Impacto España Noticias
La figura de Leire Díez, conocida por presentarse como “periodista de investigación”, se ha convertido en el eje de una investigación judicial que amenaza con salpicar a históricos dirigentes socialistas. El Partido Popular ha puesto ahora la lupa sobre Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, cuya consultora habría tenido un papel relevante en la financiación de actividades atribuidas a Díez.
El escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid va más allá de señalar vínculos circunstanciales: reclama la imputación de Zarrías, el registro de su empresa y la recopilación de documentación que aclare las relaciones económicas entre la consultora y la investigada.
La consultora de Zarrías bajo sospecha
La empresa Zaño Sociedad Consultora, S.L., administrada por Zarrías, aparece en el centro de las sospechas. El Partido Popular asegura que la mercantil contrató a Díez entre junio y octubre de 2024, en el mismo periodo en el que —según defienden— comenzaron a ponerse en marcha las denominadas “cloacas del PSOE”.
Durante esos meses, la investigada habría mantenido reuniones orientadas a obtener información comprometedora sobre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y varios miembros del Ministerio Fiscal. Para el PP, no existen pruebas de que los servicios por los que Díez fue remunerada respondieran a labores reales de consultoría.
Los nexos dentro del partido
El escrito popular no se limita a señalar a Zarrías. También menciona a Ana Isabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, quien trabajó previamente en la misma consultora. El detalle no es menor: para los populares, la trayectoria de Mateos demuestra que la empresa seguía estrechamente ligada a las estructuras del partido.
“Mientras la Sra. Díez Castro percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedentes de una sociedad administrada por un exdirigente del PSOE, se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento”, señala el PP en su argumentación.
Conexión con el ‘caso Koldo’
Las sospechas se amplían con un nombre ya conocido en la crónica judicial: José Ruz, administrador de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción. Según consta, en 2022 abonó 36.300 euros a la consultora de Zarrías.
Ruz está imputado en el caso Koldo, causa en la que se investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de la manipulación de contratos de obra pública. El PP sostiene que este vínculo añade un nuevo nivel de gravedad al entramado, al conectar la empresa de Zarrías con una de las tramas más mediáticas de los últimos años.
Las exigencias del PP al juez
El escrito presentado solicita medidas concretas para profundizar en la investigación:
Imputar a Gaspar Zarrías, en calidad de administrador de la sociedad sospechosa.
Registrar la sede de Zaño Sociedad Consultora, S.L., en busca de pruebas documentales.
Aportar contratos y correos electrónicos relacionados con los servicios de Leire Díez.
Citar como testigo a José Ruz, para esclarecer el motivo de los pagos a la consultora.
Escenario abierto
El caso avanza con una narrativa cada vez más compleja, donde se entrecruzan antiguos dirigentes socialistas, empresas privadas y empresarios investigados en causas paralelas. Para el Partido Popular, se trata de una red de relaciones que no puede entenderse como hechos aislados, sino como piezas de un engranaje político y financiero con epicentro en el PSOE.
El futuro de la investigación dependerá de la decisión judicial sobre las diligencias solicitadas. Si se acepta la imputación de Zarrías y se registran las oficinas de su consultora, el caso podría dar un salto cualitativo y ampliar el alcance de las responsabilidades.
Mientras tanto, el nombre de Leire Díez sigue en el centro del huracán, como punto de conexión entre viejas glorias del socialismo andaluz, estructuras orgánicas del partido y las ramificaciones del caso Koldo.
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