El magistrado traslada a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente Cristina Álvarez y al delegado Francisco Martínez que se sentarán en el banquillo ante un grupo de ciudadanos y cita a los tres en su juzgado este sábado por la tarde
Corrupción24 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado un paso determinante en la causa que afecta directamente al entorno más íntimo del presidente del Gobierno. Ha acordado que la esposa del jefe del Ejecutivo, su asistente en Moncloa y el Delegado del Gobierno en Madrid comparezcan ante un jurado popular, acusados de malversación de caudales públicos. La decisión supone un salto cualitativo en una investigación que lleva más de un año y medio abierta y que, lejos de disiparse, se ha ido reforzando con nuevas diligencias.
El juez no detalla en su auto qué hechos concretos atribuye a Begoña Gómez, pero sí considera que ya concurren los elementos mínimos de verosimilitud para llevar la causa a juicio. Tras las declaraciones de los investigados y la incorporación de correos electrónicos entre altos cargos universitarios y la asistente de la esposa del presidente, entiende que ha llegado el momento de dejar el procedimiento listo para su siguiente fase procesal.
De los recortes de prensa a la sala de vistas
La investigación comenzó de manera poco ortodoxa, a raíz de una denuncia apoyada en informaciones periodísticas y rumores. Sin embargo, lo que pudo parecer un simple globo político se ha ido convirtiendo en un sumario con ramificaciones diversas. Una de las principales líneas se centra en si la asistente de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, dedicó recursos públicos a tareas vinculadas a la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
En este contexto, el magistrado destaca los intercambios de correos electrónicos que habrían servido para gestionar cuestiones académicas y privadas al margen de las funciones propias de una asesora en la sede del Gobierno. Con estos indicios sobre la mesa, Peinado considera que ya no es posible hablar de meras conjeturas, sino de hechos que podrían encajar en un delito de malversación.
Un uso patrimonial del poder
Lo verdaderamente preocupante de este caso no es solo la figura de la esposa del presidente. Lo alarmante es la evidencia de cómo desde las más altas instancias del poder se han diluido las fronteras entre lo público y lo privado. La Moncloa, núcleo institucional del Estado, aparece como plataforma desde la cual se habrían desviado medios materiales y humanos para atender intereses particulares.
El hecho de que el juez cite también al Delegado del Gobierno en Madrid confirma la sospecha de que la red de favores y responsabilidades no se limita a una cuestión doméstica, sino que alcanza a responsables con competencias ejecutivas. Todo ello dibuja un escenario en el que las instituciones, lejos de blindarse frente a la corrupción, se ven instrumentalizadas para beneficio de un reducido círculo ligado al Partido Socialista.
La resistencia del poder político
El presidente ha intentado minimizar en todo momento el alcance del escándalo. Su entorno transmite la idea de una persecución sin fundamento, mientras se emplean todos los recursos a su alcance para desacreditar a los investigadores o retrasar las diligencias. La estrategia es clara: mantener a raya el impacto mediático y político hasta que las aguas bajen. Sin embargo, cada decisión judicial demuestra que la causa avanza y que los intentos de desacreditarla no logran detener el proceso.
Es particularmente revelador que la propia esposa del presidente, al declarar, reconociera haber encargado “pequeñas gestiones personales” a su asistente. Lo que para ella pudo ser un favor sin importancia, para la justicia es la prueba de que se utilizaron medios públicos para fines privados. Esa diferencia de percepción revela el desprecio de quienes gobiernan hacia las normas que deben regir la administración.
Instituciones debilitadas y justicia bajo presión
El caso no puede analizarse al margen del contexto institucional. Durante meses, se han visto intentos de influir en las decisiones judiciales, recursos constantes y un claro esfuerzo por blindar a determinados responsables políticos. El Tribunal Supremo, por ejemplo, se negó a extender las investigaciones al ministro de la Presidencia, a pesar de las conexiones que apuntaban en esa dirección. Se percibe un doble rasero: se protege al núcleo duro del Ejecutivo mientras se sacrifica a figuras periféricas.
La justicia, sometida a una enorme presión política y mediática, se convierte en un campo de batalla más. Y, sin embargo, es la única herramienta que queda para poner límites a un poder que tiende a confundirse con patrimonio personal y que entiende el Estado como un instrumento al servicio del partido en el Gobierno.
Un juicio con jurado: la prueba de fuego
El paso de enviar el caso al jurado popular añade un componente decisivo. Serán ciudadanos comunes quienes decidan si la esposa del presidente y sus colaboradores vulneraron la legalidad. El veredicto tendrá consecuencias no solo judiciales, sino también políticas, porque lo que está en juego no es únicamente la conducta de tres personas, sino la credibilidad del Ejecutivo en su conjunto.
Si se confirma la malversación, la sombra de la corrupción alcanzará de lleno al presidente, debilitando todavía más su legitimidad y desnudando su incapacidad para separar los intereses familiares de las responsabilidades de Estado. Si, en cambio, el jurado dicta una absolución, será inevitable pensar que se ha perdido una oportunidad para esclarecer por completo cómo se usan los recursos públicos en el corazón del Gobierno.
La deriva patrimonial del socialismo en el poder
Este caso no es una anécdota ni una exageración de la oposición. Refleja la degradación institucional que se produce cuando un Gobierno convierte las estructuras del Estado en un cortijo particular. La Moncloa se transforma en oficina privada, los cargos públicos en asistentes personales y los recursos de todos en herramientas de unos pocos.
Pedro Sánchez ha hecho de la confusión entre poder público e intereses privados una práctica habitual. Ahora, la justicia lo obliga a rendir cuentas a través de los suyos. La pregunta que queda es si la ciudadanía aceptará que el Estado siga siendo utilizado como una prolongación de las necesidades familiares y partidistas, o si, por el contrario, exigirá el fin de esta peligrosa deriva.
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