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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han vuelto a poner el foco en la actuación de la Agencia Tributaria (AEAT), a la que acusan de incumplir de forma reiterada la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Según recuerdan, esta norma obliga al Gobierno a reforzar la plantilla del organismo hasta equipararla con la media de la Unión Europea —lo que supondría un incremento de alrededor del 40% en el número de empleados— y a contar con expertos independientes para medir con mayor precisión la economía sumergida en España.
Falta de recursos y desplome de denuncias
Gestha denuncia que, a pesar de representar el 83,7% de los funcionarios del grupo A en la AEAT, este cuerpo apenas es aprovechado en la lucha contra los delitos contra la Hacienda Pública. La consecuencia, según sus datos, ha sido un desplome del 85% en las denuncias por delitos fiscales hasta 2022.
Desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, se argumenta que la reducción responde a una caída en la comisión de delitos fiscales. Sin embargo, los Técnicos sostienen que esta explicación es engañosa: lo que realmente ocurre es que se investigan menos fraudes sofisticados y de gran envergadura. Como prueba, señalan que el importe de las cuotas tributarias defraudadas apenas ha caído un 9,8%, lo que sugiere que se sigue defraudando, pero se denuncia menos.
Resultados cuestionados y “marketing institucional”
La crítica de Gestha se extiende también a la forma en la que la Agencia Tributaria comunica sus resultados. Denuncian que cada año se presentan cifras parciales que transmiten una imagen de eficacia, cuando en realidad se oculta la debilidad de la actuación global.
En la última presentación, la AEAT informó de haber alcanzado en 2024 un total de 18.928 millones de euros en actuaciones de control tributario, frente a los 17.274 millones de 2020. Si bien la cifra supone un incremento, Gestha recuerda que en 2020 los resultados se lograron en condiciones excepcionales: confinamiento, ausencia de inspecciones presenciales y teletrabajo de gran parte de la plantilla. De hecho, han tenido que pasar cuatro años para superar esos registros, lo que refleja un avance muy limitado.
Cambios en 2025 y nuevas competencias
Consciente de estas limitaciones, la Agencia Tributaria decidió en abril de 2025 ampliar las competencias de los técnicos de inspección, que ahora podrán investigar a empresas con un volumen de operaciones de hasta 10 millones de euros. Se trata de una actualización largamente reclamada, ya que el umbral llevaba sin revisarse desde 2014, a pesar de la inflación acumulada y del crecimiento de las empresas en la última década.
Para Gestha, este cambio abre la puerta a mejorar los resultados en los próximos ejercicios, pero advierten de que no será suficiente si no se extiende a otras áreas clave como Gestión, Aduanas y Recaudación. De hecho, uno de los principales problemas detectados es la elevada deuda pendiente con la Hacienda Pública, que a cierre de 2024 alcanzaba los 48.797 millones de euros, un 16% más que el año anterior.
Una llamada de atención
En resumen, los Técnicos de Hacienda consideran que España sigue lejos de los estándares europeos en materia de lucha contra el fraude fiscal. El estancamiento en la plantilla, la falta de actualización de competencias y la caída drástica en las denuncias por delitos fiscales son, en su opinión, señales de una estrategia que favorece la presentación de logros parciales por encima de un enfoque integral y sostenido.
Mientras tanto, los grandes fraudes complejos continúan suponiendo un desafío para la administración tributaria, con un coste millonario para las arcas públicas. Gestha insiste en que sin una dotación adecuada de recursos humanos y técnicos, España difícilmente podrá cerrar la brecha con sus socios europeos ni responder con eficacia al reto del fraude fiscal en un contexto de creciente sofisticación empresarial.
El hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal mientras cobra de la Diputación de Badajoz
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, trabaja desde hace años en la Diputación de Badajoz dentro del área cultural. Sin embargo, según la información conocida en los últimos meses, figura como residente fiscal en Portugal, lo que le permite tributar allí y acogerse a una fiscalidad más favorable.
La situación ha generado polémica, ya que percibe un salario público español mientras declara sus impuestos en el país vecino. No obstante, la Agencia Tributaria ha confirmado que esta práctica se ajusta a la legalidad vigente, amparada en los convenios de doble imposición entre España y Portugal.
Aunque Hacienda no aprecia delito fiscal, el caso ha abierto un debate político y ético sobre la conveniencia de que un cargo remunerado con fondos públicos tribute fuera de España, así como sobre la transparencia de su contratación en la administración provincial.
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