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Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal denunció en en el transcurso de una de sus declaraciones voluntarias ante el entonces magistrado Manuel García-Castellón un entramado de presuntos pagos irregulares vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA que, según su versión, habría beneficiado a distintos actores políticos, jurídicos y empresariales tanto en España como en Europa.
En su comparecencia, el exjefe de la inteligencia militar chavista afirmó que el exjuez español Baltasar Garzón habría recibido cerca de diez millones de euros sin haber prestado servicio alguno a PDVSA, según ha adelantado El Debate. A su juicio, se trató de un pago injustificado, que calificó directamente como corrupción.
Carvajal sostuvo que estaba en condiciones de aportar documentación que respaldaría la presunta relación irregular entre el chavismo y Ilocad, la sociedad mercantil que da nombre al despacho de Garzón y de la que el exmagistrado figura como administrador único. Siempre según su testimonio, el montante total de las supuestas colaboraciones económicas alcanzaría los 8,8 millones de euros.
El exmilitar, que actualmente colabora con la Administración estadounidense y se encuentra a la espera de ser juzgado por narcotráfico, aseguró que este sistema de pagos no se limitó a un único beneficiario. En sus declaraciones incluyó a varios dirigentes españoles, entre ellos figuras vinculadas a la dirección fundacional de Podemos, como Juan Carlos Monedero, así como a históricos del socialismo español, entre ellos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos contactos con el régimen venezolano, según Carvajal, nunca habrían sido del todo transparentes.
De acuerdo con su relato, la red clientelar del chavismo se sustentaba en contratos ficticios de suministro de bienes y servicios, inflados con sobrecostes muy superiores al valor real de mercado y carentes de cualquier prestación efectiva. Los pagos derivados de estas operaciones, afirmó, se realizaban de manera sistemática en efectivo, lo que dificultaba su rastreo.
Carvajal añadió que el engranaje habría contado incluso con la colaboración de la embajada de Venezuela en Madrid. En este contexto, aportó datos que consideraba relevantes para la investigación penal sobre PDVSA instruida en la Audiencia Nacional por la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón.
Entre los casos señalados, destacó el del exembajador de Venezuela en España durante el mandato de Zapatero, Raúl Morodo. Según Carvajal, Morodo habría percibido hasta 30 millones de dólares mediante contratos irregulares con PDVSA una vez abandonada la representación diplomática.
El exembajador fue posteriormente condenado por blanqueo de capitales procedentes de la petrolera venezolana, en una causa que también implicó a su hijo Alejo Morodo. La investigación judicial acreditó la existencia de supuestos contratos simulados de asesoría legal firmados entre 2012 y 2015, así como la utilización de una red de sociedades interconectadas para canalizar y ocultar los fondos, estructuras que habrían sido creadas por su esposa, Cristina Cañeque, su hijo y varios socios de origen venezolano.
Las declaraciones de ‘El Pollo’ Carvajal dibujan así un esquema de corrupción transnacional que, según su versión, habría servido al régimen chavista para tejer alianzas políticas e influencias en Europa a través del uso fraudulento de los recursos de PDVSA.
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