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María Abad, abogada que ha decidido presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), reclama investigar 519 expedientes de pagos de premios por 14,79 millones de euros con documentación ausente o incompleta. La letrada pide reconstruir el recorrido de esas cantidades y denuncia, en paralelo, que el Gobierno está debilitando a las administraciones de lotería independientes. «Huele a blanqueo de capitales», sostiene.
En declaraciones, Abad explica que sus solicitudes de información han desembocado en una ampliación de su denuncia (que la Fiscalía intentó archivar), acompañada de un anexo económico sobre los ejercicios de 2023, 2024 y 2025. Su reclamación busca que se contrasten los registros de la sociedad estatal con los documentos de los bancos pagadores y las comprobaciones efectuadas por los auditores.
Los expedientes señalados figuran en el informe de seguimiento aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 29 de octubre. El desglose resulta relevante: 341 carecían de documentación justificativa, por un importe de 5.736.322,08 euros, mientras que otros 178, correspondientes a 9.054.492,17 euros, la tenían incompleta. La suma asciende a 14.790.814,25 euros.
Esas incidencias reflejan la situación existente el 18 de junio de 2026. Por eso, la ampliación solicita actualizar cada expediente y conocer qué justificantes se han recuperado, qué deficiencias siguen pendientes y quién autorizó su subsanación. Abad también pide distinguir entre la ausencia del décimo o resguardo, los problemas de identificación del perceptor y la falta de remisión de un documento que pudiera conservar el banco.
La letrada reclama que las entidades financieras respondan directamente al órgano competente, con información suficiente para relacionar cada premio con su autorización, su beneficiario y el instrumento utilizado para abonarlo. La documentación solicitada incluye fechas, importes, retenciones, referencias bancarias y los soportes exigidos para justificar el cobro. Su objetivo es comprobar que el pago se correspondía con un premio válido y un destinatario legitimado.
La denuncia alcanza asimismo a las decisiones de SELAE sobre la reclamación de cantidades a los bancos. El Tribunal considera que los contratos permiten exigir la devolución de pagos cuya documentación no se haya entregado y reprocha que la sociedad no haya ejercido esa facultad en los expedientes cuestionados. La empresa sostiene una interpretación diferente: entiende que la devolución procede cuando existen indicios de que el abono pudo ser indebido.
Otra de las líneas que plantea Abad afecta a los resguardos de apuestas anuladas. Solicita conservar y examinar los registros que permitan seguir cada operación desde su validación o cancelación hasta su eventual liquidación. El escrito separa expresamente esta cuestión de los 519 expedientes: cualquier conexión entre ambas debe acreditarse mediante documentos y registros concretos.
La abogada también solicita revisar los trabajos de auditoría sobre premios, cuentas bancarias y cantidades caducadas. Quiere conocer qué expedientes se examinaron, qué pruebas se aceptaron cuando faltaban justificantes y qué deficiencias se comunicaron a los responsables de Loterías. El anexo reconoce que todavía no ha accedido a los extractos, justificantes individuales ni papeles de trabajo necesarios para realizar una comprobación completa.
Los 14,79 millones tampoco deben confundirse con los 3.539 millones en «premios no repartidos» sobre los que la comisión parlamentaria reclamó explicaciones a SELAE. Esta última cifra corresponde a una petición distinta, cuya metodología cuestiona la empresa. El Tribunal mantiene incumplida la solicitud de respuesta, pero esa circunstancia no acredita por sí sola la desaparición de semejante cantidad.
El segundo frente de las críticas de María se dirige al futuro de las administraciones integrales: los establecimientos dedicados exclusivamente a comercializar los juegos del Estado. Abad acusa al Gobierno de favorecer una evolución comercial que deteriora la posición de esos negocios y aumenta su dependencia de las decisiones de la sociedad estatal para tener más control.
La denunciante cuestiona especialmente la promoción de la venta por terminal en los puntos mixtos, que combinan la comercialización de loterías con otras actividades, como papelerías, estancos o comercios de barrio. Según sostiene, esa estrategia reduce la ventaja comercial de las administraciones tradicionales y amenaza la continuidad de quienes dependen exclusivamente de las comisiones de los juegos de SELAE.
Su preocupación se extiende al control de las operaciones. A juicio de Abad, los vendedores necesitan disponer de información que les permita contrastar las liquidaciones y verificar las apuestas, anulaciones y premios vinculados a su actividad. Reclama que el peso de los sistemas centralizados no deje a los titulares de los establecimientos sin capacidad efectiva de comprobación.
El informe del Tribunal de Cuentas también reconoce mejoras en la gestión: las incidencias documentales descendieron del 7,84% de los expedientes al 0,31% entre los periodos comparados. La ampliación presentada por la letrada pide determinar, mediante el examen individual de los pagos pendientes de justificar, qué irregularidades subsisten y qué responsabilidades podrían derivarse de ellas.
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