerdán, rechazando su última petición en este sentido, al considerar que el riesgo de que destruya pruebas o manipule testigos persiste.
Puente desmonta en su resolución cada uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Cerdán para salir de la prisión de Soto del Real, en Madrid, donde ingresó el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El instructor recuerda que en dichos audios, que recogen «sucesivas conversaciones con otros investigados en esta causa, el propio Cerdán vendría a reconocer de forma ciertamente explícita no sólo el cobro de comisiones vinculadas a la adjudicación de determinadas obras públicas», sino «también haber satisfecho parte de las mismas a otros investigados, así como expresando el compromiso de reclamar para ellos ciertas cantidades todavía pendientes de cobro».
Sin embargo, para Cerdán, estas grabaciones obedecen al supuesto «papel de agente encubierto o agente provocador» que su defensa a atribuye a García, según expone el magistrado, quien concluye que esta hipótesis carece del más mínimo apoyo indiciario.
El magistrado señala que incluso si Koldo se hubiera concertado con los agentes, «tampoco parece particularmente razonable que el propio García se auto-atribuyese también en los referidos audios una destacada participación en los hechos aparentemente delictivos que resultan de las conversaciones».
«Igualmente, no parece fácil entender que Koldo actuara, como los demás miembros de la presunta trama, animado por la supuesta repulsión que le produciría la actuación política de quien era, desde muchos años antes, su compañero de partido», añade.
Sobre esto, puntualiza que, «precisamente, la relación personal entre los señores García y Cerdán data de muchos años antes, sin que termine de comprenderse si, desde primera hora, ya habría actuado Koldo García con el criminal propósito que se le atribuye, o si éste, por alguna razón que también se desconoce y cualquiera que fuese su naturaleza, habría surgido después».
Añade que «tampoco se corresponde fácilmente esa pretendida y maliciosa actividad falsamente incriminatoria con la circunstancia de que, al menos hasta este momento, Koldo García haya resuelto no ofrecer explicación alguna acerca de los archivos de audios hallados en su vivienda».
Ni el más mínimo indicio
Y concluye que «no existe en este momento el más mínimo indicio» de que las citadas grabaciones se realizaran «con el deliberado e inmediato propósito de confeccionar una prueba contra el investigado».
El magistrado indica que la defensa de Cerdán «parece sostener que los archivos de audio no se corresponderían con ninguna conversación real». Un extremo que «también parece quedar desvirtuado por el contenido del informe pericial efectuado y aportado a la causa recientemente», combate Puente, señalando que , según el informe pericial, «no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos» en relación con los audios objeto de estudio.
De todas formas, incide en que «no son los referidos archivos de audio los únicos indicios» contra Cerdán, aludiendo a los chats de WhatsApp y al contrato privado por el que el ex número tres del PSOE adquirió el 45% de una empresa, Servinabar, que se benefició de la adjudicación de obra pública.
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