Impacto España Noticias
El reciente movimiento del juez Juan Carlos Peinado, querellándose contra el ministro del Interior por injurias y calumnias, no es un episodio aislado ni anecdótico. Se trata de un síntoma grave de la deriva de un Gobierno que ha optado por colocar a los tribunales en el centro de la confrontación política, no ya como árbitros imparciales del Estado de derecho, sino como enemigos a neutralizar cuando las investigaciones afectan al partido en el poder.
El ataque constante a la independencia judicial
Las palabras de Fernando Grande-Marlaska contra la instrucción del caso Begoña Gómez, calificándola de “errática” y “poco solvente”, representan un paso más en la campaña de descrédito que miembros del Ejecutivo llevan tiempo lanzando contra jueces que se atreven a investigar posibles delitos en el entorno socialista. No es un hecho aislado: lo hemos visto en cada ocasión en que un magistrado, aplicando la ley, pone bajo la lupa la conducta de cargos o allegados del partido gubernamental.
El mensaje es nítido: cuando la Justicia investiga a los adversarios, se aplaude su firmeza; cuando lo hace sobre los propios, se convierte en una maquinaria “prospectiva”, arbitraria o politizada. Ese doble rasero no solo erosiona la confianza de los ciudadanos, sino que socava los cimientos de la separación de poderes.
Un ministro juez que conoce las reglas
Lo paradójico es que estas declaraciones procedan de alguien que fue juez y que conoce perfectamente las reglas del juego. Marlaska sabe que la crítica pública a resoluciones judiciales no puede convertirse en una campaña de descrédito personal contra un magistrado que, guste más o menos, está cumpliendo con su obligación de investigar. Y, sin embargo, ha optado por trasladar a la opinión pública la idea de que la instrucción es poco menos que un disparate jurídico.
Esa actitud, lejos de ser un mero gesto retórico, constituye un intento de presión sobre un juez en activo y un mensaje al resto de la carrera judicial: quien ose tocar al poder será sometido al escarnio público desde el propio Consejo de Ministros.
La estrategia de la intimidación
No estamos ante un incidente aislado, sino ante una estrategia calculada. Los ataques del Gobierno se enmarcan en un clima de hostilidad creciente hacia la Justicia cuando ésta pone en aprietos al Ejecutivo o a su entorno. Desde acusaciones de “lawfare” hasta campañas mediáticas que tildan de “fascistas” a jueces y fiscales, el objetivo es siempre el mismo: desacreditar al mensajero para desactivar el mensaje.
El juez Peinado ha decidido responder con una querella por injurias y calumnias. Reclama no solo una indemnización de 50.000 euros, sino una rectificación pública. El hecho de que un magistrado deba recurrir a este tipo de medidas frente a un ministro refleja hasta qué punto se ha traspasado la línea roja del respeto institucional.
El deterioro institucional
El caso abre un debate de fondo sobre el respeto a la división de poderes en España. No se trata de si el juez Peinado instruye mejor o peor, ni de si las imputaciones contra Begoña Gómez prosperarán. Lo esencial es que el poder político, cuando se siente amenazado, ha optado por dinamitar la credibilidad del poder judicial. Y cuando se erosiona la independencia judicial, todo el edificio democrático queda debilitado.
Resulta especialmente grave que la ofensiva provenga del propio ministro del Interior, responsable último de garantizar la seguridad de jueces y magistrados, así como del normal funcionamiento de la Justicia. El mensaje implícito es devastador: en lugar de proteger la independencia judicial, el ministro se erige en su principal adversario.
Un precedente peligroso
Si se normaliza que el Ejecutivo ataque personalmente a los jueces que instruyen causas incómodas, mañana cualquier gobierno, sea del signo que sea, podrá hacer lo mismo. El precedente es demoledor: convierte la Justicia en un campo de batalla más de la política partidista, donde los jueces pasan a ser vistos como actores que se pueden elogiar o denigrar según el interés del momento.
La democracia no puede permitirse ese lujo. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos frente a los abusos del poder.
El enfrentamiento abierto entre el juez Peinado y el ministro Marlaska no es un simple choque de egos. Es el reflejo de un Gobierno que ha decidido enfrentarse a la Justicia cuando esta pone en entredicho a su entorno. Cada ataque a un juez por el mero hecho de hacer su trabajo erosiona la legitimidad del sistema democrático y envía un mensaje inquietante: el poder político se considera por encima del control judicial.
La pregunta que queda en el aire es hasta cuándo tolerará la sociedad que quienes deberían defender la legalidad sean los primeros en socavarla.
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