El Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa insólita: invitar a sus propios trabajadores a acoger en sus casas a jóvenes inmigrantes tutelados o extutelados de entre 18 y 23 años, durante al menos nueve meses
Inmigración Ilegal23 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
Nueva polémica en Barcelona. El Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa insólita: invitar a sus propios trabajadores a acoger en sus casas a jóvenes inmigrantes tutelados o extutelados de entre 18 y 23 años, durante al menos nueve meses.
La propuesta, bautizada como programa Acull (Acoge) y gestionada por la entidad Punt de Referència, cuenta con el respaldo de la Gerencia de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad del consistorio. El objetivo oficial: “crear lazos” y ofrecerles un “espacio seguro” desde el que preparar su emancipación.
Qué se exige a los funcionarios
El compromiso para los empleados municipales no es menor:
Disponer de una habitación libre.
Garantizar “una convivencia respetuosa”.
Dedicar tiempo diario de conversación con los jóvenes.
Mantener la convivencia durante un mínimo de nueve meses.
A cambio, la ONG responsable promete asesoramiento técnico y un respaldo económico parcial para la manutención.
Una carga que recae en los ciudadanos
La medida llega en un momento en el que las políticas migratorias del Ayuntamiento de Barcelona ya generan fuerte rechazo. Críticos denuncian que esta iniciativa no es más que una externalización encubierta de responsabilidades estatales, trasladando la carga de la integración directamente a los propios ciudadanos… en este caso, a los funcionarios del consistorio.
ZerosetBCN, detrás del proyecto
El comunicado fue enviado por ZerosetBCN, una asociación de empleados municipales financiada con aportaciones de nómina. Desde el año 2000, esta plataforma impulsa proyectos de cooperación en los que, según denuncian sus detractores, se prioriza la solidaridad con inmigrantes antes que la atención a los problemas reales de los vecinos de Barcelona.
El resultado: mientras miles de barceloneses sufren alquileres imposibles, inseguridad en sus barrios y listas de espera en la sanidad, el Ayuntamiento convierte a sus empleados en familias de acogida improvisadas para suplir lo que debería ser política social del Estado.
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